Los juristas Uriel Pineda y Cairo Manuel López explicaron que como resultado de la política represiva del gobierno de Daniel Ortega en contra de las manifestaciones ciudadanas, las fuerzas de choque han cometido más de ochenta asesinatos, torturas, desaparición forzada y una serie de violaciones de derechos humanos que caben en el delito de lesa humanidad durante la masacre de abril y mayo.
Los juristas afirmaron que ante la gravedad de los crímenes, Ortega difícilmente podría escapar de enfrentar los tribunales, si eventualmente él sale del poder y el nuevo gobierno responde a la demanda ciudadana de buscar justicia.
Pineda, especialista en derechos humanos, afirma que “la política de Daniel Ortega es clara porque busca desarticular, inhibir y reprimir toda protesta civil en su contra” y las consecuencias de esa política es que las fuerzas de represión cometieron asesinato, torturas a manifestantes presos “y una serie de violaciones de derechos humanos, características del delito de lesa humanidad”.
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La Coalición Universitaria y la sociedad civil han denunciado que el gobierno de Ortega ha cometido tanto el delito de lesa humanidad como el de genocidio desde el 18 de abril que estallaron las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe preliminar reportó 76 muertos, aunque la cifra ahora supera los ochenta debido a que la represión continúa.
Sin embargo, Pineda asegura que las características de lo ocurrido en Nicaragua, conforme el derecho internacional, se relaciona al delito de lesa humanidad porque está vinculado con acciones en contra de civiles como parte de una política del Gobierno.
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“Y es lo que ha dado pie a que hayan investigaciones en África y América Latina por crimen de lesa humanidad en el contexto de protestas y crisis políticas, dictaduras como la de (Augusto) Pinochet (en Chile) objetivizó a la población civil porque las acusaron de pertenecer a células de lucha contra su dictadura”, dijo Pineda.
Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional en 1996, coincidió en que el Gobierno cometió un crimen de lesa humanidad en contra de los nicaragüenses “y se ha recolectado una serie de pruebas como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y organizaciones nacionales que han denunciado” a nivel internacional la represión.
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¿Se le puede acusar?
López y Pineda explicaron que debido a que Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por tanto no acepta la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, se podría pensar que no se podría acusar a Ortega. No obstante, ambos abogados recuerdan que el delito de lesa humanidad no prescribe, por lo que si hay una acusación en contra de Ortega y Murillo en los tribunales nacionales o internacionales, y si eventualmente un nuevo Gobierno ratifica el Estatuto de Roma se podría proceder contra la pareja presidencial.
Pineda agregó que además el delito de lesa humanidad es perseguible a nivel mundial, lo que significa que si Ortega o Murillo salen de Nicaragua, cualquier Estado en el mundo puede actuar en su contra y solicitar su detención al país donde vaya la pareja presidencial. “El tema de que ahorita no haya una regulación (legal) adecuada no es un impedimento para sancionar posteriormente a Daniel Ortega”, afirmó Pineda.
López coincidió en que el espacio de negociación de Ortega se reduce con cada acto represivo de las fuerzas de choque a la protesta cívica, que cumplen 41 días este martes.
“Si no amarra desde ahorita en el diálogo una negociación que le permita una salida ordenada de la Presidencia de la República, le será mucho más difícil tener una oportunidad de no ser perseguido posteriormente por la justicia”, afirmó López.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia —que agrupa a universitarios, sociedad civil, campesinos y empresarios— exige la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones como ruta para la democratización del país.
Código Penal contempla delitos
Los juristas Cairo Manuel López y Uriel Pineda explicaron que si bien el Código Penal de Nicaragua contempla los delitos de genocidio y el de lesa humanidad, está en duda que en el actual control que ejerce Daniel Ortega de los tribunales nacionales de justicia se le llegue a procesar. No obstante, los especialistas refieren que al buscarse en el diálogo nacional la democratización del país, que incluiría una reforma al sistema de justicia, eventualmente las acciones penales podrían darse contra Ortega y su esposa Rosario Murillo.