Los interrogatorios que hacían los oficiales de la Policía Nacional a los detenidos que fueron liberados el martes pasado, cuestionaban las razones de su participación en las protestas ciudadanas y averiguaban quién les pagaban por estar en las mismas; hecho que según Elvira Cuadra, expecialista en temas de seguridad, criminaliza la protesta social.
Uno de los liberados, Luis Ordónez, quien no era parte de los manifestantes, pero se había ido a asomar a los enfrentamientos que se registraron en el sector de la rotonda Rubén Darío, en Managua, entre fuerzas antimotines y universitarios, el pasado lunes, contó que mientras estaban detenidos algunos oficiales les preguntaban cuánto dinero recibían por andar en las manifestaciones.
“Hubieron-Hubo- policías que nos decían qué cuánto nos pagaban; entonces, yo le dije: ´señor oficial, yo soy barbero, yo solo llegué a asomarme, ese fue mi error´, ´no, ustedes van a pagar la muerte del policía que mataron´, ´oficial, nosotros estábamos en Metrocentro, el policía que mataron, sino me equivocó, fue el sector de la Uni,´ “si pero ustedes la van a pagar muy hp,”, nos decían (…)”, relató el joven.
Mientras que otro universitario que fue liberado también coincidió con Ordónez sobre los cuestionamientos acerca del financiamiento de la lucha ciudadana. Contó que les preguntaron “que quién nos estaba pagando, que porqué andabamos en eso, y pues, nosotros obviamente le negabamos porque si le decíamos que si, obviamente, nos iban a golpear, y a varios de los muchachos los golpearon al momento de estar allá”, indicó.
De acuerdo con Cuadra, en los interrogatorios no cabría ninguna pregunta, porque, en principio, la detención fue ilegal, ya que fueron retenidos de manera arbitraria. Un interrogatorio tendría que corresponder con una causa que se les estuvira atribuyendo, y no fue el caso. Lo que cabía preguntarles era sus datos generales y respetar el derecho que les avisaran a sus familiares que estaban detenidos, explicó la especialista.
Asimismo, explicó que los cuestionamientos de los oficiales corresponden a una línea de argumentación que va desde el Gobierno, el nivel más alto hasta la Policía Nacional, que trata de “criminalizar la protesta social, y en consecuencia, a los muchachos, vinculándonos con financiamiento externos o financiamientos de crimen organizado”, expresó.
Los jóvenes liberados también contaron que los desnudaron y los obligaron a hacer sentadillas. Este comportamiento, según el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, configura un trato cruel e inhumano, y debe ser objeto de investigación y sanción.
“No le es legítimo a la autoridad policial poner a hacer sentadillas a las personas que tengan en custodia”, expresó Pineda. Las puertas de esa cárcel se abrió para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ha estado cerrada para los organismos de derechos humanos nicaragüenses.