“Aquí nos quedamos todos”, afirmó Daniel Ortega en un acto oficialista de raquítica asistencia al que llegó custodiado por policías con fusiles AK. Tras esto inició un ataque de francotiradores, que una vez más dispararon indiscriminadamente sobre los jóvenes y campesinos que con morteros los enfrentaron.
Los jóvenes y los campesinos trataron de contener el ataque y evitar que los francotiradores dispararan directamente contra la marcha en honor a la Madres de Abril y exigía justicia para los asesinados y la salida del poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo. La acción dejó un resultado preliminar de seis muertos y decenas de heridos.
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El Gobierno convocó el miércoles a una contramarcha en la Avenida de Bolívar a Chávez, pero tuvo poca asistencia y la actividad fue un plantón de unos 320 metros desde la rotonda Hugo Chávez hacia los semáforos de Servigob.
Hasta la tarima central del acto ubicada en la rotonda Hugo Chávez llegó Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, en su Mercedes Benz y con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó al menos 13 vehículos entre patrullas de la Policía, motorizados y decenas de antimotines y oficiales portando fusiles AK.
A las 5:02 de la tarde empezó su discurso Ortega hablando de paz, pero casi al mismo tiempo los medios de comunicación reportaban que francotiradores disparaban desde el Estadio Nacional Dennis Martínez, en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
En los 18 minutos y tres segundos de su discurso, Ortega habló de que protestas en contra de su gobierno son reflejo “de que el demonio está sacando las uñas”, a pesar de que la represión y los asesinatos los ejecutan paramilitares y antimotines a la población que cívicamente se manifiesta.
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La marcha multitudinaria de este 30 de mayo fue en respaldo al Movimiento Madres de Abril que reclama al Gobierno justicia por los —hasta entonces— más de ochenta asesinatos, cientos de heridos, detenidos y desaparecidos en los 44 días de protestas ciudadanas.
Un Ortega confrontativo refirió que si bien hay un “dolor inmenso” de las madres por la pérdida de sus hijos durante las protestas, el reclamo de ellas por justicia “no puede llevar a la destrucción” ni “llevar nuevamente a la guerra” en Nicaragua.
Contesta a empresarios
Aunque Ortega no mencionó específicamente la carta que el miércoles le mandaron los empresarios más importantes como Carlos Pellas, Roberto Zamora Llanes y Ramiro Ortiz Mayorga junto a las cámaras privadas del país donde le pidieron adelantar las elecciones para superar la crisis política, una parte del discurso del caudillo se entendió como su respuesta al gran capital.
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“Nicaragua no es propiedad privada de nadie, los dueños de Nicaragua somos todos los nicaragüenses independientemente del pensamiento político, del pensamiento religioso, del pensamiento ideológico”, afirmaba Ortega, lo cual evidenciaría la ruptura total de la relación con el empresariado que durante casi una década mantuvieron.
Sigue en otra realidad
Hasta el miércoles la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora y testigo del diálogo nacional, no había informado a la delegación del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia —que integran universitarios, campesinos, empresarios y sociedad civil— de la fecha para el reinicio las negociaciones.
El diálogo se suspendió el miércoles pasado porque el Gobierno acusó de que se le quería dar un golpe de Estado con la agenda de la ruta de la democratización propuesta por la Alianza Cívica, que incluye el adelanto de las elecciones y la renovación del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Y aunque el lunes pasado una comisión mixta de 3+3 del ejecutivo y de la Alianza acordaron que en el diálogo se discutirá la agenda de la democratización, el miércoles Ortega retomó su postura de que no aceptará renunciar.
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Aun así, Ortega dijo que se trataba de un “bendito diálogo”, porque además de la mesa nacional en los municipios supuestamente se realizan “comisiones de paz” donde sacerdotes y pastores religiosos son mediadores entre delegados orteguistas y “dirigentes de diferentes fuerzas políticas”.
Esas supuestas comisiones locales, hasta ahora desconocidas, habrían logrado firmar acuerdos “para que vayan desapareciendo los tranques y los enfrentamientos”, según Ortega.
Carlos Tünnermann, representante de la sociedad civil en el diálogo, expresó que Ortega “se niega a dar cuenta de cuál es la realidad”, de que “ha perdido la autoridad moral para gobernar Nicaragua”.
Para Murillo cumplen
La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, en su intervención en los medios oficialistas, aseguró que el Gobierno “ha venido cumpliendo” con los acuerdos del diálogo nacional por haber autorizado la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigará los hechos violentos de acuerdo con la recomendación número tres de las Observaciones Preliminares de la CIDH.
El acuerdo lo firmó el miércoles el Gobierno con la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Nuestro gobierno está honrando los compromisos del diálogo con la investigación de los hechos de violencia”, afirmó Murillo, a pesar de que ella y su esposo, Daniel Ortega, mantienen la represión a la protesta ciudadana.