Un monitoreo realizado por el observatorio de la violencia del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicos (Ieepp), sobre la conflictividad social en Nicaragua determinó que de 157 conflictos sociales ocurridos en el país en los últimos cuatro años ha sido recurrente la represión institucional. De ese total, 138 protestas sociales sucedieron a partir del 18 de abril a la fecha y en un 41 por ciento de esas manifestaciones terminaron en niveles altos de violencia.
Dayra Valle, subdirectora del Ieepp, indicó que anteriormente estos conflictos sociales se observaba en mayor medida en zonas rurales y era menor la presencia en el área urbana salvo los llamados miércoles de protesta.
Y de los 157 eventos registrados en cuatro años un 72 por ciento reflejan niveles medios y altos de violencia de carácter institucional que van desde la violación a derechos fundamentales como la privación de la vida, la utilización de grupos paramilitares, la violación a la libertad de expresión y de manifestación.
En estos casos las agresiones físicas contra los manifestantes han sido cometidas con el uso de armas blancas o de fuego, y además de la privación de la vida la represión ha incluido destrucción de propiedad privada y pública, expresó el investigador Augusto Will, quien recordó que el comportamiento gubernamental contra las manifestaciones ha sido recurrente.
Lo que hemos observado es que las expresiones de descontento de la población han iniciado con manifestaciones pacíficas pero la respuesta del Estado ha sido el detonante para que se generen niveles altos de violencia, señalaron los funcionarios del Ieepp.
Ambos refieren que entre los antecedentes a la situación actual de agresión está la represión a las marchas del movimiento campesino anticanal acaecido entre 2014 y 2015.
Lea además: CIDH hace 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua al concluir su visita preliminar de cuatro días
Igualmente los llamados miércoles de protesta donde grupos de manifestantes exigían cambios en el sistema electoral del país que fueron reprimidos por antimotines y grupos afines al Gobierno.
Will señaló que la negativa de atención de los heridos cono ha ocurrido durante este mes de agresión a partir del 18 de abril, no es un hecho nuevo, pues recordó que durante las protestas del movimiento anticanal, ocurridas en El Tule y San Miguelito, fue denunciado por organismos de derechos humanos que personas heridas de balas de goma o plomo no fueron atendidas por los centros de salud por temor a represalias de parte de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua en la zona.
“El comportamiento del Gobierno ante las expresiones cívicas y pacíficas ha sido la misma, ha sido la de reprimir, ha sido la de agredir las expresiones pacíficas de la población es un comportamiento recurrente”, expresó Will quien dijo que, “en un sistema democrático, en un sistema donde las instituciones y poderes del Estado responden a las demandas de la población, este tipo de comportamiento de conflictividad social es atendido y gestionado desde el diálogo y la negociación”, pero en el país la respuesta ha sido la represión por lo que han alcanzado niveles altos de violencia.
Mencionó también entre los casos la invasión de colonos en la Costa Caribe, “donde incluso se han visto involucrados militares”, y lo calificó cono una clara violación de derechos humanos.