Nicaragua no es la misma desde la masacre estudiantil. La brutal represión policial y parapolicial de abril y mayo llenó los teléfonos de los nicaragüenses con videos de muertos y heridos. Las pruebas gráficas mostraron al país lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) confirmó después: el Gobierno mandó a matar a manifestantes. Pero no todos los policías acataron esas órdenes. La teniente María Teófila Arauz no disparó una sola vez. Pensó en sus dos hijas universitarias, en su niña que va al colegio, y hasta escribió en su estado de WhatsApp: “¡Que vivan los estudiantes!”
La teniente del Distrito I de Managua estuvo del lado de la Policía en los días más cruentos de la represión contra las protestas pacíficas en Managua. El 18 de abril en Camino de Oriente. El 20 entre el Estadio Nacional Dennis Martínez y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El 21 en la rotonda Cristo Rey.
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Ella abandonó las filas de la Policía el 6 de mayo. Fue expulsada por su jefe, el comisionado mayor Vladimir Cerda, únicamente porque su estado de WhatsApp estaba con el pueblo y no con el presidente Daniel Ortega.
María Teófila habla sin miedo. Ya interpuso las denuncias de expulsión arbitraria y de amenazas contra ella y su familia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Ahora habla con LA PRENSA para que Nicaragua sepa cómo opera la institución que supuestamente vela por la seguridad de los ciudadanos.
También describe desde adentro a la parapolicía de Ortega, una fuerza ilegal conocida también como turbas sandinistas. Lo que ella cuenta lo secundan Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), y Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Las turbas sandinistas
La teniente Maria Teófila Arauz iba a ser ascendida a capitán el año próximo. Entró a la Policía en 1999. En esos años, cuenta, la institución era “más profesional” y menos partidaria. Pero ella no es liberal ni sandinista. “No tengo partido”, asegura.
Cuando entró a la Policía eran otros los jefes. “Tenían ética y profesionalismo”, dice la oficial Arauz. “Ahora estos jefes no son ni profesionales ni tienen ética ni tienen moral ni tienen nada. Solo porque son o fueron guardaespaldas del presidente. Ahí no es por los grados, como antes. Ahora es el más sapo. Ahora solo mirás tenientes, inspectores, subinspectores, pero nada saben”.
Los hechos que detonaron la ola de protestas masivas en Nicaragua ocurrieron en el centro comercial Camino de Oriente el pasado 18 de abril. Un grupo de jóvenes autoconvocados a través de las redes sociales se citó en la tarde en ese punto de Managua para reclamar pacíficamente por unas polémicas reformas a la seguridad social que el gobierno sandinista había impuesto a ciudadanos, empresarios y jubilados dos días atrás.
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El país entero vio en televisión en vivo y en redes sociales cómo turbas sandinistas que vestían camisas del Gobierno agredieron de forma violenta a los protestantes en complicidad con oficiales de la Policía.
Ese día, de acuerdo con el testimonio de Arauz, el jefe del Distrito Uno, comisionado mayor Vladimir Cerda, se fue en moto con el subcomisionado Fidel Izaguirre para asomarse en Camino de Oriente. El grupo de agentes de ese distrito se preparaba para llegar, pero Cerda les dijo que mejor no lo hicieran, porque “los JS eran los que tenían el control”.
JS significa Juventud Sandinista, un grupo de jóvenes fans de Daniel Ortega, pero en este contexto, a quienes la teniente Arauz describe es a las turbas sandinistas o fuerzas de choque con licencia para atacar.
“Dejaron que la JS hiciera lo que ellos quisieran”, recuerda Arauz. “Aunque realmente, ese día… ¿Sabés qué es lo que hace el jefe (Cerda)? Solo le pone la camisa (sandinista) a cualquiera persona delincuente y ya dice que es la Juventud. Si vos te vas a preguntar a las paradas de buses a los ‘cinco y le marco’ (cobradores de servicio de tarjeta), ellos te dicen lo que pasó. A ese tipo de gente se la llevaron. Les dan reales y se van como babosos”.
En esos días Arauz afirma que reconoció entre las turbas a uno de los “cinco y le marco” de su barrio, el de la ruta 64, y a los días le preguntó qué había hecho.
“Me dijo: ‘Ah, es que ya no sabés, que andábamos apoyando. Nos mandaron. Me robé 800 dólares, un celular y apuñalé a varios’. Parece que le fue bien. El jefe nos paró a toditos y solo nos dijo: ‘¡Plomo! ¡Plomo!’ Esa es la clave para que los dejáramos hacer lo que sea y no los echáramos presos. Solo que dijera ‘plomo’. Como ellos son gente humilde y pobre, se dejan vender”.
