Trabajadores del Estado asediados y corridos por oponerse al régimen orteguista

El despido y los insultos los hizo el jefe delante de varios jefes de departamentos del distrito policial, dijo una de las denunciantes

La exteniente Maria Teófila Araúz, de 48 años , denunció ante la CPDH que le dieron baja deshonrosa por pensar diferente

Contrario a la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres que promueve públicamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dos mujeres fueron corridas de sus puestos de trabajo en el Ministerio de la Salud (Minsa) y la Policía Nacional, solo por expresar su descontento con las decisiones tomadas por el régimen en contra de los universitarios y la población en general.

A las autoridades del Minsa y de la Policía no les importó que las afectadas tienen hijos menores que dependen aún económicamente de ellas.

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La exteniente María Teófila Aráuz, de 48 años, ubicada en el Distrito Uno de la Policía Nacional en Managua, denunció que fue despedida el pasado 6 de mayo porque puso en su estado de WhatsApp en su celular personal el video de la canción “Que vivan los estudiantes” y comentó: “los mejores videos y el que más me inspira es el del 19 de abril duela a quien le duela…”

Jefe la humilló y le dio de baja

“Al siguiente día de haber puesto eso en mi estado de WhatsApp el comisionado Vladimir Cerda, jefe del Distrito Uno de la Policía, me mandó a llamar y me miró el celular en la bolsa de la camisa y me preguntó si estaba grabando y le enseñé que no, y luego empezó a insultarme, a humillarme, y me dijo: Usted no es una persona sandinista y por eso desde ahora deja de ser de la Policía, porque la Policía es sandinista. Me dijo que no tenía que andar diciendo nada en contra del Gobierno. Me dio de baja administrativa”, relató la afectada.

El despido y los insultos los hizo el jefe delante de varios jefes de departamentos del distrito policial, dijo la denunciante.

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La exteniente también denunció que el comisionado Cerda fue quien supuestamente “dio la orden de disparar contra los universitarios” el viernes 20 de abril en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Metrocentro, durante las protestas contra las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).

“Es el responsable de la mayoría de muertos que hubo en el Distrito Uno, Vladimir Cerda. Él permitió que un montón de delincuentes entraran a la Catedral y a la UNI y destruyeran, porque él no respeta nada, ni a la iglesia”, dijo Aráuz.

La mujer dada de baja agregó que ella tiene una hija en la universidad y no está de acuerdo con la represión que les hicieron. “Yo tengo libertad de pensamiento, una hija que está en la universidad, qué hago yo si me encuentro a mi hija del otro lado de la trinchera, llevando un vaso de agua a sus compañeros y me la van a matar. No estoy de acuerdo que los estudiantes estén muriendo”, aseguró.

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La exoficial también denunció que algunos compañeros policías querían renunciar por no estar de acuerdo con la represión, pero les dijeron que si lo hacían estarían presos cuatro años.

Demanda laboral

El procurador laboral José Antonio López, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que darán acompañamiento a la denunciante y que interpondrán una demanda laboral con acción de reintegro contra la Policía, porque no hay motivo para darle de baja ni se respetó el procedimiento administrativo.

La exoficial Aráuz tiene cinco hijos, tres menores de edad y dos en la universidad.

Reclamó a Ministra por cierre de hospitales a universitarios

La otra extrabajadora del Estado despedida fue Marcela Vega, exresponsable del departamento de preparación y distribución de reactivos a nivel nacional del Ministerio de Salud (Minsa), por haber encarado a la ministra de Salud, Sonia Castro, debido a la funesta orden de mandar a cerrar las puertas de los hospitales a los jóvenes heridos durante las protestas cívicas que eran reprimidas a balazos y bombas por la Policía Nacional.

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“En un encuentro con la doctora Castro, le dije que no podíamos tapar el sol con un dedo y que había gente muerta, y ella dijo que unos tres eran estudiantes y los demás delincuentes. Me extrañó eso porque le dije que nosotras somos madres y que no estaba de acuerdo con que cerraran los hospitales, una persona del Heodra de León nos dijo que sí estaban cerrando los hospitales”, mencionó la afectada.

La exempleada pública agregó que envió cartas a la Presidencia de la República, exponiendo todas las irregularidades en el Minsa en contra de ella, pero no obtuvo respuesta. “Todo el sistema de salud está controlado por Gustavo Porras y Humberto Murillo, de Recursos Humanos del Minsa, ellos intimidan a los trabajadores y nos obligaban a rotondear y el que no va lo corren”, dijo Vega.

La exoficial de la Policía María Teófila Aráuz puso en su estado de WhatsApp, en su celular personal, un mensaje de respaldo a la protesta estudiantil y por eso la corrieron. LA PRENSA / C. VALLE

Antes de ser corrida denunció que sufrió persecución por haber reclamado el resarcimiento por los perjuicios que conllevó una batalla legal para que se le pagara el zonaje (viáticos de transporte), contra Humberto Murillo, director de Recursos Humanos del Silais. Dinero que le debían del 2008 al 2013 y que nunca fue pagado, después de ser despedida en mayo de este año.

“El señor Murillo nunca me quiso pagar, a pesar de que una resolución del Mitrab falló a mi favor. Yo recibí acoso y persecución de parte de él, me sacó del sindicato”, relató la afectada.

Responsabilizan al Minsa y a la Policía

La extrabajadora del Minsa, Marcela Vega, advirtió que si le pasa algo a ella o alguien de su familia, hace responsable a Humberto Murillo, de Recursos Humanos del Minsa, porque asegura que “tiene poder y lo hago responsable si algo me llega a pasar, porque es afín al diputado Gustavo Porras, porque además de tener ese cargo, también gana porque es el asesor legal del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT)”.

La exoficial de la Policía María Teófila Aráuz también responsabilizó a la institución del orden público si le llega a pasar algo a ella o a su familia, porque le advirtieron que sabían donde vivía y que se abstuviera de hacer comentarios en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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