Tras las críticas que surgieron entre algunos micro, pequeños y medianos empresarios a quienes le tomó por sorpresa la adhesión de una representación del gremio en la delegación gubernamental que participa en el diálogo nacional, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) trató de tomar distancia de la posición oficial y se plegó a las demandas de la Alianza de la Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por estudiantes, sociedad civil y sector privado.
A través de un comunicado, Conimipyme informó que Leonardo Torres y Freddy Cruz, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente, exigirán que el diálogo nacional proporcione resultados inmediatos para garantizar la estabilidad del país y el restablecimiento de la democracia. También que se ponga fin a la represión contra el pueblo en las protestas.
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“Las Mipymes no pueden esperar más tiempo… Esto constituye la principal fuente de ingresos de los pequeños empresarios para poder cumplir sus compromisos de pago a bancos, proveedores y salarios de nuestros trabajadores”, dice el comunicado de Conimipyme que para el restablecimiento de la democracia sugiere reformar la Constitución Política del país tomando como base la de inicios de los años 90.
Crear fondo de emergencia para las mipymes
Además, Conimpipyme pide la creación de un fondo de emergencia de financiamiento, para reactivar la producción de bienes y servicios.
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“Respaldo al sector mipyme de Nicaragua, a través de la creación un fondo de emergencia de financiamiento con el objetivo de reactivar la producción de bienes y servicios que fuera afectada durante el tiempo que dure la crisis política y social del país”, dice el comunicado a la vez que exige el cumplimiento de la Ley 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Mipyme).
Conimipyme también demanda “paz, estabilidad y seguridad para crear un clima favorable para la producción y la inversión nacional y extranjera”.
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La organización también respalda la creación de tribunales especiales para investigar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de las muertes y lesiones provocadas en esta crisis. Además, apoya la petición de la Alianza de la Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia de indemnizar a las familias de las víctimas de la crisis sociopolítica que inició el pasado 18 de abril y que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos.