El gobierno de Nicaragua implementó “una estrategia de represión violenta, como hacía años no se vivía en el país”, en las protestas sociales que se registran desde abril a la fecha, concluye Amnistía Internacional (AI) en su informe titulado “Disparar a matar” presentado este martes en Managua. El organismo, además, elevó la cifra de muertos por la represión gubernamental a 83.
“Amnistía Internacional ha concluido que existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta“, afirma en su informe. Cuando Amnistía Internacional cerró su informe había de 70 personas asesinadas y cientos gravemente heridas. A la fecha, la represión en el país ya cobra más de ochenta vidas, centenares de heridos y una cantidad no precisada de detenidos y desparecidos.
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Entre los elementos que Amnistía Internacional considera que son parte de esta estrategia de represión están: el discurso oficial de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización por parte de los niveles más altos del gobierno de las personas que se manifiestan públicamente; la utilización de grupos parapoliciales con el fin de cometer ataques, ampliar su capacidad represiva y operar con mayor facilidad al margen de la ley; el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de sus cuerpos antimotines.
Igualmente menciona AI la posible ejecución extrajudicial de personas, tanto a través de la Policía como de grupos parapoliciales; los posibles actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma; la denegación de la atención médica en hospitales públicos; así como los intentos de control de la prensa, con el fin de ocultar la realidad y limitar la libre expresión.
Investigación en departamentos
Entre el 4 al 13 de mayo, un equipo de expertos de esa organización investigó las denuncias de graves violaciones de derechos humanos, para lo cual visitó Managua, León y Estelí.
El informe titulado “Disparar a matar” está basado en más de 30 entrevistas personales, estudio y documentación de 16 casos, de los cuales nueve se refieren a personas fallecidas, examen de material audiovisual, y análisis del contexto en el cual sucedió la represión. Y para lo cual contó con un equipo de expertos en análisis de vídeo y fotografía, así como en armas y municiones.
Discurso oficial de negación
En el informe se menciona que el 19 de abril, tras reportarse las primeras tres personas fallecidas a manos de las fuerzas del Estado, la designada vicepresidenta por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, expresó ante los medios de comunicación que los grupos de personas que se manifestaban, eran grupos “minúsculos” que atentaban “contra la paz y el desarrollo con intereses y agenda política, egoísta, tóxica, (y) llena de odio, (…)”.
“Amnistía Internacional ha recibido información confiable que indica que el gobierno nicaragüense ha utilizado grupos de personas particulares armados o grupos parapoliciales, que actúan en coordinación, o con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, en especial la Policía Nacional”, dice AI, que refiere que según esa información el gobierno estaría utilizando esta táctica “de choque” como una estrategia que dificulta la posterior identificación de los responsables de violaciones de derechos humanos y multiplica su capacidad represora.
Uso excesivo de la fuerza
Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una de las primeras víctimas fue una de las 30 entrevistadas. Ella fue agredida por grupos parapoliciales cuando participaba en las protestas del 18 de abril de 2018 en un plantón en Managua. Quirós relató que buscó la ayuda de la Policía cuando un grupo de hombres en motocicleta y con cascos de vidrio oscuro empezó a atacar a los manifestantes y periodistas con palos y barras de hierro.
Quirós quiso ayudar a una estudiante que, por estar grabando con su teléfono, estaba siendo agredida por un grupo de “motorizados”. Sin embargo, otro sujeto que habría identificado a Quirós la atacó con una barra de metal, hiriendo su cabeza y luego, junto a otras personas agredidas, tuvo que esperar escondida más de una hora, antes de poder ir a un hospital.
El 19 de abril César Noé Castillo, de 42 años, quedó atrapado entre una protesta que se escenificaba en el parque central de Estelí. Una bala de arma calibre 9 milímetros alcanzó su columna y cayó al suelo inmobilizado.
