Roberto López es uno de los pocos titulares de una cartera del Estado que está en su cargo desde que Daniel Ortega regresó al poder en enero del 2007. Eso implica que a él le correspondió recibir directamente la presidencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con un superávit de 1,183.23 millones de córdobas de manos de la administración de Edda Callejas. Once años después, el Seguro Social enfrenta actualmente un déficit de 2,222.7 millones de córdobas. El superávit había pasado a la historia.
¿Qué pasó para que los saldos del Seguro Social pasaran a rojo? Malas decisiones de carácter administrativo, el pago de más dinero en concepto de pensiones a víctimas de guerra, la pensión reducida, el aumento de los gastos administrativos y la falta de transparencia en el manejo de las inversiones en la administración de Roberto López es lo que los expertos en temas de seguridad social han señalado como algunas de las causas que han llevado al INSS al abismo.
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Desde la llegada de López a la presidencia del INSS, los informes estadísticos no reflejan los detalles de las operaciones de préstamos e inversiones con recursos de los asegurados, tampoco quiénes son los beneficiarios de estos empréstitos. Ha sido gracias a investigaciones periodísticas que se han conocido las millonarias operaciones aprobadas discrecionalmente por Roberto López, desde su cargo como director.
Operaciones como la destrucción del sistema de empresa médicas previsionales, con la compra de hospitales y centros médicos, absorbidos por la empresa Servicios Médicos Especializados (Sermesa), adscrita al INSS. Por medio de esas operaciones irregulares, se adquirió el hospital Cruz Azul y el centro hospitalario Médicos Unidos, entre cuyos accionistas estaban el fallecido caudillo sandinista Tomás Borge y el diputado orteguista Mario Valle. También absorbieron el antiguo Hospital Central César Amador Kühl y la empresa Sumedico. En este último caso, una investigación de LA PRENSA reveló que el INSS pagó casi cinco millones de dólares más por encima de su valor real.
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El 7 de enero de 2016, LA PRENSA publicó la primera parte de la investigación de los préstamos del INSS al sector privado. El destinatario de los primeros 1.2 millones de dólares era una empresa desconocida, con socios que no tenían idea de que sus nombres habían sido usados para darle vida legal al negocio; un güirisero en el Caribe y otra persona que había fallecido antes del primer desembolso. Lo curioso resultó que la empresa “subcontratada” para construir el condominio era propiedad de Alfonso Silva, directivo del sector privado en el Seguro Social, y por ende, miembro de la junta que aprobó el préstamo irregular.
Las investigaciones periodísticas revelaron al menos cinco créditos que la directiva del INSS, presidida por Roberto López, entregó a empresas desconocidas, con poca experiencia en el sector construcción, por un monto superior a los 20 millones de dólares, que especialistas calificaron como ilegal, dado que la directiva del Seguro Social no estaba facultada para hacerlo. También se mostró que ejecutivos de Multicentro Las Américas, uno de los centros comerciales más grandes del país, aparecían como socios de las compañías en una serie de operaciones que no explicó el Seguro Social.
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La última gran operación con fondos de los asegurados hecha por Roberto López fue el desembolso de 7.1 millones de dólares para financiar la construcción y equipamiento de la planta de vacunas rusas Mechnikov, un proyecto gestionado directamente por el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. Fue nuevamente una investigación periodística, publicada en LA PRENSA el 8 de febrero del 2017, que descubrió cómo los fondos de los asegurados fueron destinados para un proyecto, que año y medio después de su inauguración no ha producido una sola vacuna. Y Roberto López, el funcionario responsable de todas estas operaciones, sigue callado, sin explicar estos hechos, como otro intocable más en el gobierno del presidente designado Daniel Ortega.
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