El pasado 26 de mayo un hombre fue secuestrado y golpeado fuertemente por un grupo de hombres encapuchados y fue dejado abandonado en la Cuesta del Plomo porque sus agresores pensaron que estaba muerto.
Un día después fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino en una cuneta en ese mismo sitio y la noche de este lunes, fue denunciado el secuestro de tres universitarios de los autoconvocados abandonados en la Cuesta del Plomo.
A esto se agrega el asesinato de un ciudadano extranjero y su acompañante lesionado y dos vehículos quemados, en el paso a desnivel de Rubenia y la Policía intenta hacer creer que el móvil fue el robo.
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El Gobierno refiere en un documento oficial de la Policía Nacional en poder de LA PRENSA que a partir del 18 de abril “incrementó la actividad delictiva y la peligrosidad del delito”.
Aseguran que el actuar delictivo de las pandillas se ha reactivado en barrios de Nicaragua, que hay un incremento de los delincuentes que en motocicletas cometen asaltos en la vía pública y el robo de vehículos se ha incrementado. El informe fue expuesto a las representaciones diplomáticas de otros países con presencia en el país para tratar de justificar el elevado nivel de peligrosidad alcanzado en el país desde que el gobierno comenzó la represión sangrienta desde el 18 de abril, la cual lleva a la fecha 127 muertes violentas según reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno hace referencia de esa manera a la represión gubernamental que ha mantenido desde esa fecha hasta ahora a las manifestaciones de autoconvocados que ya cobran más de cien asesinatos y cifras no cuantificadas de heridos, desaparecidos y el total de detenidos.
Es el mismo discurso que el oficialismo ha mantenido “y es una negación de la realidad”, señala el investigador en temas de seguridad Roberto Orozco, quien coincide en que efectivamente “hay un incremento de la inseguridad total”.
Sin embargo, la Policía Nacional en su documento no hace alusión a las causas de la inseguridad que fue provocado por “el uso político que el partido del gobierno le ha dado a las pandillas y delincuencia común que está granjeando la impunidad”, apuntó Orozco.
El investigador ha conocido que en algunos barrios de la capital, por ejemplo, los líderes de pandilla se han empezado “a pasar la cuenta” para decidir el liderazgo de las mismas.
“Está surgiendo en Nicaragua lo que denominamos la densidad criminal”, por la impunidad que el gobierno en representación del Estado les ha facilitado a la delincuencia.
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Con el investigador coincide el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, quien ha estado al tanto de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que desde el 18 de abril a la fecha ya abarrotan las oficinas de organismos de derechos humanos en el país y uno de ellos es la CPDH.
Cuevas indicó que esta ha sido la posición del Gobierno, “mentir para tratar de confundir” y recordó que sobre la situación que atraviesa el país y que se ha intensificado después del 28 de mayo, fecha de finalización de ese documento oficial de la Policía Nacional, está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que hay una posición del gobierno que reconoce lo ocurrido.
Es por ello que Cuevas pregunta ¿Cuál de las dos versiones que está dando el Gobierno es oficial?”.
“Eso indica que la versión oficial no es nada creíble tratan de confundir”, dijo Cuevas.
El documento oficial elaborado por la Policía Nacional establece que antes del 18 de abril Nicaragua era un ejemplo en la seguridad ciudadana y con reconocimientos a nivel internacional. Pero actualmente han surgido las pandillas, “al extremo que no es posible ingresar o transitar sin pagar a los delincuentes”, y la extorsión era una modalidad casi inexistente y al aparecer los tranques se han incrementado los delitos en general, menciona la bandas de motorizados, los secuestros y robos de vehículos entre otros. No obstante, la población ha señalado de forma constante que durante la represión la Policía se ha hecho acompañar de grupos paramilitares.
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No obstante, la versión policial evita hablar de la represión gubernamental e intenta contar un cuento de que lo que ocurre en Nicaragua es un hecho de violencia vinculada a hechos delictivos y justifica la represión con el alegato que no han actuado por existir acuerdos en el diálogo nacional.