Darwin Ramón Potosme José, de 33 años, se convirtió en la víctima número 13 de la represión del gobierno de Daniel Ortega. Desde inicios de junio, los ciudadanos de este departamento levantaron barricadas en todas sus calles para protegerse de la brutal represión policial.
Solo el primer fin de semana del presente mes, los asesinados fueron diez. Potosme murió de un balazo en el ojo izquierdo durante un enfrentamiento entre policías y pobladores, en la zona del parque central, ubicado a unos 200 metros de la estación policial.
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El cuartel se encuentra sitiado por las trincheras de la población autoconvocada desde el 2 de junio. Así lograban evitar que los oficiales tuvieran refuerzos y que salieran de la estación.
Dentro de la delegación policial aún permanece el jefe de Investigaciones y subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Avellán, quien lucía desaliñado y cansado la última vez que brindó declaraciones a medios independientes.
Disparo de francotirador
Los testigos de la muerte de Potosme dijeron que fue ultimado por el disparo de un francotirador. La víctima salió de su casa en Monimbó, después de las 5:00 de la mañana de este domingo, para apoyar a los otros jóvenes que resistían el ataque policial que inició una hora antes.
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Pese a que sus familiares le dijeron que mejor no fuera al lugar del enfrentamiento, la víctima dijo: “No, no me puedo quedar, mi gente anda ahí, tengo que ir, no puedo dejarlos solos”, relató una de sus tres hijas, Adilia Marín. Ella agregó que el monimboseño se involucró en la protesta pacífica desde el principio, ya que estaba en desacuerdo con la brutal represión que ejerce el Gobierno contra los universitarios.
“¿Cuántos muertos más?”
“Tengo entendido que un francotirador le dio, le vació el ojo, le desbarataron la cabeza, y los malditos no dejaban que recogieran el cuerpo; los jóvenes tuvieron que tirar bombas de libra para poder recoger su cuerpo, porque ellos —los policías— no dejaban.
Entonces, ¿cuántos muertos más quiere este Gobierno?”, preguntó Marín.
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En el enfrentamiento, que duró más de una hora en la madrugada, los policías disparaban ráfagas. “Tiraban a matar”, sostuvo uno de los heridos. Al escuchar el ataque, la iglesia San Miguel sonó las campanas en señal de alerta para la protección de los masayas.
Además de la pérdida de Potosme José, otras dos personas fueron heridas: una a nivel del escroto y la otra en la zona de la axila, ambas recibieron atención médica. Una tercera persona fue impactada por un mortero en su mano izquierda.
Amenazas contra Román
El párroco de la iglesia San Miguel, Edwin Román, en Masaya, denunció que las amenazas hacia su persona han aumentado, tomando en consideración que jóvenes que fueron liberados este sábado relataron que los oficiales de la Policía Nacional de Masaya, bajo intimidación, los obligaron a grabar un video en el que culpaban al sacerdote de pagarles, además de mencionar que el sacerdote guardaba armas y pólvora en la casa cural.
“Me siento amenazado”
El sacerdote refirió que “me siento amenazado por el Gobierno, ya que me están incriminando actos que como sacerdote jamás podría realizar”, sostuvo.
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Aclaró que en la parroquia realizan una labor humanitaria, donde además de atender a los heridos sin ningún tipo de distinción política, social o de otra índole, también funge como albergue.
“Es una incriminación que me están haciendo, me siento perseguido por este Gobierno por esas amenazas (…). Cualquier cosa que ocurra a mi persona, pues, yo acuso a este Gobierno”, denunció el párroco.
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El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, explicó que la iglesia San Miguel ha sido objeto de una campaña de desprestigio, por medio de mensajes en redes sociales, en la que se señala al padre de cometer actos incorrectos. En realidad, él ha arriesgado su vida en la defensa de los ciudadanos.
Están contra Iglesia
El promotor de derechos humanos, Álvaro Leiva Sánchez, de la ANPDH, también indicó que una situación similar a la de la iglesia de San Miguel se ha vivido en la parroquia de Masatepe y Nindirí. En esta última zona, la “cacería” por parte de grupos paramilitares y regulares hacia los pobladores que apoyaban las protestas no ha cedido; el saldo ha sido de cinco personas detenidas, según informa el promotor de derechos humanos.