Los representantes de Ortega en el diálogo, propusieron vergonzosamente la firma de una tregua de dos días. Es una confesión absurda de ilegitimidad dictatorial, porque debió tratarse simplemente que el gobierno ilegítimo se comprometa a respetar el derecho ciudadano a la manifestación y a la protesta pacífica. Y dicho compromiso no debió tener plazo, porque no existe legitimidad para que el gobierne quebrante ese derecho en ningún momento.
Bastaba decir, que una manifestación pacífica no sería reprimida nunca más, y que se castigaría severamente a quien vulnerara este derecho humano elemental, ya sea por obra de fuerzas policiales o por paramilitares orteguistas. Esta exigencia de firmar una tregua, que vulnera un principio democrático de protección de los derechos humanos de la ciudadanía, fue propuesta por los delegados de Ortega nada menos que en presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una tregua, tiene algún sentido cuando se enfrenta una situación de guerra entre dos ejércitos. El uso de armas de fuego de parte de la policía en contra de la ciudadanía ha llevado a una masacre estudiantil que constituye un genocidio de lesa humanidad, lo que infringe las normas fundamentales del derecho internacional, con un crimen que no prescribe.
El diálogo, en lugar de hablar de tregua, debe poner en agenda el cumplimiento de los puntos de recomendación del informe de la CIDH, que exigen al gobierno la disolución de los cuerpos paramilitares, y la sumisión de la policía al respeto de los derechos humanos. Si el diálogo no recoge el cumplimiento concreto del gobierno a las exigencias de la CIDH, el diálogo no serviría para nada concreto en cuanto a derechos humanos.
A las 24 horas de firmado el acuerdo, que obliga a respetar las manifestaciones pacíficas, los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria que hacían un plantón frente a sus instalaciones sufrieron un ataque armado policial, con un saldo de estudiantes vapuleados y heridos con charneles de escopeta y con balas de plomo.
Por su parte, Telémaco Talavera, representante de Ortega en el diálogo, expresó su rechazo enérgico al ataque policial en contra de los estudiantes que protestaban frente a la universidad agraria, y reiteró su repudio al acto de violencia, que calificó como un irrespeto a los acuerdos del diálogo.
La Policía en un comunicado, emitido el domingo 20 de mayo, reconoce que la Policía llegó al sector de la Universidad Nacional Agraria, a las 6:40 de la noche del sábado, pero, para restablecer —dice el comunicado— la libre circulación de personas y vehículos sobre la vía pública.
Sin embargo, para explicar las heridas de los estudiantes por armas de fuego, la Policía insinúa que fueron las turbas orteguistas las que se enfrentaron a los estudiantes en el sector de la Universidad Agraria. Con lo cual, transfiere a dichas turbas no solo la violación de los acuerdos, sino, también, la posesión y uso de armas de fuego en contra de la población. Y calla, sin percatarse de la gravedad de ello, de su obligación de detener y desarmar a las turbas criminales, para que enfrenten cargos penales.
Esta violación de los acuerdos firmados por los representantes de Ortega en el diálogo le resta toda credibilidad al diálogo, ya que ningún acuerdo firmado por Ortega tendría validez. Ya sea que controle, como que no controle a la Policía o a sus turbas.
De modo, que el comunicado de la Policía confirma lo que ha destacado el informe preliminar del CIDH, que la Policía no cumple con las funciones de protección ciudadana a lo que le obliga la Ley. En consecuencia, el diálogo debería poner en agenda la destitución inmediata de los jefes policiales, en tanto una investigación independiente presenta cargos debidamente comprobados a fin de que enfrenten sanciones penales.
Los representantes de Ortega en el diálogo, no solo desvían la discusión de los puntos de agenda sobre la salida de Ortega y la democratización del país, sino que pretenden que se invite al diálogo a la OEA, para que la democratización urgente del país se transfiera al procedimiento secreto y lento que este organismo efectúa con Ortega por debajo de la mesa, en un plazo de tres años de negociación intrascendente, en momentos que una revolución cívica está en marcha por la liberación inmediata de Nicaragua.
La posibilidad de la presencia de la OEA dentro del diálogo, en función de su acuerdo con Ortega para preparar las elecciones de 2021, significaría la negación total de la finalidad esencial del diálogo, que es la salida inmediata de Ortega, y se tendría que proceder de inmediato a la lucha ciudadana por otros medios.
El autor es ingeniero eléctrico