El Diálogo Nacional está trancado por Daniel Ortega, que en su intransigencia no acepta ni siquiera discutir una agenda que traza la ruta de la democratización de manera pacífica y constitucional. Esta es la única salida viable y digna de la crisis de gobernabilidad que el mismo régimen ha causado con su letal represión de las protestas pacíficas de los estudiantes y demás ciudadanos, pero Ortega la rechaza.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendió este miércoles las plenarias del Diálogo, en espera de que una comisión mixta encuentre una salida. La cual depende, en todo caso, de que la representación del Gobierno acepte discutir la agenda para la democratización, que es conforme a la Constitución a pesar de que el canciller de Ortega y su representante en el Diálogo, Denis Moncada Colindres, ha dicho y repetido el disparate refutado por monseñor Silvio Báez, de que es una ruta hacia el golpe de Estado.
El orteguismo ha tratado de imponer sus condiciones a la parte democrática de la mesa del Diálogo, sobre todo obligarla a que demande el levantamiento de los tranques. Lo que pretende el régimen es apagar el fuego de la lucha de los estudiantes y la ciudadanía que demanda justicia, castigo a los asesinos y la democratización del país.
Pero los estudiantes y demás personas democráticas que representan a la sociedad en el Diálogo Nacional no son los organizadores de los tranques y, por lo tanto, no pueden ordenar que sean desmontados. Lo que sí hay que reconocer, y decirlo con toda franqueza, es que los tranques son una forma legítima de protesta pacífica de los ciudadanos autoconvocados; y que junto con los plantones y las grandes manifestaciones cívicas, constituyen la única fuerza –aparte de la razón, el derecho, la justicia y la conciencia moral— que tienen los representantes de la sociedad en el Diálogo para presionar a la dictadura de Daniel Ortega, a fin de que acepte un acuerdo nacional para la democratización de Nicaragua por una vía pacífica y legítimamente constitucional.
Sin embargo, Ortega, en vez de aceptar ese acuerdo en el Diálogo Nacional ordenó la reanudación de la represión criminal, inclusive con armas de guerra, contra los ciudadanos que mantienen los tranques en distintos puntos del país. Esto a pesar de que el Gobierno aceptó el informe de la CIDH y se comprometió a acatar sus recomendaciones, que en sus puntos 1 y 2 mandan a “cesar de inmediato la represión a los manifestantes…” y “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta…”.
A pesar de todo eso el Diálogo Nacional no ha fracasado, todavía, solo está trancado por el régimen orteguista. El Diálogo sigue siendo la vía más apropiada para conseguir el cambio democrático en Nicaragua de manera pacífica, respetando los procedimientos constitucionales y legales.
Hay que obligar a Ortega a aceptar la solución democrática en el Diálogo Nacional. Para eso son indispensables presiones nacionales más fuertes, pero también contundentes sanciones internacionales.