Cuando la actual fiscal general de la República, Ana Julio Guido, competía con Aminta Granera Sacasa por el cargo de jefe de la Policía Nacional, en 2006, enfrentaba una encrucijada, que a la postre, le terminó costando el cargo. Aunque técnicamente se le reconocían grandes capacidades como policía, sobre ella pesaba la sombra de ser una incondicional del actual presidente designado Daniel Ortega. El resto es historia. Bolaños finalmente apostó por Granera Sacasa y Guido pasó a retiro.
Ortega no olvidó a Guido y primeramente logró colocarla, en 2007, como fiscal adjunta. Ya con el control político absoluto en la Asamblea Nacional, usó a sus diputados para colocarla como titular del Ministerio Público en 2014. De esta forma, el caudillo mataba dos pájaros de un tiro: rescataba a una fiel servidora y la colocaba al frente de una institución clave.
Le puede interesar: Alba Luz Ramos, la eterna magistrada orteguista en el Poder Judicial
El resultado de la movida del comandante ha sido evidente: el Ministerio Público solo existe cuando se trata de casos de interés para el Gobierno. Diversos han sido los incidentes de abusos de derechos humanos y violencia que acumulan polvo en los archivos del Ministerio Público, en espera de que sus casos sean investigados.
Casos en los que las evidencias han sido abrumadoras, como fue el asalto de la Juventud Sandinista a los jóvenes del movimiento #OcupaINSS el 22 de junio del 2013, que continúa en la impunidad. La misma Guido dijo en una de sus pocas presentaciones públicas que el problema era que en este incidente se dieron “delitos complejos de investigar”.
Lea también: Alba Luz Ramos, la dama de la justicia en Nicaragua
Activistas por los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han reclamado la indiferencia del Ministerio Público en casos referidos a abusos de funcionarios, violaciones a los derechos humanos y delitos políticos, como el fraude electoral ocurrido en los comicios municipales del 2008 y la serie de irregularidades que se ha dado en los siguientes procesos electorales.
El presidente del poder electoral, Roberto Rivas Reyes, ha sido denunciado ante el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento ilícito. El mismo presidente designado Daniel Ortega y el jefe del Ejército Nacional, el general Julio César Avilés fueron denunciados por la masacre de La Cruz de Río Grande, donde murieron dos menores de edad a manos de los militares. Ambos casos se encuentran engavetados, sin que se conozca una sola pesquisa para aclararlos.
Lea también: Francisco López, el tesorero de Daniel Ortega
Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han acusado al Ministerio Público de esconder la epidemia de femicidios y abusos en contra de la mujer, con tal de no afectar la imagen de “país seguro de Centroamérica” que el Gobierno intenta vender hacia el exterior. El Ministerio Público tampoco se ha interesado en profundizar sobre la muerte de indígenas miskitos en el conflicto en el Caribe por la invasión de tierras, en las que han visto involucrados personeros del mismo Frente Sandinista.
Le puede interesar: Aminta Granera, la jefa decorativa de la Policía Nacional
Fue hasta el pasado 25 de abril que el Ministerio Público dio muestras de vida para anunciar, en una conferencia de prensa en la que no participó Guido, que iniciaría un proceso de investigación sobre los muertos, heridos y desaparecidos durante la masacre de abril perpetrada por el régimen orteguista. Una investigación sobre la cual no existe ninguna confianza, debido a la perenne fidelidad de la fiscal Guido hacia quien la colocó en el cargo: el actual presidente designado Daniel Ortega.
Lea también: Roberto Rivas Reyes, el contador de votos en los fraudes electorales en Nicaragua
