Daniel Ortega da largas a elecciones anticipadas en Nicaragua

Daniel Ortega da largas a elecciones anticipadas en Nicaragua

Tras ocho horas de negociación, el Gobierno aceptó que CIDH, ONU y UE vengan para acompañar la investigación de crímenes

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Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el primer día de diálogo nacional. LA PRENSA/C. Valle

El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no aceptó de entrada la propuesta de ruta de la democratización de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en la que se le planteó el adelanto de las elecciones generales al 29 de marzo de 2019.

Sin dar un no rotundo, en la carta en la que les respondió a los obispos Ortega más bien propuso la creación de una comisión tripartita -tres representantes del Ejecutivo y tres de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- para analizar las propuestas que surjan del Diálogo Nacional.

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Nicaragua vive ya dos meses de protestas ciudadanas que exigen la renuncia de Ortega y de su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo y el adelanto de las elecciones. También se llega a dos meses de la brutal represión de las fuerzas de la Policía Nacional y de paramilitares contra los manifestantes que ha dejado 162 muertos y miles de heridos, según organismos de derechos humanos.

Ruta propuesta por CEN

El Diálogo Nacional estuvo suspendido desde el 31 de mayo pasado debido a la masacre del Día de la Madre por parte de las fuerzas orteguistas. Y aunque la represión no ha cesado, este viernes se restableció el diálogo que duró once horas, de las cuales nueve fueron a puerta cerrada.

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A las 9:00 de la noche, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez leyó la ruta de la democratización que el pasado 7 de junio la Conferencia Episcopal presentó a Ortega como “un acuerdo constitucional”.

Los obispos de la Iglesia católica dejaron claro en el documento entregado a Ortega que el restablecimiento de la democracia implica “el acuerdo político de adelantar las elecciones a todos los niveles” al domingo 29 de marzo de 2019, es decir elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes.

Como “elementos fundamentales” los obispos plantearon que debe existir el “respeto irrestricto” a la Constitución, a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos; la separación e independencia de poderes públicos; la despartidarización del poder judicial y el electoral.

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Además de una nueva “regularización” legal de los partidos políticos donde se incluya la suscripción popular, así como elecciones libres y justas con observación nacional e internacional, y transparencia de mecanismos concretos de lucha contra la corrupción y la impunidad.

El plan de los obispos

El plan diseñado por la CEN establecía una serie de acciones a ejecutarse inmediatamente después de la reunión con Ortega. Para el 15 de junio, es decir este viernes, se planteaba que se diera “la renuncia y sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral”.

En esa misma fecha se debía reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para establecer que las reformas constitucionales entraran en vigencia en 2018.

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El 22 de junio fue la fecha propuesta para que se aprobaran en primera legislatura por parte de la Asamblea las reforma a la Constitución donde se acortaría el período del presidente, magistrados, diputados y el resto de autoridades y establecer las elecciones el 29 de marzo del 2019.

Esa reforma incluiría “la no reelección” y establecer nuevos períodos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del resto de funcionarios de instituciones que son electas por la Asamblea Nacional como es el caso de la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Contraloría.

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El 25 de junio de 2018, la Asamblea debería aprobar en segunda legislatura la reforma a la Constitución para que entrara en vigencia los cambios, según lo propuesto por la CEN.

Ortega sigue ganando tiempo

El cardenal Leopoldo Brenes leyó la respuesta enviada por Ortega el 12 de junio pasado en donde solo les dice estar “dispuesto a escuchar todas las propuestas dentro de un marco constitucional a fin de que se puedan consensuar”, pero insistió en que acabe la protesta ciudadana.

El diálogo empezó a las 10 de la mañana en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, pero la sesión plenaria fracasó porque la delegación del gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada se aferraba en demandar que se levantaran los tranques que ciudadanos autoconvocados y campesinos mantienen en todo el país.

Lo que sí acordaron

Finalmente hubo un acuerdo en el que el gobierno aceptó invitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a insistirle a este último organismo que anuncie los miembros del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para que investigue la masacre de los últimos 60 días contra los ciudadanos que piden el fin del régimen.

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La presencia de estos organismos en el país fue la propuesta original de los obispos, a la cual se agregó la presencia de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

También se creará Comisión de Verificación y Seguridad” compuesta por ejecutivo y la Alianza, y como acompañantes la CIDH, la ONU y la OEA.

Este sábado continuará la mesa de diálogo para discutir el tema de la democratización del país con los puntos presentados por la Conferencia Episcopal.

Comisión de verificación

Como parte de los acuerdos alcanzado la noche de este viernes se crea una Comisión de Verificación y Seguridad que entre su funciones tendrá la elaboración de un plan “para la implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques” y además, “constatar que exista un ambiente de paz y seguridad para todos los nicaragüenses”. La comisión será conformada por los miembros de la Alianza, el Gobierno, “teniendo siempre a la iglesia como testigo y a los organismos internacionales (Alto Comisionado de Naciones Unidas, la CIDH, la Unión Europea y la OEA), como acompañantes”.

Tranques se quedan

Para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, los acuerdos logrados son pasos positivos para el proceso de esclarecimiento de los crímenes en Nicaragua y la búsqueda de la democratización y la justicia.

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Juan Sebastián Chamorro de la Alianza, dijo que para presionar a Daniel Ortega en los temas de democratización como el adelanto de elecciones y la independencia de poderes, el sector privado siempre contemplara realizar los paros nacionales.

El representante universitario Lesther Alemán aseguró que, aunque se logró que el gobierno aceptara la entrada al país de organismos de derechos humanos, la lucha continuará en las calles y aseguró que “los tranques no se destrancan. El tema de la democratización para Nicaragua es prioridad. Por tanto, los tranques no se destrancan hasta que veamos signos de democratización y seguridad para los nicaragüenses. Seguiremos en las calles pidiendo la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo: esas demandas siguen firmes”, expresó el representante universitario.

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El canciller Denis Moncada Colindres, calificó de positiva la creación de la Comisión de Verificación y Seguridad, porque según el funcionario tiene “como objetivo desactivar los tranques y constatar los elementos se seguridad y paz que ocurran de aquí en adelante”.

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