Castillo cuando aún estaba hospitalizado comentó a Amnistía Interncional “que vio a un agente de Policía a su lado al momento de caer al suelo paralizado, pero que no le asistió”.
El 12 de mayo pasado Castillo falleció producto de las lesiones por arma de fuego “en el marco de una protesta, en la que él ni siquiera participaba”.
Axel Blanco un estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), relató a AI que mientras los policías lanzaban gases lacrimógenos y balas de goma contra los estudiantes, él se dispuso a construir una barricada con unas mesas.
Un disparo efectuado por un policía antimotin le impactó en el ojo izquierdo y causó en Blanco “un estallamiento (sic) del globo ocular, daño palpebral y trauma ocular contuso en su ojo izquierdo. Estas lesiones profundas en su globo ocular causaron la pérdida total de la visión. Como consecuencia, sus posibilidades de recuperar la visión en el futuro son limitadas”.
Uso letal de la fuerza
AI señala que el uso de la fuerza por parte de la autoridad debe estar basada en criterios de proporcionalidad y necesidad en relación con amenaza que se pretende repeler, buscando en todo momento reducir al mínimo los daños y proteger la vida. Y recuerda que las fuerzas de seguridad están autorizadas a utilizar armas de fuego únicamente en situaciones extremas, cuando otros medios resulten ineficaces y su uso sea inevitable.
El uso intencional de un arma de fuego de forma letal sólo debe estar autorizado en la situación más extrema de amenaza para la vida, en la que la muerte de la persona sea el único medio de impedir la pérdida de la vida de otra persona que está amenazada de forma inminente.
Esa organización retoma datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) registrados entre el 19 de abril y 2 de mayo de 2018, cuando contabilizó al menos un total de 45 víctimas fatales, de las cuales, al menos 36 recibieron impactos de bala. De ese total al menos 22 recibieron los impactos en cabeza, cuello o tórax. Y de los nueve casos de fallecidos documentados por Amnistía Internacional, ocho de ellos presentaban herida por arma de fuego y en al menos dos casos, se habría identificado a un policía al momento de perpetrar del crimen.
En el resto la mayoría de los testimonios “apuntaron a la autoridad en colusión con los grupos parapoliciales, como los posibles perpetradores”.
Y también “de los ocho casos documentados por AI con lesión por arma de fuego, todos presentaban orificio de entrada de proyectil en una zona de alta letalidad: uno presentó el orificio en el cuello, dos en la cabeza y cinco en la región torácica superior”, destaca el informe.
Asimismo, señala el informe que el personal médico del Hospital Bautista de Managua le reportó a AI que sólo entre el 20 y 24 de abril de 2018, atendió a 50 heridos en el marco de la protesta, de las cuales 34 presentaban heridas por arma de fuego. Siete de ellos eran adolescentes de entre 14 y 17 años, entre los que se encontraba Álvaro Conrado, de 15 años, quien falleció el día 20 de abril.
En entrevista con personal médico del Hospital Vivian Pellas de Managua, AI conoció que el 11 de mayo de 2018 recibieron la mayor cantidad de heridos graves. Durante la madrugada de ese día, el hospital atendió a siete jóvenes provenientes de un ataque en la Upoli de los cuales cuatro tenían herida de bala apuntando a la cabeza, cuello o tórax. Uno de ellos falleció en ese hospital debido a que la bala le impactó el pecho.
La opinión del personal médico entrevistado, era que las balas habían sido dirigidas para causar el mayor daño posible.
Por otro lado, en al menos cuatro de los casos documentados existirían indicios de que la trayectoria de la bala tuvo una inclinación significativa, de arriba hacia abajo, lo cual sugiere la posibilidad de que una persona, con una posición privilegiada en altura, pudo haber apuntado y disparado. “Este tipo de elementos indicaría una posición de indefensión frente a la autoridad”.
Irregularidades en la investigación
En su investigación AI “encontró posibles actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma”, entre los que menciona omisión de exámenes forenses como sucedió en los casos de Nelson Téllez y Juan Carlos López, ocurridos en Ciudad Sandino .
