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La CPDH denuncia que acusación contra promotores de esa organización está plagada de anomalías. LA PRENSA/E. ROMERO

Anomalías en proceso judicial contra promotores de CPDH en Boaco

En menos de tres días "con una celeridad increíble" se aceptó la reposición de parte del Ministerio Público y el caso fue remitido a un juzgado de violencia

Una serie de anomalías observa la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en la acusación contra cuatro promotores voluntarios de esa organización en Boaco, cuyo objetivo según el asesor legal, Pablo Cuevas es  “callarnos a los defensores de derechos humanos”.

Cuevas observa como  en menos de tres días “con una celeridad increíble se aceptó la reposición de parte del Ministerio Público” y el caso fue remitido a un juzgado de violencia.

“Nosotros estamos más que claros que estas curiosidades tienen un solo objetivo y es que un juez fiel, un juez que no respete los procedimientos legales condene a nuestros promotores”, aseguró Cuevas, quien dijo que tienen suficientes pruebas que indican que los promotores ejercían su labor como defensores y es la mismo que la CPDH viene haciendo desde hace 45 años.

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Resalta arbitrariedad

El exfiscal y asesor jurídico, Julio Montenegro, expresó que existe una arbitrariedad mayor en el caso de Reynaldo Lira, uno de los acusados, para quien en un inicio en la audiencia preliminar el 5 de junio, después de los alegatos el judicial accedió rechazar la acusación en su contra por considerar que no reunía los requisitos.

La explicación que ofreció Montenegro fue que en la página cinco de la acusación presentada por el Ministerio Público únicamente establecía que “estaba Reynaldo Lira”, pero “no se imputaba de manera alguna qué estaba haciendo Reynaldo Lira, solo que estaba en el lugar”, explicó Montenegro a cargo de la defensa técnica de los procesados.

“Hay una serie de inconsistencias e incoherencias en el libelo acusatorio que incluso pudiera haber beneficiado a los otros tres procesados habiéndose rechazado de plano esta acusación”, afirmó Montenegro.

El jueves la Fiscalía emitió un comunicado en el cual señala que el 2 de junio 2018 se presentó acusación en contra de Christopher Henríquez Ampié, por el delito de asesinato en perjuicio de Jorge Gastón Palacios Vargas, para quien ha solicitado orden de captura. A su vez acusó a Julio José Ampié Machado por el delito de homicidio frustrado en perjuicio de Norman Roberto Rodríguez; en contra de Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, William Efraín Picado Duarte y Christopher Henrríquez Ampié por el delito de Lesiones en perjuicio de Jeffri Sevilla Saravia, Luis Enrique Ochoa y Honson David Hernández López, “y por el delito de exposición de personas al peligro en perjuicio de 20 ciudadanos”.

Y en contra de Reynaldo Antonio Lira Luquez, por el delito de amenazas con arma de fuego en perjuicio de Julia Marbelly García, Reyna Isabel Oporta Álvarez, Maryelin Elieth Miranda Saravia y Eralgris del Socorro Carballo Varela.

“Todos estos hechos ocurrieron el 25 de mayo del presente en el tranque del empalme de Boaco”, según el Ministerio Público en su comunicado.

Ese día la población autoconvocada denunció que habían sido atacadas por paramilitares de Boaco y entre los heridos están algunos de los promotores de la CPDH.

Explicación de exfiscal

Sobre el recurso de reposición presentado por el Ministerio Público, le llama la atención a Montengro que el 6 de junio, al día siguiente que el judicial rechazó la acusación, esa institución introdujo un recurso de reposición, que a su criterio “no puede cambiar la decisión de la autoridad judicial en vista de que el recurso de reposición es para ver aspectos de forma, que no implican cambiar el sentido de fondo que tiene la sentencia”.

“Es decir, si había un rechazo de acusación y se mandaba al Ministerio Público hacerla nuevamente lo que procedía era dictar la orden de libertad, orden de libertad que fue girada desde el día 5 (…) sin embargo, a estas alturas permanece guardando prisión Reynaldo Antonio Lira Luquez”, expuso Montenegro.

Después que el judicial aceptó rechazar la acusación contra Lira la Policía primero adujo a los familiares que no les había llegado la orden de libertad y posteriormente han guardado silencio, pero para Montenegro esto constituye una detención ilegal.

Para el exfiscal también es sorprendente que el juez Décimo de Distrito Penal de Audiencia, Carlos Solís Solís, quien fue el que conoció de la causa se haya inhibido por haber supuestamente expresado criterio, lo que considera está “fuera de lugar”, debió pronunciarse pero no lo hizo, por lo que la causa fue remitida al juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos que también se inhibió de conocer la causa, sin que hayan sido conocidas las razones. Al inhibirse los dos jueces la Sala Penal Dos, del Tribunal de Apelaciones de Managua, remitió el caso al juez suplente Féllix Salmerón, titular suplente del Juzgado especializado en Violencia en Managua, donde está ahora.

Montenegro destacó que en la audiencia preliminar señalaron claramente que los procesados son miembros de la CPDH y la detención es arbitraria, pues se encontraban en desempeño de sus labores, por lo que la autoridad judicial debió exhimirlos y sobre todo porque les atribuyen hechos que no corresponden a la realidad.

En su comunicado el Ministerio Público dice que “en juicio se probará la responsabilidad penal de los acusados por los delitos referidos” al tiempo que alega que esa institución “se encuentra al servicio de la comunidad, velando por la objetividad y calidad de la investigación de hechos punibles”.

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