En la tercera jornada del diálogo de este lunes, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no logró que se aceptara el retiro de los tranques y la suspensión de las protestas que campesinos y estudiantes autoconvocados mantienen en municipios y universidades del país, hasta que se vayan del poder la pareja presidencial.
Sin embargo, todos los sectores participantes en el diálogo aceptaron crear una comisión que dé seguimiento a las 15 recomendaciones que emitió la mañana de este lunes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que incluye definir un calendario para nuevas visitas de ese organismo, tal como fue planteado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que participan como mediadores y testigos del Diálogo Nacional.
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“El Diálogo Nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y solicita que de acuerdo con la recomendación número 15, el Gobierno de la República se comprometa a establecer en la mesa de diálogo el mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y el informe de la misma y programar junto a la CIDH un calendario completo de nuevas visitas de tal manera que se forme una comisión de seguimiento nacida del diálogo”, fue la propuesta votada durante el diálogo y leída al final de la jornada por el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano.
La propuesta del Gobierno no tuvo eco
En su intervención, el canciller Denis Moncada Colindres insistió en que para que haya un ambiente de paz y estabilidad en el país se deben retirar los tranques, lo cual fue rechazado por el sector estudiantil, campesino y empresarial.
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“Sería bueno considerar dentro de ello una medida complementaria que también es de necesidad para todo nuestro país y que nosotros hemos venido conversando sobre ella desde el viernes, levantemos los tranques, evitemos la violencia porque todo el informe de la CIDH cruza los derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la libre movilidad”, insistió el canciller Moncada.
“Cuando Ortega y Murillo se vayan”
Los estudiantes mantienen su firme posición de que no van a retirar los tranques hasta que Ortega y Murillo se vayan del poder.
“Manifestarse es un derecho constitucional y lo hemos hecho de manera pacífica. Vamos a quitar los tranques cuando Ortega y Murillo se vayan del poder”, aseguró el representante estudiantil del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Fernando Sánchez.
El estudiante sostuvo que el Gobierno no está en condiciones de andar imponiendo y les recordó que están siendo interpelados por todo el país por el asesinato de decenas de personas, centenares de heridos y desaparecidos.
Reacción de Murillo
Murillo, vocera del Gobierno, limitó este lunes la disposición gubernamental en el Diálogo Nacional a la discusión de temas “que respeten el orden constitucional”, con lo que respondió a quienes piden su renuncia, mientras insistió nuevamente en que los manifestantes deben retirar los tranques y permitir la libre circulación en el país.
“Vamos a mantener la disposición que siempre ha tenido este gobierno de escuchar todos los planteamientos y de recorrer todas las rutas que representan el orden constitucional, donde hay Estado de derecho y es el que todos tenemos que respetar”, dijo Murillo en los medios oficialistas.
Por su parte, Víctor Cuadras, representante estudiantil en el diálogo, aseguró que los tranques y las protestas son una expresión de civismo y un derecho constitucional.
“Los tranques y las manifestaciones de los autoconvocados son una expresión de civismo. La sociedad civil en general se han autoconvocado, es su derecho y están en la total facultad de poder hacerlo. El Gobierno se quiere imponer una vez más. Los tranques son una medida con la que el pueblo se protege”, dijo el líder estudiantil.
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Azahálea Solís, representante de la sociedad civil, acusó al Gobierno de pretender criminalizar la protesta “que es un derecho constitucional de las personas”.
“El Gobierno quiere negarnos y criminalizar el derecho a la protesta, pero no quieren discutir sobre los asesinatos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ya han sido conocidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De modo que ya los nicaragüenses perdimos el miedo a esta dictadura”, aseguró Solís.