La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) benefició con medida cautelar al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, para proteger los derechos a la vida e integridad personal del religioso y sus familiares, pues el organismo internacional considera que su integridad física está en riesgo. Además indica que sigue evaluando otras solicitudes recibidas durante y después de la visita a Nicaragua.
Al tomar esta determinación, la CIDH tomó en cuenta que, “según la información recientemente difundida por la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), Monseñor Silvio José Báez –presuntamente como resultado de sus labores de mediación que realiza en la mesa de diálogo- habría sido objeto de acciones de ‘descrédito’, ‘amenazas de muerte’, así como de presuntos ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter”.
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La CIDH también recibió información que indica que Báez y sus familiares estarían en una lista de personas a “eliminar”. “Y personas sospechosas vigilarían de manera constante el domicilio de familiares. La Comisión pudo constatar imágenes aportadas según las cuales, a través de la red Facebook, además de diversos mensajes de descrédito -que en el contexto específico crean un ambiente de particular animosidad en contra del beneficiario- de manera concreta muestran a una persona exhibiendo un arma que habría anunciado que atentaría contra la vida del obispo Silvio José Báez Ortega”.
Notan efecto amedrentador
El comunicado de prensa indica que la Comisión “notó el efecto amedrentador que podría tener tal situación de riesgo en su participación en la mesa de diálogo, así como para otros de sus integrantes”. Por tanto el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de Báez y sus familiares de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Igualmente el gobierno en representación del Estado de Nicaragua debe proteger los derechos del religioso en cuanto actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; debe concertar con este las medidas que adoptarán y debe informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”, indica la CIDH .
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