La acusación de la Policía orteguista a Félix Maradiaga, de que es cabecilla de una red o banda de criminales comunes y terroristas, ha roto todas las marcas de la torpeza oficialista.
La Policía de Daniel Ortega también ha acusado de participar en supuestos actos criminales, a Arnoldo Toruño, propietario de la Radio Darío de León que fue incendiada en abril pasado por las turbas orteguistas. Y en el colmo de la irracionalidad, la Policía imputa el asesinato del ciudadano norteamericano Sixto Henry Vera, ocurrido el 2 de junio en Managua, al joven Ezequiel Leiva, quien desde el 28 de mayo se encuentra hospitalizado y en estado de coma por causa de un balazo de francotirador que lo impactó durante la represión policial en los alrededor de la Upoli.
Félix Maradiaga es un reconocido intelectual, profesional y académico graduado y posgraduado en prestigiosas universidades de los Estados Unidos (EE. UU.). Ha sido distinguido con premios internacionales por su actividad cívica. Fue funcionario público intachable en el período de la democracia. Actualmente Maradiaga es un prominente líder de la sociedad civil y valeroso defensor de los derechos humanos, función en la cual se ha destacado particularmente durante la rebelión cívica de los estudiantes y el pueblo que comenzó el 19 de abril y continúa hasta hoy con la misma fuerza y sed de victoria.
La Policía pudo escoger a cualquier otra persona de la sociedad civil, el sector empresarial y la Iglesia católica, entre las muchas que se han destacado en estas jornadas dolorosas —pero al mismo tiempo gloriosas— de la lucha por la libertad y la democracia, para hacer la imputación criminal. El propósito del régimen orteguista es descalificar la lucha cívica, acusando a los estudiantes y demás ciudadanos que demandan libertad y democracia, de ser vándalos, delincuentes comunes, pandilleros, terroristas, narcotraficantes y drogadictos. Así lo han asegurado sin recato algunos jefes policiales y lo han dicho funcionarios orteguistas a diplomáticos extranjeros acreditados en Managua y en la Asamblea General de la OEA.
El régimen quiere negar la legitimidad de la protesta social y en particular de la demanda de que Ortega y Murillo deben renunciar al poder. Igual que todas las dictaduras, criminaliza la protesta social e imputa falsos delitos a personas que ejercen un importante liderazgo político o moral en las luchas democráticas.
Sin embargo, ninguna persona decente, inteligente y conocedora de la realidad nicaragüense puede creer la acusación criminal de la Policía orteguista contra Maradiaga y Toruño. Cualquiera comprende que es una burda copia de las criminalizaciones contra líderes democráticos y de la sociedad civil que montan las dictaduras en todas partes del mundo.
Se dice que Dios ciega a quienes quiere perder. Y a los dictadores malvados los ciega con una inmensa torpeza que no les permite entender que aunque criminalicen, encarcelen e incluso asesinen a líderes democráticos, la marcha de la historia no se detiene y la dictadura caerá más temprano que tarde.