Reconstruir la nación

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Columna Semanal: Economía y Desarrollo

12/06/2018
INSS

Economista Adolfo Acevedo. LA PRENSA/ARCHIVO

Se ha colocado bastante énfasis en las pérdidas económicas que está conllevando la presente crisis. Los amigos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) han estimado que, de no resolverse la crisis en el corto plazo, y prolongarse un mes más, la economía podría caer en un 2 por ciento y el desempleo podría aumentar considerablemente.

Al respecto me permito recordar que, en 2009, debido al impacto de la recesión económica global de ese año, la economía cayó en 3.3 por ciento, con la inversión privada derrumbándose en casi 40 por ciento. Pero al año siguiente, ambas variables se recuperaron.

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Si solamente se tratase de la caída de la economía, eso mismo es lo que deberíamos esperar, es decir, que el crecimiento económico y la inversión se recuperasen, una vez resuelta la crisis.

Sin embargo, debe quedar claro que, a estas alturas, no tiene sentido esperar el retorno de la antigua normalidad.

En primer lugar, el patrón de crecimiento que prevaleció hasta 2016, ya mostraba signos de un franco agotamiento.

La cooperación venezolana, si incluímos en su medición el hecho de que prácticamente no se debieron desembolsar divisas para pagar la factura petrolera con ese país, la cual llego a representar anualmente poco más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ha desaparecido.

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El boom de las commodities también se agoto en lo fundamental y las exportaciones de zonas francas muestran una tendencia de crecimiento declinante. La inversión residencial y en edificios y centros comerciales difícilmente podrá volver a crecer a las mismas tasas. La inversión privada comenzó a mostrar un comportamiento anémico.

De hecho a marzo de 2018, antes de esta crisis, diversos indicadores claves de actividad económica mostraban una tendencia a la baja.

Pero además, este patrón de crecimiento no aseguraba, ni mucho menos, que la creciente fuerza de trabajo derivada del bono demográfico y de la creciente participación laboral femenina, fuese absorbida por empleos de calidad, adecuadamente remunerados.

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Para que la economía pueda crecer a tasas adecuadas y sea capaz de enfrentar los desafíos del proceso de envejecimiento y pueda ser mas equitativa, tendrá que promoverse un esfuerzo nacional coordinado de diversificación de la economía hacia nuevas actividades dinámicas, de rápido crecimiento, capaces de generar empleos de creciente calidad y remuneración.

En segundo lugar, el desenvolvimiento normal de la actividad económica, y de la propia sociedad requiere, como pre-requisito, del funcionamiento de instituciones publicas que, por un lado, proporcionen servicios públicos indispensables, y por otro garanticen bienes públicos fundamentales como confianza, seguridad, protección, justicia, certidumbre y previsibilidad.

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Pero las instituciones publicas han sido desmanteladas, resultan incapaces de proporcionar muchos de los servicios básicos fundamentales que les corresponden, y se han convertido además en fuente de desconfianza, inseguridad, desprotección, temor, caos, y de una gigantesca incertidumbre.

Refundar las instituciones públicas como instituciones nacionales será una tarea extraordinariamente compleja y difícil, enfrentará una enorme resistencia, y tomará tiempo. Mientras tanto, la actividad económica podría continuar sufriendo.

Este proceso de refundación deberá asegurar que finalmente nuestra sociedad transite de la discrecionalidad y el uso arbitrario y personalizado del poder, a una interacción social cada vez más regulada por leyes, normas y políticas que se implementen de la manera más imparcial e impersonal posible, es decir, con ausencia de discriminación y castigo para unos, y privilegios y “premios” para otros.

Asegurar protección y seguridad a la ciudadanía, sin contar inicialmente con las instituciones adecuadas para hacerlo, representará también un desafío enorme.

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Por otra parte, el país emergerá con una realidad totalmente nueva, tras la irrupción de extensos sectores sociales, antes marginados y excluidos, en la vida nacional.

Esto implica que ya no se puede retornar al viejo modelo de gobernanza, en que el sistema político y el Estado han estado completamente cerrados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y para los distintos sectores de nuestra sociedad, y solo abrían espacios para las transacciones entre los grupos de poder.

Esto significa que las decisiones fundamentales que afectan el futuro del país deberán adoptarse a través de procesos democráticos y deliberativos, con toda la información sobre la mesa, en los que puedan participar los más amplios sectores.

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Por lo demás, dado el papel que han desempeñado las comunidades y ciudades que comenzaron a autogobernarse, tendrá que respetarse finalmente la autonomía del poder local y otorgársele las capacidades, competencias, poder, atribuciones y recursos que le corresponden.

El autor es economista

adolfojose@live.com

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