La sesión plenaria de la Mesa del Diálogo Nacional que tuvo lugar este viernes, demostró que dicha instancia que podría y debería ser aprovechada para encontrar una pronta salida cívica, pacífica y constitucional de la profunda crisis de gobernabilidad que sufre el país, no encuentra el camino apropiado para lograr efectividad y satisfacer las expectativas de los ciudadanos.
Es que, como lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos ahora: para que el diálogo y la negociación política puedan tener éxito, las partes dialogantes y negociadoras deben tener voluntad política para llegar a acuerdos y respetarlos. Lo cual es también la clave de que los resultados del diálogo y la negociación sean no solo satisfactorios para las partes, sino también beneficiosos para la nación.
Sin embargo, el Gobierno volvió a demostrar en la sesión plenaria del Diálogo de este viernes que le falta voluntad e interés de llegar a un acuerdo honroso y satisfactorio, que al parecer solo pretende ganar tiempo en espera de que la correlación de fuerzas cambie a su favor. Daniel Ortega quiere conseguir en la Mesa de Diálogo lo que no ha podido lograr en la calle enfrentando con la represión brutal la insurrección cívica de los ciudadanos autoconvocados, cuya mayor fortaleza la representan precisamente los tranques. A lo cual hay que agregar el paro nacional, que en su primera edición de 24 horas, el jueves de esta semana, mostró que puede ser un poderoso medio de lucha contra la dictadura.
Ortega no ha podido ganarle el pulso a la calle, no ha conseguido desmantelar los tranques por medio de la fuerza bruta ni ha logrado someter a la ciudadanía con el terror policial y de las bandas de matones armados, que matan, roban, saquean, secuestran, torturan y cometen impunemente toda clase de tropelías, con la protección de las fuerzas policiales.
Por otro lado, el régimen orteguista no puede imponerle a la Alianza Cívica que pida a los autoconvocados quitar los tranques, que, repetimos, representan la principal fortaleza de la resistencia democrática y no pueden ser retirados, mucho menos si continúa la represión despiadada contra la población.
Antes de exigir que los tranques puedan ser desmontados, Ortega debería cesar la represión, desarmar y desmovilizar a las bandas paramilitares. Cualquier acuerdo con el régimen en este sentido, tendría que comenzar por el cumplimiento del compromiso gubernamental de acatar las recomendaciones de la CIDH para poner fin a la represión y desarmar y disolver las bandas paramilitares.
Ortega ha demostrado en su trayectoria política que no respeta su palabra ni los acuerdos que firma con sus oponentes. En este mismo Diálogo Nacional ya se comprometió a implementar las recomendaciones de la CIDH, pero lo que ha hecho es incrementar la represión en sus modalidades más despiadadas.
Ortega tiene que darse cuenta de que ya no puede dictar las reglas del juego político. Que tiene que renunciar o buscar una salida decorosa del poder, lo cual es la oportunidad que le ofrece todavía la Mesa de Diálogo Nacional.