El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, renunció este jueves a su cargo, según un comunicado conjunto de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La renuncia de Rivas es presentada oficialmente como parte de los acuerdos entre la OEA y el Gobierno (que iniciaron el 15 de octubre de 2016), para reformar el Sistema Electoral, justo en el momento cuando el gran capital en el país ha demandado adelantar elecciones y la renovación del Sistema Electoral, lo que pasa por la renuncia de todos los magistrados electorales, afines al partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El comunicado detalla que “la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua han venido trabajando aspectos relativos a la configuración y composición del CSE como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes”.
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“El Gobierno de Nicaragua, reiterando su voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad, confirma la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. (sic) Roberto Rivas, y está pendiente de las decisiones que conforme Ley corresponde adoptar a la Asamblea Nacional”, reza el comunicado.
No tenía funciones en CSE
Rivas fue sancionado el 20 de diciembre pasado por Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a los funcionarios extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. Su nombre ha estado vinculado a escándalos de corrupción a lo largo de su vida pública, que se desarrolló bajo la sombra del cardenal emérito Miguel Obando, arzobispo de Managua hasta 2005.
Sin embargo, se mantenía en el cargo gracias a la voluntad de Daniel Ortega, después que el 7 de febrero de este año la Asamblea Nacional, bajo control del FSLN, le retiró sus funciones y se las entregó al vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, cercano al caudillo sandinista.
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A pesar de ello, Rivas siguió en el cargo y con ello continuó devengando un salario de cinco mil dólares mensuales y tenía inmunidad que le impedía ser procesado en los tribunales.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA han documentado la compra de lujosas propiedades, tanto en Nicaragua como Costa Rica, la adquisición de aviones, lo que fue cuestionado por congresistas de Estados
Unidos que pidieron fuese sancionado el primero de diciembre del año pasado.
Se burlaba de críticos
Pero Rivas ha sido impopular y criticado por los nicaragüenses, no solo por ostentar riqueza, sino también por las burlas hacia los ciudadanos cuando le pedían cuentas por su enriquecimiento, como la ocasión cuando al perderse su declaración de probidad en la Contraloría, en mayo de 2009, llevó el documento al consejo de contralores y preguntó si debía declarar un transbordador espacial que había comprado. “En esa declaración está incluido todo. Sociedades aquí y allá. Con lo único que he tenido problema es con un transbordador espacial y con un satélite, porque no sé si son propiedad de la tierra, si es otra hacienda la tierra”, dijo en tono burlesco Rivas, el 14 de mayo de 2009.
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El hoy ex magistrado ha organizado con los demás magistrados del CSE fraudes electorales a favor del partido gobernante FSLN, razón por la cual Daniel Ortega se ha mantenido en el poder por 11 años, y en las últimas votaciones presidenciales de 2016, se reeligió de la mano de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta del país, lo que ha sido considerado por los críticos como la instauración de una dinastía.
Dimisión durante crisis
La renuncia del funcionario electoral se da en medio de una crisis social, generada por la represión policial a la protesta de estudiantes y civiles que demandan la salida de Ortega del poder, con un saldo de al menos 91 muertos, según datos oficiales.
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La Coalición Estudiantil, el Movimiento Campesino, el sector privado y la sociedad civil que intentaron dialogar con el gobierno de Ortega, para buscarle una salida pacífica a la crisis, han propuesto realizar elecciones presidenciales adelantadas, pero bajo la condición de reforma total al CSE, debido a que actualmente está controlado por orteguistas.
La caída del funcionario electoral
El 26 de enero —36 días después que el magistrado Roberto Rivas fue sancionado por Estados Unidos— su hermano Harold, embajador de Nicaragua en Costa Rica, fue destituido por Daniel Ortega.
El Ejecutivo tomó la misma medida con la esposa del exembajador, Jeanette Pérez, quien era la cónsul en la misma sede diplomática. Los hermanos Rivas son cercanos al cardenal Miguel Obando y Bravo, otrora crítico de Ortega en la década de los ochenta y noventa, pero hoy uno de sus más cercanos. Ambos son hijos de Josefa Rivas, asistente del arzobispo emérito.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia, dijo que la renuncia de Rivas llegó “seis meses atrasada y no debe distraer”. “Lo que se requiere es la salida de todos los magistrados”, sostuvo.
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días ha estado Roberto Rivas, ahora expresidente del CSE, sin aparecer en público desde las últimas elecciones municipales del 5 de noviembre.