El gobierno de Daniel Ortega arreció su campaña de desprestigio en contra de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), ya que a través de las redes sociales del orteguismo se acusa a los obispos de parcializarse hacia la posición de la sociedad civil y los universitarios en el diálogo nacional, donde expusieron la agenda que busca la democratización del país.
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La orientación del Ejecutivo es deslegitimar a los obispos para que estos renuncien a continuar como mediadores y testigos y así el Gobierno pueda colocar a organismos aliados, lo cual le permitiría reemplazar a los representantes de la sociedad civil y del Movimiento Universitario por los micropartidos fieles al orteguismo.
El Gobierno hizo circular un documento titulado Nuevo panorama político, en el que define su estrategia para que la población considere que se requieren nuevos actores en el diálogo, porque los de la sociedad civil, campesinos y estudiantes no tienen capacidad para que se levanten los tranques que campesinos y ciudadanos autoconvocados mantienen para presionar la renuncia de Ortega.
El ataque a la Conferencia Episcopal de Nicaragua
Uno de los puntos de la campaña plantea lo siguiente: “La Conferencia Episcopal al decir hoy (el martes pasado) en comunicado oficial ‘que son un cuerpo colegiado y que la opinión de uno es la opinión de todos’ han hecho suyos los llamados a la guerra de (monseñor) Silvio Báez. Entonces, ¿dónde queda su papel de mediadores?”.
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Eso es en referencia a la denuncia que la CEN hizo el martes pasado, por medio de un comunicado, de la campaña en su contra que viene desde el Gobierno y sus medios de comunicación con el objetivo de desacreditarlos y amenazar de muerte al obispo Silvio Báez y sacerdotes de la Iglesia católica. El cardenal Leopoldo Brenes también ha recibido amenazas de muerte.
La campaña de desprestigio hacia los obispos es para que haya un nuevo mediador y así el Gobierno logre que la discusión se centre solo en que la protesta ciudadana termine y que no prospere la exigencia de que la democratización del país empieza con la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo.
“Aquí se requiere: 1. Nuevos actores del diálogo, legítimos representantes de sectores, gremios y partidos políticos. 2. Un nuevo mediador que actúe de forma imparcial y equilibrada. 3. Eliminar del escenario la mentira como arma utilizada para lograr un golpe de Estado”, son los objetivos de la campaña orientada por el gobierno de Ortega.
El diputado Castro y el canciller Moncada
El miércoles pasado en la cuarta sesión del diálogo, Edwin Castro, diputado orteguista y operador político, cuestionó la permanencia de los representantes de la sociedad civil en la mesa, al señalarlos de que no tenían capacidad de decidir sobre los tranques.
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“Quiere decir que si no tenemos incidencia, debemos cambiar los interlocutores del diálogo”, dijo Castro entonces.
Esa postura de Castro está en línea con la campaña del Ejecutivo contra la sociedad civil y los obispos. La estrategia se centra en que “golpistas expresan en el diálogo que no tienen capacidad de incidir en los tranqueros. ¿A quién representan entonces?”.
“Los empresarios no han definido su agenda económica a discutir. ¿Qué hacen entonces ahí?”, es parte de la campaña orientada hacia los interlocutores en el diálogo.
La estrategia está en línea con el señalamiento hecho por el canciller Denis Moncada en la mesa del diálogo, en que la agenda propuesta por los obispos, como mediadores, busca un golpe de Estado contra el gobierno de Ortega.
Cardenal dice que están firmes
El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN y quien preside la Comisión y Mediación en el diálogo nacional, dijo a LA PRENSA que mantienen el compromiso con el pueblo de Nicaragua para ayudar a superar de manera pacífica la crisis social y política, que estalló con la masacre de abril y que a la fecha ha dejado al menos 78 muertos.
El cardenal Brenes dijo que mientras no tenga “por escrito” el interés oficial del gobierno de Ortega de quitar a los obispos como mediadores del diálogo, no podía reaccionar.
Lo que reiteró Brenes es que “nos mantenemos en el diálogo, porque nos lo pidió el Gobierno”. “Ahorita solamente se hizo un impasse para que la comisión mixta, (conformada por) los tres de cada sector (Gobierno y sociedad civil) se reunieran y se pusieran de acuerdo en el consenso de los dos puntos” que no permitió un acuerdo en la sesión del miércoles pasado.
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El diálogo nacional se suspendió por falta de consenso sobre la agenda propuesta por la CEN, que se centra en encontrar la ruta de la democratización del país, que plantea una reforma parcial de la Constitución para cortar el período del presidente, vicepresidenta, diputados y alcaldes y el adelanto de las elecciones. Esa agenda fue elaborada con base en las coincidencias de los planteamientos que les hicieran la sociedad civil y los universitarios, así como el Ejecutivo.
Monseñor Báez en su cuenta de Twitter agradeció el apoyo de la población y dijo que “los obispos de Nicaragua aceptamos con fe en Dios ser mediadores en el diálogo nacional, dimos de corazón capacidad y tiempo para llevarlo adelante, arriesgamos hasta la vida, fuimos transparentes con el pueblo y actuamos con gran amor al país”.
Báez insistió en que “mientras la ruta constitucional y pacífica hacia la democratización de Nicaragua sea vista por el Gobierno como golpe de Estado y ni siquiera deseen hablar de ello, será imposible algún diálogo para poder superar la crisis política que sufre el país”.