El procurador general de la república Hernán Estrada Santamaría, otro de los funcionarios originales desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, siempre ha pretendido mantener un perfil bajo en su gestión.
Tal vez su mayor escarnio público fue cuando la misma Policía Nacional lo desmintió literalmente en su cara, sobre un supuesto atentado contra su persona en abril del 2009. O cuando comparó la ira de Daniel Ortega con una cita bíblica, aseverando que si el caudillo sandinista así lo quisiera, “no quedaría piedra sobre piedra” de los medios de comunicación independientes.
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Sin embargo, más allá de los desatinos del procurador general de la república en sus escasas comparecencias al público, su rol como abogado del Estado será más recordado por ser quien legalizó algunos de los atropellos jurídicos más recordados en el actual régimen orteguista.
El arreglador de los oscuros negocios
La más sonada de estas actuaciones de Estrada Santamaría fue su rol para apañar la piñata de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP).
Las operaciones de esta distribuidora de carburantes fueron compradas a sus antiguos arrendatarios, una empresa suiza llamada Glencore, usando fondos del acuerdo petrolero con Venezuela.
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Luego que la compra fuese revelada por LAPRENSA, Estrada Santamaría aseguró ante medios de prensa de la familia presidencial que la DNP pasaba a ser administrada por el Estado.
Sin embargo, una investigación periodística de LA PRENSA publicada en enero del 2012 descubrió que Estrada Santamaría mintió y que en realidad las operaciones de la DNP no regresaron al Estado, sino que pasó al control de personeros y miembros de la familia presidencial.
Estrada Santamaría nunca dio una explicación sobre esta operación, que llevó a la familia presidencial a controlar la mayor red de gasolineras en el país.
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Estrada Santamaría también ha servido para legalizar los despojos de propiedad a ciudadanos, con tal de favorecer ya sea al Gobierno o sus allegados.
Algunos de los casos que más se recuerdan fue el de las 187 manzanas de la finca San José de Limón de la familia Abohasen, aledaña a la carretera Puerto Sandino-El Velero, donde supuestamente se construiría la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, pero que en realidad se convirtió en el complejo de almacenamiento petrolero de Albanisa, el consorcio de empresas, vinculado a la familia presidencial.
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También el despojo de veinte manzanas de tierra del proyecto turístico ecológico Punta Teonoste de Tola, para otorgárselas al exguerrillero y aliado del Gobierno, Edén Pastora Gómez. Las actuaciones del procurador prácticamente han quebrado el esquema de seguridad jurídica del país.
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Pero el procurador no da explicaciones públicas sobre sus decisiones. Solo legaliza, y se recluye en su despacho. Su última participación pública fue cuando apareció como parte de la comisión de diálogo del Gobierno para tratar de resolver la grave crisis social estallada desde el 18 de abril.
* En una versión anterior se adjudicó a Atila el Huno la cita: “no quedaría piedra sobre piedra”. Sin embargo, esta es una cita bíblica del evangelio de Marcos.
* En una versión anterior se publicó que la empresa Glencore era canadiense, cuando en realidad es suiza.