El gobierno de Daniel Ortega aceptó este jueves que 15 personas fallecieron y 199 resultaron heridos en la masacre del Día de las Madres, la que en un comunicado atribuyeron a una “conspiración delincuencial”, deslindando cualquier responsabilidad pese a la evidencia de vídeos de los ataques de tropas de choque, que circularon en las redes sociales, además de las denuncias de las víctimas.
La vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, hizo circular la posición de Ortega, en que señala a “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas”, sin mencionar a quiénes se refiere.
Lea: Obispos de Nicaragua cancelan el diálogo nacional hasta que gobierno deje de reprimir
Casi al mismo tiempo que en una conferencia de prensa compareció una delegación de funcionarios para lamentar lo ocurrido el día de las madres, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar demandando justicia y la salida de Daniel Ortega, que, en una concentración en otro punto de Managua, dijo que se quedaría en el país y que “Nicaragua no era propiedad privada de nadie”.
Así el caudillo respondió a los grandes empresarios del país que le demandaron elecciones adelantadas y un Consejo Supremo Electoral renovado.
Piden respeto al orden constitucional
El canciller Denis Moncada Colindres, el comisionado general Francisco Díaz– subdirector de la Policía–, la Fiscal General Ana Julia Guido y la ministra de salud Sonia Castro formaron parte de ese delegación y fue precisamente esta última funcionaria, quien dio a conocer el número de muertos y heridos durante la protesta.
La fiscal Guido se pronunció a favor del “respeto al orden constitucional”, el principal argumento con que el ejecutivo se ha rehusado a discutir cualquier posibilidad de renuncia de Ortega y Murillo, tal como le han demandado los ciudadanos en las calles.
Son más de 91 muertos desde abril pasado, los que han muerto en las protestas reprimidas por el Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe del 21 de mayo pasado, sostuvo que 76 personas fallecieron y más de 800 heridos.
Lea además: Parlamento europeo reclama una reforma electoral y comicios creíbles en Nicaragua
Moncada Colindres insistió en que el diálogo es la vía para solucionar la crisis política social pese a las denuncias de la violencia impuesta desde el poder ejecutivo, valiéndose de las tropas de choque y la Policía. Horas antes, el diálogo fue suspendido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediador y testigo, mientras “el gobierno continúe reprimiendo y asesinando al pueblo, que se manifiesta pacífica y libremente”.
El canciller le pidió a los obispos que más bien sean ellos quienes llamen a la paz a la población. “Con todo respeto pedimos a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional,llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz”, dijeron los funcionarios.
Lea: Daniel Ortega baña de sangre el Día de las Madres en Nicaragua
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro País, se confabulan para denunciar ´ataques´ inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público”, afirmaron los funcionarios.
Murillo promete “disolver” amenaza
La postura del ejecutivo la reiteró la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, quien en su intervención en los medios oficialistas, prometió que lograrán “disolver esta amenaza oscura de fuerzas tenebrosas” que, según ella, le roban la paz a los nicaragüenses.
Murillo, vocera del gobierno y esposa de Ortega, afirmó que saben “quiénes son” los responsables de la masacre del 30 de Mayo, pero no los identificó.
Sobre la masacre de ayer la calificó “como vendaval de odio que pretende llevar a nuestro país a niveles de inseguridad, de zozobra y tinieblas”, manteniendo la postura de no asumir la responsabilidad de las fuerzas de choque de su gobierno en contra de las manifestaciones cívicas.