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Grupos paramilitares con ayuda de la Policía Nacional siembran el terror en varios puntos de Managua. LAPRENSA/Carlos Valle

“Justicia” de Ortega: Más reos, persecuciones y ejecuciones políticas en Nicaragua

Han pasado 48 días desde que el Ministerio Público interpuso la primera acusación en contra de cuatro jóvenes que participaron en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega

Han pasado 48 días desde que el Ministerio Público interpuso la primera acusación en contra de cuatro jóvenes que participaron en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril 2018, en el sector de la P del H, familiares aseguran que no hay pruebas y a la fecha siguen presos esperando juicio. La justicia no llega.

A la fecha la persecución contra las personas que han participado de alguna forma en barricadas, tranques, marchas, plantones y acopio de alimentos y medicina, para los manifestantes ha incrementado en los barrios capitalinos y comunidades.

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Además, los paramilitares han sumando nuevos delitos como el secuestro, el asesinato y la violación de domicilio, puesto que las “capturas” las realizan encapuchados de civil que llegan con lujo de violencia y armados en camioneta doble cabina sin placas afirma el abogado penalista Nelson Cortez.

“Esos son secuestros porque no es autoridad legal quien los practica y son persecuciones y ejecuciones políticas las que andan haciendo”, agregó Cortez.

En mayo, la Fiscalía presentó en juzgados de Managua tres acusaciones más por asesinatos, amenazas, exposición de personas al peligro, hechos ocurridos durante las protestas.

Los cuatro casos presentados entre abril y mayo tienen elementos en común, por ejemplo, los 16 acusados, 13 de ellos presos, son personas que de alguna manera han colaborado en plantones, barricadas, marchas, en contra del régimen de Ortega. Entre ellos también hay promotores voluntarios de derechos humanos.

“Considero que estamos ante presos políticos porque son personas que están encarceladas por sus convicciones, ejercer sus derechos ciudadanos y constitucionales. Esto implica que su cuasicondena, puesto que sabemos como fallarán los jueces obedeciendo al orteguismo, se opone a la de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión”, explicó el exfiscal Róger Alvarado.

Cortez coincidió con Álvarado y dijo que estos acusados “son presos políticos porque sus ideas, su derecho a manifestarse son interpretadas como una forma de violencia, solo porque se oponen y los ven como un desafío o una amenaza para el sistema político establecido por la familia Ortega Murillo.

Justicia medio de persecución

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue utilizando el Sistema Penal de Nicaragua para castigar a quienes se le oponen, agregaron los juristas Nelson Cortez y Róger Alvarado. Esta vez le está tocando a la población que de alguna manera ha participado en las protestas cívicas en demanda de democratización, desde el 18 de abril a la fecha, en diferentes departamentos del país.

Una muestra clara de “esta falta de independencia de las instituciones estatales como la Policía, Fiscalía y Poder Judicial”, es que están trabajando en conjunto para reprimir a la población.

“La Policía los reprime junto a paramilitares, la Fiscalía apaña los crímenes de estos y responsabiliza a los mismos manifestantes, no realice ampliación de pruebas solicitadas y el poder judicial admite acusaciones sin fundamentos jurídicos, con pobres elementos probatorios y realizando audiencias a puertas cerradas”, dijo Alvarado.

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Siguen reprogramaciones de audiencias en Juzgados

Los Juzgados de Managua tienen aproximadamente un mes y medio de estar funcionando a un 30 por ciento de su capacidad, afirman trabajadores. A la fecha se han suspendido al menos unos 60 juicios por juzgados, recordando que cada juzgado de juicio programa entre dos y tres audiencias por día, según la agenda y la especialización, aunque el impacto podría ser mayor.

Las gestiones en los juzgados fueron bajando una semana después que iniciaron las protestas cívicas de la población el 18 de abril 2018, contra el gobierno de Daniel Ortega, porque autoridades del Sistema Penitenciario no trasladan a los reos hacia los juzgados para celebrar las audiencias programadas.

Ahora, se sumó la ausencia de varios jueces que no pueden trasladarse a Managua por los tranques ubicados en diferentes partes del país, por lo que la administración los ha mandado a limpiar vacaciones.

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Los juicios que ya habían iniciado, los jueces ordenaron la suspensión del plazo, por fuerza mayor, para que no venzan los términos legales y no tener que ordenar la libertad de los reos.

Los abogados se quejan porque quienes están saliendo perjudicados son los reos, puesto que ese tiempo no será abonado a la posible pena a imponer. “La policía anda cuidando paramilitares en las calles en vez de trasladar a reos y apoyar al sistema penitenciario para ello”, dijo un abogado penalista.

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