Antes de la masacre orteguista del día de las Madres, el Diálogo Nacional ha logrado superar el estancamiento provocado por la representación gubernamental, que se resistía a discutir la agenda para la democratización de Nicaragua.
Superado este escollo, el Diálogo Nacional podrá continuar y comenzar a discutir el apremiante tema de las medidas que es necesario acordar para la reconstrucción de la democracia; a menos que los representantes de Daniel Ortega inventen otra triquiñuela para ganar tiempo con el maléfico propósito de que sobreviva una dictadura que en los últimos dos meses ha asesinado a casi 90 personas.
El acuerdo para la democratización de Nicaragua que se podría conseguir en el Diálogo Nacional es la única opción para resolver constitucionalmente la crisis política y evitar que la economía nacional se siga arruinando.
Ortega y Murillo, ya que no han querido escuchar al pueblo volcado en las calles y en los tranques —y representado en el Diálogo Nacional por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia—, deberían escuchar a don Carlos Pellas, líder del principal grupo empresarial de Nicaragua, quien declaró ayer por medio de LA PRENSA que se deben adelantar las elecciones.
Otros prominentes empresarios privados independientes del país también se pronunciaron en ese sentido, ratificando la ruptura definitiva del modelo orteguista de diálogo y consenso del gobierno con el sector empresarial, que era insostenible y el mismo Ortega se encargó de romperlo de la manera más brutal que se podía esperar.
Ahora los empresarios privados independientes comparten con los estudiantes y demás sectores de la sociedad, la demanda de justicia y democratización para la reconstrucción nacional. La renuncia de Ortega y Murillo, o un acuerdo en el Diálogo Nacional para la anticipación de las elecciones previa reestructuración y saneamiento del Consejo Supremo Electoral (CSE), es indispensable para resolver la crisis de gobernabilidad que tiene en ascuas a la población y causa graves daños a la economía nacional, que podrían ser catastróficas si no se encuentra pronto una salida.
También el alto mando del Ejército de Nicaragua debería pronunciarse en ese mismo sentido. No se trata de que los militares intervengan para forzar directamente un cambio de gobierno, que sería un golpe de Estado, sino que aconsejen a Daniel Ortega y Rosario Murillo que por el bien de Nicaragua y de la misma institución castrense, deberían renunciar a sus cargos o aceptar la convocatoria anticipada de elecciones generales.
El cambio para la democratización de Nicaragua se puede hacer perfectamente mediante los procedimientos constitucionales, como lo han demostrado los abogados constitucionalistas y los participantes de la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional.
Los militares han mantenido una actitud prudente a lo largo de esta crisis. También por prudencia nacional deberían aconsejar a Ortega y Murillo, en privado si es que no quisieran hacerlo en público, que acepte el “aterrizaje suave” de la salida institucional y constitucional que se le ofrece en el Diálogo Nacional.