A pesar de que la Policía Nacional ha desatado una brutal represión apoyada por parapoliciales y turbas en todo el país, que ha dejado más de 150 muertos y más de mil heridos, los tranques y las barricadas permanecen en las carreteras y calles de las ciudades, después de 59 días de protestas en las que se demanda la salida del gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.
Asimismo, al anochecer de este jueves, la iglesia Santa Ana, de Nindirí, fue atacada por antimotines y paramilitares, llevándose a 19 personas heridas que estaban en el templo, según el párroco Jesús Silva.
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Masaya es el mejor ejemplo de la incapacidad policial ante la rebelión cívica de miles de nicaragüenses contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tras un enfrentamiento con pobladores, durante el fin de semana del 2 de junio en los que murieron diez manifestantes, los oficiales se han visto obligados a permanecer dentro de la delegación policial, entre ellos, uno de los subdirectores de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Avellán.
La Policía no se deja ver desde hace 14 días. Ante cualquier intento de fuga, el pueblo se hace sentir en reclamo por las muertes que les ha causado la represión policial, que ya suman 18 desde el inicio de las protestas en abril.
Este viernes, Masaya cumple 15 días que cerró sus entradas con otros municipios, colocó barricadas por toda la ciudad; un muro de contención que ha sido impenetrable para la Policía Nacional.
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Para la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra, se debe a que la institución perdió capacidad operativa. “El caso de Masaya es revelador porque muestra como dejaron prácticamente abandonados a los efectivos policiales que están allí, no pueden salir y no los pueden sacar”, analizó.
Las violentas sangrientas ofensivas de la Policía y paramilitares contra la resistencia ciudadana también han fracasado en León, Matagalpa, Jinotega, Granada, Jinotepe, Diriamba y Nagarote.
Acuartelados
En Granada, los oficiales levantaron desde el pasado 5 de mayo barricadas alrededor de la estación para protegerse. “Hoy vemos a una Policía desacreditada, repudiada por el pueblo, acuartelada y sin autoridad moral. El pueblo se tomó las calles, sin miedo y ha ganado terreno en esta lucha azul y blanco”, dijo una fuente del Movimiento 19 de Abril.
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Una situación similar se vive en Estelí, donde los policías se mantienen acuartelados desde el pasado 20 de abril, cuando fallecieron dos jóvenes universitarios y otros diez resultaron heridos durante los ataques de antimotines y paramilitares orteguistas contra ciudadanos autoconvocados.
Arrinconados
En Nagarote, León, los jóvenes autoconvocados y la población arrinconaron ayer y mantienen rodeada la estación policial, donde se calcula que hay unos veinte oficiales.
Asesores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el sacerdote Juan López, párroco de la Iglesia Santiago Apóstol, han mediado para que los oficiales salgan de la ciudad. Sin embargo, la negociación fracasó porque el subcomisionado Benito García, jefe policial, se negó a que los agentes dejaran sus armas y abandonaran el pueblo.
Similar situación vive Diriamba, después de la quema de la estación policial en la ciudad no hay donde interponer una denuncia, por lo que los organismos de derechos humanos desempeñan esa función.
En Jinotepe, también municipio de Carazo, no hay autoridad. La gente se ha tomado las calles y ha levantado barricadas para evitar que antimotines y grupos paramilitares los ataquen.
No se meten
La población de Rivas ha protestado desde el pasado 19 de abril, único día en que la policía rivense agredió con gases lacrimógenos a los ciudadanos autoconvocados. Luego de esa fecha, el cuerpo de seguridad ha tomado distancia de las manifestaciones y los tranques levantados por los jóvenes.
Boaco y Camoapa son otras de las ciudades donde la Policía no ha reprimido a la población que se manifiesta.
Uno de los tranques de Camoapa fue levantado a unos trescientos metros de la estación policial. El comisionado Carlos Toledo, jefe de la Policía de Camoapa, aseguró ante medios locales que no se reprimirían las protestas civiles.
Con la colaboración de Lucía Vargas, Cinthya Tórrez, Lucía Navas, Roberto Mora, Melvin Rodríguez, Ramón Villarreal y Mynor García.