La visita in loco que realizó la CIDH a Nicaragua brindó una luz de esperanza al país y su informe preliminar nos dio una herramienta de gran utilidad para que la comunidad internacional se sume a la demanda de justicia. Sobre el informe preliminar de la CIDH, los representantes del régimen en el diálogo manifestaron la intención de acatar las recomendaciones, lo que me hace suponer que no tienen idea de su alcance o que simplemente no tienen intención de cumplirlas.
Tengo en mente al menos cuatro aspectos indicados en el informe sobre los cuales la CIDH no se ha pronunciado con anterioridad, el “Caso Nicaragua” tiene el potencial de crear estándares internacionales de violaciones a DD.HH. porque en las acciones cometidas por el régimen Ortega-Murillo no se tomaron la molestia de guardar las apariencias o darle forma jurídica, fue una abierta agresión al pueblo, situación que no pasa desapercibida por la CIDH.
Respecto de los DD.HH. existen obligaciones generales de los Estados. Por ello, cuando una instancia internacional realiza recomendaciones a un Estado por incumplimiento de sus obligaciones internacionales, parten de las llamadas obligaciones específicas del Estado ante violaciones a DD.HH. que implican: investigar los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los responsables, reparar el daño causado a las víctimas, y la adopción de medidas para que no se repitan los hechos.
La recomendación 3 del informe es crear un mecanismo internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantía de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Este es un señalamiento sobre imposibilidad de investigación que tienen las autoridades nacionales.
El objetivo principal de un Estado es garantizar la convivencia y seguridad de su población, si una instancia internacional de DD.HH. le dice a un Estado que es incapaz de garantizar los DD.HH. de su población, lo que realmente está diciendo es que el Estado falló en su razón de ser. La alta concentración de poder del régimen Ortega-Murillo además de anular la institucionalidad democrática en el país convirtió a Nicaragua en un Estado fallido al ser incapaz de garantizar los DD.HH. de su población.
La idea de Estado fallido nace en el Derecho Internacional Humanitario con los conflictos armados desarticulados, estos implican la existencia de una guerra civil sin que el Estado pueda garantizar los derechos y/o seguridad de su población. En la actualidad, desde los DD.HH. se habla de colapso total de la administración de justicia lo que significa la incapacidad de actuar y tomar decisiones con independencia respecto del gobierno e imparcialidad o neutralidad en relación con las partes en los casos que le son sometidos a consideración.
El autor es maestro en Derechos Humanos.