Allí las familias relataron que como requisito exigido por el hospital para entregar la “constancia de defunción” era la presentación de un “acta de desistimiento de denuncia”. Esto implicaba la renuncia expresa a que el cuerpo fuera remitido al Instituto de Medicina Legal para la posterior práctica de la autopsia, así como a que se iniciara una investigación formal ante la autoridad competente.
López y Téllez se encontraban juntos cuando fueron heridos por arma de fuego, en Ciudad Sandino mientras tenía lugar una protesta, en la que ellos no habrían participado. López perdió la vida ese mismo 20 de abril en el hospital Monte España.
Tras 12 días de hospitalización y varias cirugías Téllez le comentó a su cónyuge que había visto que un policía vestido de civil de la delegación de Ciudad Sandino y que se movilizaba en motocicleta fue quién había disparado contra ambos. Ambos presentaban disparo de arma de fuego en el tórax superior.
LA PRENSA/W. LÓPEZ
En el caso de López el personal médico de la morgue le comentó a su familia que lo mejor era que se lo llevaran cuanto antes, para evitar problemas debido a que se trataba de un hospital privado y le habían brindado el servicio a pesar de no contar con seguro médico. Sus familiares tuvieron que llevarse el cuerpo en brazos a casa, sin que se le practicara un examen de medicina legal.
Además, la Policía Nacional de la estación de Ciudad Sandino les presionó para firmar un “acta de desistimiento de denuncia” por los asesinatos, como condición para la entrega del certificado de defunción. En el caso de la familia de Téllez la Policía le solicitó a su madre que redactara una carta, estableciendo que se llevaba el cuerpo de su hijo a casa y que renunciaba
Mientras en León joven Cristhiam Cadenas, cuyo cuerpo habría sido hallado al interior de un edificio incendiado en la ciudad de León, la Policía no habría preservado la prueba (las vestimentas), ni garantizado la cadena de custodia.
Al momento de la entrevista con Amnistía internacional, su hermano Alexander Sarria Cadenas, explicó que la Policía le mostró el pantalón de su hermano semiquemado por un lado, y un cuerpo quemado e inidentificable por otro.
A pesar de que Alexander Sarria identificó la ropa, no estaba plenamente seguro de que se tratara de su hermano, ya que no se le practicó un examen de ADN para verificar la identidad. Además, según Alexander, el cuerpo se encontraba sin piernas, brazos, ni dentadura. Sin embargo, el médico forense le refirió que había fallecido por inhalación de humo sin ofrecer mayor explicación
Otro de los casos documentados por AI fueron el de Franco Valdivia y Orlando Pérez fueron asesinados por disparos de arma de fuego ocurridos el 19 de abril, en Estelí, mientras participaban en las protestas en contra del gobierno.
Según la constancia de defunción ambos fueron heridos por arma de fuego: Valdivia presentó trauma cráneo encefálico severo y Orlando, impacto en tórax.
Igualmente el de Moroni Jacob López García, de 22 años, falleció el día 20 de abril de 2018, en las inmediaciones de la UNI. Según la familia, varios testigos de los hechos refirieron que la lluvia de disparos provenía del estadio de béisbol Denis Martínez.
Cuando su familia llegó al Instituto de Medicina Legal, pocas horas después, el personal no les permitió la entrada, y tuvieron que identificar a Moroni a través de una fotografía. Una vez que se confirmó la identidad del joven, permitieron entrar a dos familiares únicamente a recoger el cuerpo y no se les entregó el examen de la autopsia, ni obtuvieron mayor información.
En entrevista con Amnistía Internacional, la madre de Moroni, cuya identidad no proporciona, expresó que el día del entierro, 22 de abril, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional a la iglesia donde lo estaban velando y comenzaron a interrogar a varios de los familiares.
