El cese inmediato de la violencia y la represión en Nicaragua demandaron este jueves expertos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que consideran necesaria la visita de los relatores Especiales al país, así como el acceso a una misión de monitoreo al país centroamericano, la que realizaría la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los expertos se declararon “consternados”.
“Estamos profundamente preocupados por la violencia sostenida desde el 18 de abril de 2018. Hay que encontrar un camino inmediato y coherente a través de un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis”, dice el comunicado colgado en la página web del organismo.
Las protestas en Nicaragua iniciaron en abril pasado, han sido reprimidas por el Estado, dejando un saldo de al menos 150 personas asesinadas y 1,337 heridos. Los principales protagonistas de la represión son las fuerzas policiales y paramilitares al servicio del régimen orteguista.
Los expertos de la ONU le piden al gobierno de Ortega que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita por Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo pasado. Entre esas demandas está el cese de la represión a la ciudadanía.
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“Alentamos al Gobierno a cooperar plenamente con el mecanismo de seguimiento encargado de verificar la implementación de las recomendaciones, así como con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigará los recientes actos de violencia en el país.
Profundamente consternados
Los especialistas de la ONU sostienen que “si bien reconocemos que se han dado pasos en la dirección correcta, estamos profundamente consternados al ver que la represión y el uso de fuerza excesiva e indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía anti-motines y las grupos armados pro-gubernamentales, no se ha frenado. Como resultado, un gran número de personas han fallecido y otras están heridas, se han producido presuntas detenciones arbitrarias, cierres y ataques cibernéticos a varios medios de comunicación y ataques a ciertas universidades”, lamentan los expertos en derechos humanos.
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A pesar de que los Relatores Especiales ya han expresado su profunda preocupación por las constantes amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de los defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, estudiantes y manifestantes que apoyan las marchas pacíficas, los expertos continúan consternados por los recurrentes informes que desacreditan a los activistas y los ponen en peligro.
“Condenamos enérgicamente los actos de violencia, represión y acoso y exhortamos enérgicamente al Estado a protegerlos y garantizar para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura”. recomiendan los funcionarios al gobierno de Ortega.
Asimismo, los expertos han manifestado su profunda preocupación por los informes de amenazas, hostigamiento y represalias contra los trabajadores de salud que han intentado ayudar a los heridos durante las manifestaciones. En este sentido, también han mostrado su inquietud frente a los supuestos obstáculos que los manifestantes heridos han enfrentado para acceder a los servicios de salud.
“Hacemos un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que respete sus obligaciones de derechos humanos y lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables”, han afirmado los expertos.
“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Managua para que permita la visita de los Relatores Especiales al país y autorice el acceso a una misión de monitoreo realizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, han exhortado.
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