Daniel Ortega: Expediente de manipulación de la justicia

Desde que regresó al poder, Daniel Ortega usa los procesos judiciales para premiar o castigar.

11/06/2018

Miembros de la Coalición Nacional por la Democracia protestaron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. LA PRESA/O. Navarrete

Por interés directo, para favorecer a aliados, o castigar a quienes lo adversan, el poder judicial ha sido usado por el presidente designado Daniel Ortega hasta convertirse en uno de los principales ejes de su poder. Distintos casos, desde sentencias del máximo tribunal de justicia que le permitieron su reelección en 2011, hasta mágicos episodios de conversión de cocaína a talco, han forjado un largo expediente de manipulación judicial.

Son quizás también las razones, para tomar en serio las amenazas al director de Radio Darío Aníbal Toruño, cuya emisora fue incendiada por el orteguismo, o Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), quien fue amenazado judicialmente después de que la Policía ideó una trama en que lo ponían financiando a un grupo supuestamente responsable de crímenes y destrucción en la actual crisis, aunque después el Ministerio Público no incluyó estas acusaciones en el expediente remitido a los juzgados.

Nicaragua vive 56 días de protestas, las cuales han sido reprimidas por el ejecutivo, dejando un saldo de más de 127 muertos desde entonces. La amenaza judicial contra Maradiaga y Toruño fue tomada como un intento de silenciar el derecho a protesta. El exprocurador de la república Alberto Novoa, manifestó que el poder judicial ha sido desnaturalizado por la instrumentalización política que le ha dado el caudillo sandinista.

Fue en el año 2000 cuando, recuerda Novoa, el poder judicial se repartió entre simpatizantes de Ortega y Arnoldo Alemán, en lo que se conoció públicamente como el Pacto. La justicia entonces tuvo rostro de partidos, fieles a sus respectivos caudillos. Después, a medida que el liberal se fue debilitando, en sus juegos y rejuegos por cuotas de poder con el sandinista, este último fue acumulando más poder hasta copar la estructura judicial.

“El gobierno instrumentaliza al poder judicial y a los actores judiciales, a la Fiscalía, a la Procuraduría, inclusive a los derechos humanos que tiene el gobierno, entonces tenemos un poder judicial totalmente desnudo, sin poder proteger a quienes tiene que proteger”, sostuvo Novoa.

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El magistrado liberal Manuel Martínez reconoció en una entrevista que Ortega tenía control sobre más del setenta por ciento de la maquinaria judicial, entre magistrados y jueces.

“Cuando el juez que dirime conflicto se encuentra dirigido para que falle a favor de una de las partes, lógicamente perdió la esencia de su ser, se desnaturalizó”, explicó Novoa.

Dos casos: Como muestra un botón

La muestra de esa desnaturalización se ha visto, a lo largo de estos años de gobierno sandinista. Basta una revisión de los diarios para encontrar los casos.

El 19 de octubre del 2009, a través de los magistrados sandinistas de la CSJ, Francisco Rosales, Rafael Solís, Yadira Centeno, Armengol Cuadra, Juana Méndez y Ligia Molina, fue que se aprobó la sentencia 504, en la que admiten el recurso de amparo para que Ortega y 105 alcaldes sandinistas pudieran reelegirse en los comicios presidenciales de 2011.

Según el artículo 147, de la Constitución, Ortega no podía reelegirse, pero sí lo hizo fue gracias a la sentencia judicial de los magistrados de la CSJ que declararon inaplicable el artículo, después de escuchar la demanda que consideraba violatorio que el presidente no pudiera competir en los comicios, rompiendo el derecho de igualdad ante la ley.

Con sus adversarios nunca hubo tregua. El 8 de junio de 2016, la CSJ le quitó a Eduardo Montealegre la representación legal de Partido Liberal Independiente (PLI), lo que implicó sacar del proceso de elecciones presidenciales de ese año a la principal fuerza política opositora, reunida en la Coalición Nacional por la Democracia.

Ortega se postuló en esos comicios como candidato y su esposa Rosario Murillo, quien era la jefa de gabinete de facto, lo hizo también como vicepresidenta, un episodio que sus críticos señalaron como la instauración en el poder de una dinastía.

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“Represión judicial”

El exdiputado opositor José Pallais llamó a la exclusión del antiguo PLI “represión judicial” de Ortega y considera que, en el actual contexto, el gobierno se “prepara para un linchamiento judicial, con objetivos políticos, en el ánimo de pretender descabezar la protesta social”.

Pallais destacó que Ortega no se da cuenta que esas protestas no tienen una dirigencia, sino que “son una expresión popular de repudio al régimen”.

El jurista sostiene que la Policía Nacional, la Fiscalía y los jueces se van a prestar a juzgar bajo las instrucciones de Ortega. Pallais dijo que hay que esperar más acusaciones contra otros opositores, a propósito de las amenazas judiciales contra Félix Maradiaga.

Para el abogado, se viene una etapa de “represión judicial selectiva, con el ánimo de cortar las cabezas de los que ellos suponen son los que lideran la explosión de reclamo social”.

Lea también: Hernán Estrada, el procurador que legaliza las tropelías de Daniel Ortega

Una galería de casos judiciales

Casos que provocaron indignación nacional, u otros que resultaron increíbles para la ciudadanía, se suman a la galería de fallos judiciales del régimen.

La noche del ocho de noviembre de 2011, cuando Ortega se reeligió valiéndose de la sentencia judicial, doña Irinea Mejía sufrió por la muerte de su esposo y sus dos hijos. Se trataba de una familia opositora que fue masacrada  por un grupo sandinista integrado por el secretario político del FSLN en el municipio,  el delegado del tribunal electoral y el jefe de la Policía.

La sentencia en el caso del Carrizo causó indignación, dado que se impuso una  sentencia de tres años de prisión.

Lea: La sentencia por la masacre del Carrizo

En julio de 2015, nueve policías fueron acusados por la masacre de Las Jagüitas, un caso que impactó en la ciudadanía porque las autoridades policiales argumentaron que habían cometido un error para dispararle una humilde familia que venía de la Iglesia hacia su casa en Managua. Los oficiales fueron condenados a penas de dos a 11 años de cárcel, en uno de los más cuestionados fallos judiciales que se recuerde, dado que fueron asesinadas tres personas.

En marzo de 2014, otro protagonista del sistema de justicia, la Policía, cambió el resultado de cocaína de una prueba química realizada en campo. El nuevo resultado indicaba que era talco lo incautado a Milton González, hermano del cuatro veces campeón del mundo, el boxeador Román González.

El funcionario del gobierno y exguerrillero Edén Pastora recibió del Estado 20 manzanas de un terreno costero ubicado en el municipio de Tola, Rivas, despojado a un sociedad inversionista. El propio Pastora reconoció que el gobierno de Ortega se las dio a través del procurador general de la república, Hernán Estrada, un hombre de confianza de la familia presidencial, caracterizado por legalizar las tropelías del régimen.

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