El día 8 de mayo, dos personas que se identificaron como representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), le ofrecieron “una indemnización” a cambio de la firma de una declaración a la cual se negó.
Al 9 de mayo de 2018, la familia todavía no había conseguido inscribir en el registro civil de la Alcaldía de Ciudad Sandino la defunción de Moroni, debido a que la alcaldía se habría negado a escribir la causa completa de la muerte de acuerdo a la constancia de defunción. Según esta constancia, Moroni falleció por proyectil de arma de fuego penetrante en tórax, que le causó taponamiento cardiaco y laceración pulmonar derecha y de arteria pulmonar.
También fue documentado el caso del niño Álvaro Conrado, de 15 años, quien fue asesinado con un disparo de arma de fuego en el cuello mientras distribuía agua a los manifestantes en Managua. Según los testimonios de los familiares y personal médico del Hospital Bautista donde fue atendido, la negación de atención médica en el hospital público Cruz Azul, donde había sido trasladado previamente, hizo que Conrado llegara con escasas probabilidades de sobrevivir al Hospital Bautista donde fue sometido a una cirugía por más de cuatro horas.
El 25 de abril de 2018, la policía intentó impedir que su familia interpusiera una queja por el asesinato de su hijo en el Cenidh y horas después el carrito de comida ambulante de su tío materno, fue destruido. Sus padres consideran estas acciones como una amenaza debido a la constante denuncia pública que han realizado ante los medios de comunicación. Asimismo, consideran la actuación de la Fiscalía “una farsa”.
En la ciudad de León, la prensa reportó la visita de la Ministra de Salud Sonia Castro, quien junto con la dirección del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello habría amenazado al personal médico, con expulsarlos del sistema si brindaban atención médica a estudiantes y demás manifestantes.
El otro caso documentado fue el del periodista Ángel Gahona, quien recibió varios disparos que causaron su muerte mientras transmitía en vivo las protestas en la ciudad de Bluefields. Días después de que su familia presentó una denuncia la Fiscalía acusó formalmente a dos jóvenes por este crimen. Los familiares de Gahona tienen serias dudas sobre esta investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, y consideran que es una estrategia para esconder la responsabilidad estatal.
Recomendaciones al gobierno
AI recomendó al gobierno respetar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública y pacífica de quienes utilizan la protesta para denunciar y pronunciarse sobre las políticas públicas, implementar medidas efectivas para asegurar que las fuerzas policiales detengan inmediatamente el uso excesivo de la fuerza e iniciar una investigación interna de aquellos episodios de represión violenta de manifestaciones públicas, en los que ha sido denunciado el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
Igualmente que la institución policial se abstenga de realizar actos que constituyan intimidación, hostigamiento y represalias contra las familias de las víctimas y personas defensoras de derechos humanos.
A su vez que el gobierno detenga el discurso estigmatizador y criminalizador de las personas que protestan en contra de las políticas públicas, y garantizar la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que el Ministerio Público investigue de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen aquellas presuntamente cometidas por grupos parapoliciales.
Dichas investigaciones deben incluir no sólo a quienes cometieron los crímenes o los ordenaron, sino también a sus cómplices. Es decir, las investigaciones judiciales, deben incluir a aquellos funcionarios que sabiendo o debiendo haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo tales actos no hicieron nada por impedirlos o reprimirlos.
“En el caso de hechos atribuibles a agentes de la Policía, la investigación debe referirse a cualquier jefatura policial u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas policiales estaban cometiendo o iban a cometer tales crímenes, directamente o a través de terceros, y que no hizo nada para impedir ese crimen ni para someter a los presuntos responsables bajo el conocimiento de las autoridades”, demanda AI.
Y garantizar que las y los médicos forenses que participen en las investigaciones actúen con independencia e imparcialidad y en cumplimiento de las mejores prácticas forenses, entre otras, aquellas detalladas en el Protocolo de Minnesota.