Estas turbas son las que la CIDH llama “grupos parapoliciales”. De hecho, es la octava de las 15 recomendaciones que la CIDH hace al Estado de Nicaragua en su informe preliminar sobre los hechos de violencia de abril y mayo en el país, donde el organismo internacional llama a clausurar estas turbas:
“Punto 8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
En una entrevista para Revista Domingo, el rector de la Universidad Americana y expresidente del Consejo Nacional de Universidades, Ernesto Medina, revelaba información similar sobre estas fuerzas irregulares del Gobierno:
“En los barrios que me dicen que anda la gente del Gobierno reclutando a los pandilleros. Les dan una paga y les dan ese sentido de impunidad”, contó Medina.
“La Policía solo se debe al presidente”
Al despedirla del Distrito Uno de la Policía, el comisionado mayor Vladimir Cerda humilló a la teniente Arauz frente a una decena de jefes policiales.
El 6 de mayo, cuando Cerda entró a la delegación la llamaron a la oficina. “¿Usted tiene arma?”, le preguntaron. No tenía. Hacía un año y medio que no llevaba pistola del todo, porque su hija de seis años decía en la escuela que su mamá era mala porque tenía un arma. En la Policía, Arauz era teniente operativa. Trabajaba con la ciudadanía y era opción de ella andar o no andar arma. Ella les dijo que no. Entró a la oficina solo con su teléfono celular en uno de los bolsillos superiores del uniforme. “¿Estás grabando?”, le preguntó Cerda. No lo estaba haciendo. Entonces Cerda le comenzó a decir, según los recuerdos de Arauz:
“La Policía es sandinista. Todos anduvimos en la guerra, en la guerrilla; luchamos para que esta Policía fuera sandinista, y esta Policía solo se debe al presidente y a la vicepresidenta. Aquí los estudiantes no son nadie. Hasta esos estudiantes me balearon mi brazo. Yo estuve en la balacera. Ajá, y usted dice que vivan los estudiantes. ¿Usted qué piensa? Aquí la Policía es sandinista y siempre va a ser sandinista. No se debe al pueblo ni a los protestantes, aquí solo se debe a la compañera Rosario Murillo”.
Según Arauz, el comisionado mayor Cerda mencionaba mucho más a Rosario Murillo que a Daniel Ortega.
“Me dijo cosas horrorosas”, revela la oficial. “Me comenzó a insultar. A humillar. Me decía que yo no era nadie. Que no significaba nada. Que él había revisado todo lo que yo había puesto en mis redes sociales. Que ya sabía dónde vivía yo. Que ya sabía cuántos hijos tenía y todo lo que mi familia hacía”.
El “delito” de María Teófila Arauz fue poner en su estado de WhatsApp el video de la canción “Que vivan los estudiantes”, y comentar: “Los mejores videos y el que más me inspira es el del 19 de abril duela a quien le duela…”
“Yo solo estaba haciendo un comentario porque yo soy persona. Soy un ciudadano normal”, se defiende ella. “¿Y por qué no lo voy a hacer? Dos hijas mías son universitarias y tengo otra en primaria”.
La Policía de Ortega y la Guardia Nacional
Para el abogado Álvaro Leiva, de ANPDH, el actuar de la Policía Nacional durante la masacre estudiantil es signo de que esta organización está al lado de la Guardia Nacional de Somoza y hasta de la SS de Hitler.
“Ya la Policía Nacional de Nicaragua pasó a ser parte de esa oscuridad que se creía que había sido enterrada en la mente de los nicaragüenses. Volvió a tomar la fuerza y la forma de la genocida Guardia Nacional. Estamos hablando de un cuerpo policial que no garantiza la confianza. Solo la represión y la muerte. Así lo hemos recibido en la expresión del ciudadano que viene con sus denuncias. Definitivamente la Policía no está muy distante de esas policías como la SS en tiempos de Hitler. No está muy distante de la policía represiva de Pinochet. No está muy distante de la policía de Venezuela”.
300 policías detenidos
La ANPDH, a través de su director Álvaro Leiva, conoció que hay más de 300 policías retenidos en Nicaragua por haber presentado sus renuncias. La mayoría lo ha hecho por presiones familiares, pero el organismo no los ha dejado irse.
“Todo eso está confirmado”, asegura Leiva, quien ha trabajado muy de cerca con la CIDH desde que esa comisión logró entrar al país. “Yo tengo aquí una fuente importante. En todo el territorio nacional son más de 300 policías los que han solicitado baja. Es importante recalcar que esas bajas, cuando las solicitan, se arriesga el agente a que no le paguen sus prestaciones sociales, que haya represalias, y baja deshonrosa. Y cuando hablamos de represalias es encarcelamiento. Los han amenazado hasta con cuatro años de cárcel”.
