El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, dijo que la salida a la crisis política en Nicaragua debe ser pacífica y constitucional.
Ese organismo sigue evaluando la represión gubernamental en Nicaragua a manos de la Policía Nacional y los grupos paramilitares del régimen orteguista como muy grave.
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Tanto es así que en las últimas dos semanas, después de la visita de la CIDH a Nicaragua se registran 51 muertes más en el país, la lista supera los 127 crímenes.
Abrão dijo que ese organismo tiene informes detallados de la represión que ha desatado el Gobierno desde que la CIDH abandonó el país, logrando identificar nuevos mecanismos de represión, como el secuestro, la destrucción de edificios públicos y privados y hostigamiento a adultos mayores.
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Nuevos crímenes
Los nuevos crímenes y la nueva modalidad represiva que va en aumento son aspectos a incluir en el informe final de la CIDH sobre la situación en Nicaragua, documento que será presentado ante la Comisión Permanente de la OEA, como lo establece uno de los cinco puntos de la Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, aprobada durante la 48 sesión de la Asamblea General de la OEA, que condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general.
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El secretario ejecutivo de la CIDH y varios de los comisionados de ese organismo ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la OEA, con víctimas de la represión del gobierno del designado presidente Daniel Ortega.
¿Qué opina sobre la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, aprobada en la 48 sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)?
No corresponde a la CIDH comentar declaraciones de los actos políticos de la OEA, así es que no podemos comentar.
¿Qué piensa sobre la respuesta de la comunidad internacional? Existe una percepción que el tema gira en torno a Venezuela, que enfrenta una seria crisis y violaciones a los derechos humanos, pero que al tema de Nicaragua no terminan de darle la atención requerida.
Me parece que en lo que se tiene que concentrar ahora es en el aspecto que se abrió (la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua, aprobada por la Asamblea general de la OEA, que manda a presentar el informe de las investigaciones de la CIDH en Nicaragua) para que en el próximo Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la CIDH pueda presentar su informe con sus conclusiones sobre Nicaragua. Lo que es una indicación importante de que va a haber continuidad de tratamiento a la situación de Nicaragua dentro de la organización (OEA).
¿Cuándo va a estar listo el informe final?
Estamos en fase conclusiva de la información y de la documentación que recibimos, incluyendo un número de testigos también. Aparte de la sistematización de la información también vamos a publicar y dar conocimiento sobre las conclusiones definitivas. Esperamos que nuestro informe sea la base primaria fundamental para la instalación y funcionamiento del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación (GIEI).
Después de la visita de la CIDH a Nicaragua, se ha registrado un incremento en la violencia y nuevas formas de ejercer esa violencia, ¿qué ha logrado determinar la CIDH en torno a esta situación?
Hemos determinado que hay un escalamiento de la violencia porque muchas otras ciudades fueron también atacadas y también hemos identificado nuevos patrones de violencia, por ejemplo: no habíamos constatado la práctica del secuestro de estudiantes, también la modalidad de incendios a medios de prensa, en las instalaciones y edificios públicos y privados. Así mismo las agresiones a las ambulancias médicas que distribuyen los insumos para atender a los heridos. A su vez también nos llamó mucho la atención los ataques a buses que llevaron las personas que habían protegido las universidades después de la violencia el día de la marcha de las madres (30 de mayo). Son prácticas nuevas, que van a ser integradas en nuestro informe final.
Hay un sentimiento de falta de protección del Estado a la ciudadanía por las acciones del Gobierno. ¿Cómo lo percibe la CIDH?
La Comisión insiste en que el deber de proteger a los ciudadanos en su libre derecho de manifestarse es un deber de las instituciones nacionales. Esta tarea tiene que ser llevada en serio, porque la Policía es creada para proteger, no para perseguir, no para reprimir. Esa es una obligación internacional que todos los Estados tienen que cumplir.
¿En qué categoría está ese estado de violencia en Nicaragua, cómo lo definen?
Seguimos definiendo la situación (como) muy grave.
Sobre el acoso a los periodistas, la destrucción a medios de comunicación y la persecución a representantes de la sociedad civil, como es el caso del director del Ieepp, Félix Maradiaga, que ha sido acusado por el Gobierno de acciones vandálicas y organizar las protestas.
La libertad de expresión es el derecho más básico en la protección de todos los derechos humanos. Se debe tener mucho cuidado y atención a estas violaciones, labor libre de los periodistas, de los medios de comunicación. Por eso es que nuestro informe va a generar recomendaciones en esa materia.
De acuerdo con su experiencia en crisis y violaciones a los derechos humanos, ¿cuál cree que es la salida a la actual crisis de Nicaragua?
La salida que ya la Comisión ha pronunciado es que se debe buscar una salida constitucional, democrática y pacífica.
¿Cuándo arribará a Nicaragua el Grupo Internacional de Expertos en Investigaciones (GIEI)?
Estamos buscando las condiciones integrales para garantizar su autonomía e independencia y esperamos instalarlo lo más temprano posible.