Como es bien sabido, el jefe de la representación del Gobierno en el Diálogo Nacional ha sido hasta ahora el canciller de Daniel Ortega, Denis Moncada Colindres.
Lo que muy pocos saben ni lo recuerdan por el tiempo transcurrido, es que cuando a principios de 1979 hubo un diálogo de la oposición civil con el gobierno de Anastasio Somoza Debayle para tratar de que dejara el poder por una vía institucional, el jefe de la representación somocista era también el canciller de la dictadura, Julio C. Quintana.
La historia se repite, solo que, como lo explican los historiadores, en circunstancias distintas y con otros actores que se expresan con palabras diferentes, pero también, a veces, con el mismo discurso político.
Es el caso del discurso que ha mantenido el canciller de la dictadura orteguista en el Diálogo Nacional, que no podría ser más idéntico en forma y contenido al del canciller de la dictadura somocista en el diálogo de 1979.
En aquel diálogo de hace 39 años, el canciller de la dictadura y su jefe negociador, aseguraba enfáticamente que quienes querían sacar del poder a Anastasio Somoza Debayle estaban promoviendo un golpe de Estado y lo que proponían era inconstitucional. Eso era exactamente lo mismo que ahora dice el canciller de Daniel Ortega acerca de la agenda que se ha propuesto en el Diálogo Nacional para la democratización de Nicaragua.
La única diferencia es que el canciller de Somoza tenía razón al alegar inconstitucionalidad. Lo que proponía entonces la OEA a través de una comisión mediadora internacional, era que en un plebiscito el pueblo decidiera si Somoza debía salir del poder inmediatamente, o quedarse hasta 1981, cuando terminara su período constitucional.
Pero en la Constitución de aquella época no existía la figura del plebiscito, como sí existe ahora en el artículo 2 de la ley constitucional. Sin embargo, la mediación internacional lo propuso en aquella ocasión como una medida extraordinaria para sacar a Somoza del poder y poner fin a la guerra civil. Pero Somoza estaba empecinado en que tenía que terminar su mandato constitucional y los sandinistas rechazaban cualquier salida que no fuera el derrocamiento armado de la dictadura, por lo cual aquel diálogo fracasó.
Actualmente, todo lo que está propuesto en la Agenda del Diálogo Nacional que el canciller de Ortega no quiere ni siquiera discutir, está sustentado en la Constitución. En particular la reforma constitucional parcial en una sola legislatura, previa reforma de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
La reforma constitucional adelantaría las elecciones generales, del mismo modo que el gobierno sandinista de Daniel Ortega las adelantó en nueve meses en 1989, para hacer las históricas elecciones del 25 de febrero de 1990.
El proceso de democratización respetando los procedimientos constitucionales, se podría abrir con facilidad si Daniel Ortega tuviera voluntad de aceptarlo. Pero prefiere seguir reprimiendo y asesinando a más nicaragüenses desarmados, a fin de mantenerse en el poder al precio que sea y por muy horrendo que sea.