Exfiscal Julio Centeno: «Ley contempla fiscales especiales», para casos complejos

El exfiscal General de la República Julio Centeno Gómez coincide con exfiscales auxiliadres y departamentales, que la salida legal del Ministerio Público

Angel Gahona, protestas, Nicaragua

El asesinato del periodista Ángel Gahona detonó en Bluefields una persecución contra periodistas en ese municipio. Su familia reclama justicia. LA PRENSA/ARCHIVO

El exfiscal General de la República Julio Centeno Gómez coincide con exfiscales auxiliadres y departamentales, que la salida legal del Ministerio Público para dar respuesta a la sed de justicia de los familiares de los jóvenes asesinados durante las protestas de abril y mayo en Nicaragua, es el nombramiento de fiscales especiales, que ya están en la ley, “lo que falta es voluntad”.

Con el nombramiento de fiscales independientes ajenos a la Fiscalía, Nicaragua estaría cumpliendo con la tercera de las 15 recomendaciones, que le dio este lunes 21 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Nicaragua, en su informe preliminar sobre situación de los derechos humanos en el país.

En este punto plantean la necesidad de “crear un mecanismos de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos… para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”, dice el documento de la CIDH.

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Ley lo contempla

“Orgullosamente puedo decir que el Ministerio Público tiene toda la institucionalidad para responder a cualquier naturaleza jurídica, porque está en la Ley Orgánica del Ministerio Público y su reglamento. Ellos (autoridades) saben bien la aplicación de eso, está encuadrada en la ley que hicimos cuando se fundó la institución”, dijo Centeno.

La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla en su artículo 19 el nombramiento de fiscales especiales para atender asuntos “que por razones especiales lo ameriten… cuando sea necesario garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal”.

El artículo 10 de la misma normativa, dice que se puede “solicitar apoyo técnico de expertos, asesores o peritos nacionales y extranjeros de entidades públicas o privadas para formar equipos interdisciplinarios de investigación para casos específicos”, lo que vendría a completar el pedimento de la CIDH.

El mecanismo legal ya existe, lo único que hay que hacer es impulsarlo y ejecutarlo a través de la mesa del diálogo, con la lista de expertos en derecho penal y procesal penal, más cinco años de experiencia y ser ciudadanos probos, independientes a como manda la ley”, coincidieron los exfiscales Boanerges Fornos y Róger Alvarado.