CIDH otorga medidas cautelares a Álvaro Leiva y al padre Edwin Román

La CIDH ha recibido 150 solicitudes de medidas cautelares en Nicaragua. Ya ha beneficiado a 24 nicaragüenses entre sacerdotes, estudiantes, defensores de derechos humanos...

Las medidas cautelares más recientes otorgadas por la CIDH fueron para el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez y el padre Edwin Román. LA PRENSA/ E.ROMERO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor del secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez y para el sacerdote Edwin Heriberto Román Calderón como una forma de proteger sus derechos.

La Secretaría Ejecutiva de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido 150 solicitudes de medidas cautelares por la represión en Nicaragua las cuales ya ha clasificado y sigue evaluando.  Lo anterior lo afirmó la CIDH en un comunicado de prensa a través del cual hizo oficial que otorgó el pasado 5 de junio medidas cautelares a Leiva y Román.

A la fecha, la CIDH  ya ha beneficiado a 24 personas entre estudiantes universitarios, familiares de víctimas, sobrevivientes de la violencia, sacerdotes,   personas que han brindado asistencia a personas heridas y defensores de derechos humanos en el contexto de la represión gubernamental contra los manifestantes pacíficos autoconvocados.

Sobre las medidas adoptadas para  Leiva y Román,  según la solicitud recibida, ambos realizan labores de defensa de los derechos humanos y asistencia humanitaria en el contexto de los hechos de violencia que han tenido lugar en la ciudad de Masaya, Nicaragua.

«Al tomar esta determinación, la Comisión observó que Edwin Heriberto Román Calderón y Álvaro Leiva Sánchez en sus calidades de sacerdote y defensor de derechos humanos, respectivamente, participaron de manera activa en la protección de los derechos de las personas que habrían sido heridas o detenidas en el contexto de los hechos ocurridos el 2 de junio, en Masaya, donde desde horas de la mañana habrían ingresado fuerzas especiales antimotines y la Policía Nacional, produciéndose diversos hechos de violencia y enfrentamientos que habrían provocado muertes y personas heridas», explica e comunicado de prensa de la CIDH.

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La CIDH refiere que ha conocido que ambos beneficiarios han participado en el resguardo de la población civil en la Parroquia de San Miguel, en un momento de especial tensión donde habría sido rodeada por antimotines y se habrían sostenido disparos.

«Los beneficiarios con una bandera blanca habrían salido de la parroquia en medio de los enfrentamientos y barricadas con el objetivo de realizar labores de mediación logrando la liberación de 21 personas que habrían sido detenidas por la Policía. En dicho escenario la vida e integridad de los beneficiarios se habría encontrado altamente en peligro», señala la CIDH.

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Con esa información y por los antecedentes que tiene la Comisión de su visita a Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo, sobre la situación de riesgo en el país «permiten considerar desde el estándar prima facie aplicable, que los derechos a la vida e integridad personal del padre Edwin Heriberto Román Calderón y Álvaro Leiva Sánchez se encuentran en grave riesgo», indica la CIDH, que considera que la situación de posibles represalias se extienden a sus núcleos familiares.

En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Román y de Leiva y sus núcleos familiares, por lo cual «el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros».

Igualmente la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y su representante y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Al tiempo que informa que continua con el estudio de las solicitudes de medidas cautelares recibidas durante y después de la visita a Nicaragua.