El jurista Gabriel Álvarez afirma que el gobierno del presidente designado, Daniel Ortega, ha cometido una serie de violaciones a los derechos consignados en la Constitución de la República, con la actuación represiva de la Policía Nacional y las fuerzas de choque orteguistas en contra de las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía desde el 18 de abril a la fecha.
Álvarez afirma que el derecho a la vida, recogido en el artículo 23 de la Constitución, fue “absolutamente violentado”, afirmación que respalda el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indicó que la represión dejó 76 personas muertas.
“El señor Daniel Ortega es el responsable políticamente de todos estos hechos en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses, él y sus funcionarios actuaron fuera del marco constitucional”, afirmó el jurista Álvarez.
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Aseguró que al permitirse que los policías y las fuerzas de choque de la Juventud Sandinista (JS) “actuaran en anarquía” para atacar y amedrentar a los ciudadanos por protestar, el Gobierno “provocó un caos” que igual va en contra de la Carta Magna, pues recordó el jurista que las autoridades “están para brindar protección de todos los ciudadanos, no solo a los afines al oficialismo”.
Entre los derechos individuales violentados están los consagrados desde los artículos 22 hasta 31, 33, 35, 36 y 44 de la Constitución Política. Esos son el derecho la vida, a la libertad individual y de la seguridad, el de la inviolabilidad del domicilio de las personas, la libertad de conciencia y pensamiento, de expresión, el de circular libremente, el de no ser privado arbitrariamente de su libertad y sus garantías como detenido.
Policía torturó
“Hubo muchos torturados en las cárceles y se les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes y eso constituye delito, tanto en la Constitución como en el Código Penal”, afirma Álvarez.
La CIDH indicó que, conforme los datos brindados por las autoridades, 438 personas fueron detenidas en las protestas entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Los detenidos fueron a unidades de Policía, El Chipote y La Modelo de Tipitapa.
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Un gran número de esos detenidos en la protesta sufrió “prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó la CIDH.
Las protestas lideradas iniciaron el 18 de abril contra las reformas al Seguro Social que Ortega impuso y reprimió con violencia letal.
Tras la masacre las manifestaciones ahora exigen la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, y el adelanto de las elecciones para que el pueblo elija un nuevo Gobierno.
Álvarez recuerda que durante los 11 años de Ortega en el poder “se cercenó” a la población opuesta al régimen el poder manifestarse libremente y solo se le permitió tomarse las calles a los grupos afines al oficialismo.
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Álvarez mencionó que al estallar la rebelión de los universitarios y sumarse más ciudadanos, el Gobierno en su actuar represivo por frenarla violó los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución, que otorgan los derechos de denunciar medidas de las autoridades con las que no estén de acuerdo y el de manifestarse libremente para rechazarlas.
Censura a medios
La Carta Magna establece en los artículos 66 al 67 los derechos de los nicaragüenses a ser informados, a la libertad de expresión y el de la no censura. Esos principios también fueron coartados por el Gobierno.
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El segundo día de la protesta, el 19 de abril, el Gobierno, por medio de Telcor, sacó de la señal de cable al Canal 12, Canal 23, Telenorte, Canal 51 de la Conferencia Episcopal y 100% Noticias, este último estuvo seis días sin transmisión.
Álvarez explica que también se actuó contra el derecho a la propiedad privada, con la quema de Radio Darío, en León, por parte de turbas orteguistas; los saqueos orientados a los negocios y la destrucción de la propiedad pública en la UCA, UNI y Upoli.