ANPDH trabajó de cerca con la CIDH durante su visita a Nicaragua. De hecho, según Leiva, la lista de 76 asesinados durante la represión policial de abril y mayo que maneja la CIDH es la lista que él y su equipo levantaron, confirmando cada muerto uno por uno.
Por su parte, Félix Maradiaga, director del Ieepp, fue contactado entre los días 30 de abril y 9 de mayo, por policías o familiares de policías.
“Todos los mensajes coincidían en denunciar diferentes actos de acoso, intimidación y amenazas a policías que en ese momento se habían rehusado a participar en la represión a la ciudadanía”, explica Maradiaga.
Además de amenazar a los que no han querido jalar el gatillo contra la población, otros de los actos de intimidación, según Maradiaga, es amenazar a los policías que quieren renunciar con manchar sus récords.
“Implicarlos en delitos que no han cometido, y hasta acusarlos de colaboradores con narcotraficantes, según el testimonio de un inspector policial que pidió anonimato”, revela el director del Ieepp, que recientemente se reunió en Washington DC con Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, para estudiar los casos delicados de los policías bajo amenaza.
“Tenemos confianza en que la CIDH tomará estos casos en consideración”, añadió Maradiaga.
La teniente María Teófila Arauz también se siente amenazada, aunque su caso es distinto. A ella le dieron de baja por conveniencia institucional.
“Para mí es lo mismo que una deshonra”, dice. “El seguro ya me lo gané porque tengo 19 años de ser policía. Cuando cumpla 55 años ellos me tienen que pagar a huevo”.
El problema es que María Teófila Arauz, madre de cinco hijos, tiene 49 años, y confiesa que no sabe qué hará en el próximo lustro para mantener a sus hijas estudiantes.
Pero al charlar para este reportaje la teniente no se nota triste. Muestra sus medallas Saúl Álvarez por Servicio Distinguido y su medalla por 15 años de servicio con orgullo. Y saca una colección de fotografías suyas vistiendo el uniforme celeste que algún día fue sinónimo de cercanía con el pueblo. “Aquí estoy con la primera comisionada Aminta (Granera)”, señala. “Aquí estoy en la Presidencia, en mi primer año como policía”.
La Ley ultrajada
En julio de 2014 la Asamblea Nacional derogó totalmente la Ley 228 de la Policía Nacional, y la sustituyó por la Ley 872, de nombre Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esta legislación estipuló que el cuerpo policial estaría “sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional”.
Sin embargo, en el artículo uno de esta Ley, lo primero que se lee contradice totalmente el actuar de los oficiales en abril y mayo de 2018: “La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial”.
El 20 de abril
El primer viernes de protestas fue un día negro. A raíz de las tres muertes del día 19, cientos de jóvenes universitarios protestaron y batallaron con piedras y tiradoras contra las balas de los policías antimotines y las turbas sandinistas.
El 20 de abril María Teófila Arauz fue enviada a las inmediaciones del recién inaugurado Estadio Dennis Martínez. Desde allí, junto a decenas de compañeros policías, vio cómo “entró el montón de delincuentes a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)”.
“Me imagino que hirieron, mataron. Solo miré cuando bajaron de los buses blancos el montón de delincuentes corriendo entrando por la parte de atrás. Y ahí fue donde replegaron a los estudiantes que estaban en su trecho”, revela.
Ella no participó en los enfrentamientos. Los efectivos policiales que replegaron a los ciudadanos fueron principalmente los antimotines.
Arauz vio cómo grupos de cinco o seis oficiales agarraban a un estudiante y “le caían”. Vio cómo las piedras eran contrarrestadas por gases lacrimógenos, balas de goma y balas de verdad.
—¿Usted qué piensa de esta masacre, oficial?
—Es una gran lástima lo que pasó. Ni que se vaya el presidente, ni que reformen la Constitución y la hagan a favor del pueblo, no van a revivir jamás a un estudiante. Jamás van a revivir a Álvaro, el niño que estaba repartiendo agua. No le van a cambiar jamás el dolor a la madre. Yo no me siento bien. Mire lo que dice el Ché (Guevara): “Morimos el día que guardamos silencio ante la injusticia”. Hasta los más grandes libertadores han sacado las frases para que no volvamos a caer. Pero como tenemos dictadura de nuevo… Montones de personas me dijeron: “¡Asesina, asesina, asesina!” ¿Cómo me voy a sentir yo? Si ni por cerca le toqué ni un centímetro de pelo a alguien.
