Los grupos paramilitares orteguistas volvieron a atacar las protestas en la ciudad de León, Chinandega y en el municipio de Somoto, en Madriz, luego que el diálogo nacional se estancara y los funcionarios del Gobierno manifestaran que la población está en su derecho de quitar los tranques.
Un muerto y más de 50 heridos se reportan de manera preliminar en León, tras un fuerte enfrentamiento que se originó entre fuerzas de choque y estudiantes que mantenían tranques en la salida León-Chinandega.
Manuel de Jesús Chávez Ramírez, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento en la salida de León-Managua. Según familiares, Ramírez cursaba el tercer año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-León).
Marcio Ocón, presidente de la Cruz Roja en León, informó que los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra) de León y otras clínicas privadas.
El enfrentamiento inició cuando las fuerzas de choque quisieron desmontar el tranque ubicado en la entrada de León. Pobladores en el lugar afirman que miembros de las fuerzas paramilitares están usando armas de fuego para reprimir a los manifestantes.
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La Policía Nacional apoya a las fuerzas de choque dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos, violando las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado lunes.
Diálogo suspendido
El diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad civil fue suspendido de forma indefinida, debido a que los representantes gubernamentales se negaron a abordar la agenda de democratización e insistieron en el retiro de los tranques vehiculares.
La agenda de democratización fue propuesta por la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional, integrada por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Proponía adelantar elecciones generales, reforma parcial a la Constitución Política, para, entre otras cosas, eliminar la reelección presidencial; formación de un nuevo Consejo Supremo Electoral, integrado por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad; cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, entre otros temas relacionados con la restauración de la institucionalidad y la credibilidad en los poderes del Estado, que actualmente son controlados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y actúan bajo sus intereses.
Canciller: “Es golpe de Estado”
El canciller Denis Moncada Colindres calificó los temas de la agenda como una pretensión de “golpe de Estado” y de querer “desmontar el Gobierno legítimamente electo”.
El obispo y mediador del diálogo, Silvio Báez, y el representante de la sociedad civil, Carlos Tünnermann, negaron que la propuesta de democratización sea una intención de un golpe de Estado.
El Gobierno solo acepta discutir como primer punto el retiro de los tranques que campesinos y ciudadanos autoconvocados mantienen en los departamentos. Los tranques vehiculares, ubicados en diferentes tramos de las carreteras de todo el país, son una iniciativa de presión ciudadana que demanda la salida de Ortega del poder.
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El Gobierno asegura que los tranques están causando pérdidas económicas e impiden que los ciudadanos lleguen a sus centros laborales. El sindicalista sandinista Luis Barbosa, del sector Gobierno, dijo que los tranques han causado pérdidas por 64 millones de córdobas en cinco días de tranque.
Luis Sánchez y Ernesto Medina, ambos de parte de la sociedad civil, insistieron en que los tranques son una iniciativa ciudadana que no responde a las órdenes de los que están dialogando de parte de la sociedad civil. Sin embargo, Barbosa acusó a Medina de ser el responsable de los tranques y que si no los quitaban, la población afectada los iba a quitar. Momentos después, se comenzó a conocer las agresiones de las fuerzas de choque del Gobierno.