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Comisión mixta reunidos para llegar a un consenso. LA PRENSA

Delegación del gobierno acepta “retomar” tema de democratización de Nicaragua

El ejecutivo se había negado a aceptar la discusión de este tema porque, según su visión, se irrespetaba el orden constitucional y se fomentaba la anarquía

Tras horas de represión, marcada por la toma de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a manos de estudiantes, la represión de las fuerzas policiales y la agresión a periodistas, el Gobierno mediante un acuerdo básico aceptó discutir la agenda para la democratización del país.

De acuerdo con un comunicado leído por monseñor Carlos Avilés en rueda de prensa, el gobierno de Daniel Ortega aceptó “retomar” el tema de la democratización de Nicaragua, mientras los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se comprometieron a “aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques”, que se encuentran en diversos municipios y ciudades del país.

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La agenda del diálogo presentada el 23 de mayo y que el Gobierno había calificado de “golpe de Estado” incluye reforma parcial a la Constitución para adelantar elecciones de todas las autoridades, reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado y suprimir las diputaciones regaladas a expresidentes y exvicepresidentes, entre otras.

En representación del Gobierno, compareció el canciller Denis Moncada Colindres, el diputado Edwin Castro y el procurador general de la República Hernán Estrada. El ejecutivo se había negado a aceptar la discusión de este tema, porque según su visión se irrespetaba el orden constitucional.

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En representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, participaron Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides); el doctor Carlos Tünnermann y el estudiante universitario Víctor Cuadras. El coordinador del Movimiento Campesino Anticanal, Medardo Mairena, participó como asesor de la Alianza.

Los acuerdos de la comisión

Los firmantes de las comisiones 3+3 suscribieron los siguientes acuerdos:

1. Hacer un llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y el cumplimiento de las recomendaciones 1, 2 y 3 de la CIDH.
El punto uno de la CIDH exige cesar la represión y las detenciones arbitrarias; el punto dos pide respetar el derecho a la protesta pacífica y el tercero pide al Gobierno admitir una investigación internacional independiente sobre los hechos de violencia.

2. Hacer un llamado al cese de toda agresión contra cualquier medio de comunicación.

3. Hacer un llamado a los medios de comunicación que propagan noticias falsas e instigan a la violencia a que se abstengan.

4. Condenar ataques contra la UNI y Radio Ya.

Compromiso de la alianza cívica

5. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reafirmó su compromiso a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques.

6. La delegación del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización del país, un objetivo que desde ante del diálogo se plantearon los obispos que participan como mediadores y testigos de este proceso.

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La violencia gubernamental que inició el pasado 18 de abril ha causado la muerte de más de 80 personas, en su mayoría estudiantes universitarios.

En un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), se reveló que 76 personas murieron en las protestas de abril, las cuales fueron reprimidas por la Policía y las tropas de choque del Gobierno. Según los datos de la comisión, hubo en ese mismo período al menos 868 heridos y 438 detenidos.

Estrada: “Fue una buena reunión”

El procurador general de la República, Hernán Estrada, calificó como una buena reunión los resultados de las comisiones 3+3, que al final de la tarde del lunes concluyó con la apertura del gobierno orteguista a discutir los temas de democratización que busca refundar la República.

“Fue una buena reunión. Los acuerdos establecen la ruta de la paz y para la profundización de la paz; esas son las buenas noticias para el pueblo de Nicaragua”, dijo el funcionario orteguista.

Sin embargo, cuando a Estrada se le cuestionó sobre la violencia de la Policía y sus paramilitares, el procurador respondió: “La buena noticia es que continúa el diálogo”.

Próximo encuentro es por la democracia

El doctor Carlos Tünnermann, uno de los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, afirmó que la próxima sesión plenaria del diálogo nacional será para debatir temas para la democratización de Nicaragua.

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“Ellos (el Gobierno) aceptaron discutir los temas de la democracia, de manera que la próxima reunión plenaria vamos directo al tema”, expresó Tünnermann.

El exdiplomático señaló que los temas de democracia incluyen la salida de Ortega del poder a través de la anticipación de elecciones y reformas al poder electoral, para organizar un tribunal electoral creíble que garantice elecciones libres y confiables.

Tranques se quedan

Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino Anticanal, aseguró que pese a que el Gobierno se abrió a la discusión de los temas de democracia en el diálogo, los tranques se quedan y prometió la flexibilización de estos en las carreteras.

“De hecho, la gente se mantendrá en los tranques y les agradecemos porque ellos han estado siendo flexibles con la gente que viene en ambulancias, quienes traen los alimentos y seguiremos siendo flexibles, pero jamás vamos a levantar los tranques”, dijo el líder campesino.

El reinicio del diálogo queda en manos de los obispos de la Conferencia Episcopal. El cardenal Leopoldo Brenes informó que se comunicarán los obispos a la brevedad para acordar cuándo harán el llamado para que inicie el diálogo y también dijo que será “sin duda esta semana”.

Brenes además lamentó los hechos de violencia ocurridos el lunes.

El objetivo será la democracia

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y uno de los representantes del sector privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señaló como punto positivo que el Gobierno haya aceptado la discusión sobre la democracia en el país.

“El tema importante es retomar la democratización para el próximo plenario. Obviamente, toda agenda es sujeta a observaciones, a revisión, pero lo importante, el insumo principal, es el tema de la democratización”, añadió Chamorro.

Respecto a los tranques, el directivo de Funides explicó que “se van aunar esfuerzos” para que sobre ese tema haya más flexibilización.

“El compromiso de la Alianza Cívica es enviar mensajes para que los tranques se flexibilicen”, indicó Chamorro.
Por su parte, monseñor Juan Abelardo Mata, en su calidad de obispo de la Diócesis de Estelí, envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que le pide aplicar la Carta Democrática al Gobierno de Nicaragua.

El religioso le señala a Almagro que en Nicaragua se ha alterado el orden constitucional y le señala los graves hechos de violencia ocurridos a raíz del pasado 18 de abril, en los que decenas de personas han perdido la vida ante la represión gubernamental, hechos —le asegura Mata a Almagro— que “han sido veraz y objetivamente reportados por la Relatoría de la CIDH para Nicaragua en su informe preliminar de visita in loco”.

Mata también le hace ver a Almagro que Ortega hace oídos sordos a la demanda de la población, que pide su inmediata salida del poder.

Obispos hoy con la onu

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se reunirán hoy con una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que llegó al país para conocer sobre la situación de violencia gubernamental. Hasta hoy el Estado de Nicaragua no se ha responzabilizado por la masacre de más de 80 estudiantes y ciudadanos que han sido asesinados en la lucha de los universitarios, que demandan la salida del poder del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega Saavedra.

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