El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves que restringirá visas a varios funcionarios nicaragüenses por estar involucrados en la violación de los derechos de los nicaragüenses que han salido a protestar desde el pasado 18 de abril contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Aunque no se precisa quiénes son los funcionarios afectados debido a las leyes de confidencialidad de los EE.UU., el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró en un comunicado que entre los sancionados están miembros de la Policía Nacional, autoridades municipales y una autoridad del Ministerio de Salud (Minsa) junto a sus respectivas familias.
“Estamos enviando un mensaje claro de que los violadores de derechos humanos y los que debilitan la democracia no son bienvenidos en Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en el comunicado de prensa.
La comunicación, tuiteada por el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Francisco Pamieri, agrega que los sancionados han operado con impunidad a lo largo el país, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa.
Today @SecPompeo has imposed U.S. visa restrictions on individuals responsible for human rights abuses and/or for undermining democracy in #Nicaragua. The United States continues to call for an end to violence and supports negotiations to end this crisis. pic.twitter.com/4CdVN8e2Df
— Francisco Palmieri (@WHAAsstSecty) 7 de junio de 2018
Por medio de Twitter, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo que “Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el gobierno de Ortega en Nicaragua masacra a los manifestantes”. Agregó que “seguiremos exigiendo el fin inmediato de la violencia” y responsabilizarán a los culpables a la vez que respaldan al pueblo nicaragüense.
Igual que Pence, el senador republicano Marco Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter a favor de las restricciones de visa a los funcionarios nicaragüenses. Estados Unidos “no va a esperar y permitir que los abusadores de derechos humanos y los que socavan la democracia en Nicaragua pasen sus fines de semana de vacaciones en Miami”, dijo Rubio y agregó que más está por venir.
Desde el 19 de abril, al menos 118 personas han sido asesinadas por la represión del Gobierno a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos autoconvocados, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra los asesinados en casi 130.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que la medida adoptada por el Departamento de Estado debería ser solo el primer paso en una política más amplia de Estados Unidos como puede leerse en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
En su cuenta, además, publicó un vídeo en la que se dirige al plenario del Congreso y expresa que la población en Nicaragua está luchando por restablecer la democracia.
Gracias @SecPompeo p responder llamado d #Nicaragua y responsabilizar a compinches d #Ortega responsables p violaciones a #DDHH y debilitamiento d instituciones democráticas. Esto debería ser solo 1er paso en política más amplia d #EEUU d respaldar valores democráticos en región
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) June 7, 2018
La lista de Ros-Lehtinen
La congresista republicana ha pedido al gobierno estadounidense que sancione a funcionarios nicaragüenses allegados a Ortega. “Es vital ahora más que nunca que Estados Unidos respalde a los nicaragüenses en su pelea para restablecer el orden democrático. Debemos hacerlos saber que no están solos”, dijo Ros-Lehtinen.
Según Ros-Lehtinen, deberían de ser sancionados Francisco López, el tesorero de Daniel Ortega, por corrupción; el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, por orquestar la represión y el asesinato de nicaragüenses; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de Salud, Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) y el empresario Tirso Celedón, un desarrollador inmobiliario que se benefició con los fondos del Seguro Social.
“Todos estos individuos son parte del círculo cercano de Ortega y son responsables de los actos de corrupción y los actos de violación a Derechos Humanos”, dijo Ros-Lehtinen, quien pide que sus visas sean canceladas. “Tenemos una responsabilidad moral. Necesitamos mandar un claro mensaje de que Estados Unidos está poniendo atención y que estos actos terribles no quedarán impunes”, afirmó.
En pleno d la Cámara insté a mis colegas del Senado a tomar medidas significativas para apoyar al pueblo nicaragüense al aprobar el #NICAAct. De esa forma podremos mantener la presión sobre el régimen d #Ortega hasta q la verdadera #democracia y #libertad regresen a #Nicaragua pic.twitter.com/vQzyBC6GUt
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) June 7, 2018
Hasta ahora no se ha podido obtener una reacción de parte de funcionarios del gobierno, tampoco en la Policía. Sin embargo, el empresario Tirso Celedón se declaró “consternado” por la noticia de que la congresista Ros-Lehtinen lo mencione en una lista de sancionados.
Celedón es protagonista de una compleja red, que se benefició con préstamos del Seguro Social destinados a la construcción de condominios de lujo en Managua y fue directivo del Banco Corporativo, formado con fondos de la cooperación venezolana.
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“Estoy consternado porque es una barbaridad. Las noticias las ha sacado del periódico LA PRENSA que ha dado noticias malintencionadas y no verdaderas. Ella (la congresista) me está diciendo que yo me lucré del INSS y no es cierto, no hice nada que fuera con el Seguro Social y ustedes publicaron como que yo hice cosas ilegales con el Seguro Social, es una barbaridad”, sostuvo Celedón.
La investigación de LA PRENSA inició en enero de 2016, duró dos años y probó que al menos veinte millones de dólares salieron del Seguro Social para financiar inversiones inmobiliarias cuestionables de acuerdo a los expertos..