El jurista Oscar Carrión Orozco afirma que en los 11 años que lleva Daniel Ortega en la Presidencia de Nicaragua “ha dado varios golpes de facto”, empezando porque violó la Constitución en 2011 al imponer su candidatura a la reelección, a pesar de que entonces estaba prohibida, y ha gobernado a través de decretos y reformado la Ley Electoral según su conveniencia política.
“Quien ha violentado, pisoteado reiteradamente la Constitución es el señor Ortega con el único fin de fortalecer su régimen, por lo que hoy solo noto hipocresía de él y sus delegados en el diálogo nacional, al oponerse que haya un adelanto de las elecciones, por medio de una vía democrática que es la reforma parcial a la Constitución, para que él salga del poder y se deje a los nicaragüenses elegir a alguien más”, afirmó el abogado Carrión Orozco.
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Ortega asumió el Gobierno en 2007 para un período de cinco años, pero en 2010 una sentencia del poder judicial, controlado por magistrados orteguistas, declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua. Se alegó que la Constitución violaba los derechos humanos de Ortega, quien luego se reeligió valiéndose de fraude en las elecciones del 2011, han denunciado sus opositores.
Primer golpe fue reelegirse
“Ese fue un golpe demoledor a la institucionalidad de Nicaragua (…). Y ha quedado claro que el cargo del presidente tiene limitaciones en virtud de las prerrogativas de su cargo, y la reelección presidencial no es un derecho humano y así lo dejó claro la Comisión de Venecia”, dijo Carrión Orozco. En abril del 2018 la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, por solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó el tema de la reelección presidencial como derecho humano y concluyó que no lo es.
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En 2014 una Asamblea Nacional, dominada por diputados orteguistas, reformó la Constitución y se eliminó la prohibición de la reelección. “Se hizo sin consultar a la población y por tanto fue otro golpe a la democracia de este país”, afirmó Carrión.
El gobierno de Ortega atraviesa su peor crisis por la masacre a manos de antimotines y fuerzas de choque orteguistas en las manifestaciones ciudadanas lideradas por universitarios, que iniciaron el 18 de abril. En 37 días de protestas la represión ha dejado unos 82 muertos.
La sociedad civil, universitarios y campesinos en el diálogo nacional demandan la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta designada Rosario Murillo, y el adelanto de las elecciones. El Gobierno denunció que se quiere dar un golpe de Estado.
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Pero el jurista Carrión recordó que en el país hay un antecedente de una reforma constitucional para recortarle el período al presidente, que fue en 1989, siendo Ortega quien también gobernaba.
“En virtud de la crisis por la guerra civil Ortega firmó el Acuerdo de Esquipulas II y accedió al adelanto de las elecciones para el mes de febrero de 1990. Y eso no significó de ninguna manera un golpe de Estado. Hoy enfrentamos una crisis grave y el tema del adelanto de las elecciones como mecanismo de salida es perfectamente viable y legal, para tener un cambio pacífico de poder y recuperar la democracia que merecemos”, afirmó.