La petición a la Casa Blanca en donde desde el pasado 30 de mayo se exigen sanciones para Daniel Ortega, por medio de la Ley Magnitsky, sobrepasó este lunes las 100 mil firmas que pide el Gobierno de Estados Unidos para brindar una respuesta oficial.
La Casa Blanca, además, pide recolectar las firmas en un plazo de 30 días para revisarla y presentarla ante los expertos en las políticas correspondientes y, así emitir su respuesta. Pero la solicitud de sanción contra Ortega sobrepasó en tan solo 19 días la meta.
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La petición, realizada en la plataforma We the People, permite a las personas “tomar acción como nunca antes”. “Es una forma para que cualquiera, en cualquier lugar, hable directamente con el gobierno y se convierta en un agente de cambio”, indican en el sitio web.
“Nosotros, las personas, exigimos ver al dictador socialista de Nicaragua, Daniel Ortega, sancionado en virtud de la Ley Magnitsky por violaciones de los derechos humanos. Estos incluyen censura, represión, tortura y el asesinato de más de 76 ciudadanos desde el 19 de abril”, señala la petición. En realidad la cifra de muertos ya sobrepasa los 200 en 60 días de protestas.
Roberto Rivas, el funcionario ya sancionado por la Ley Magnitsky
En el marco de la Ley Global Magnitsky, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en diciembre del año pasado al expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y corruptos en el mundo.
La sanción impuesta autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
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Nicaragua está sumida en la crisis política más violenta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente. Las protestas contra el mandatario, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado.
La revuelta popular de abril provocó que los estudiantes se atrincheraron en las universidades, montaran barricadas en las principales vías del país y tomaran ciudades enteras, como Masaya, un bastión clave en la revolución sandinista, que paradójicamente lideró Ortega y que terminó con la dictadura de la familia Somoza en 1979.
El Gobierno, sin embargo, respondió con más represión policial y, según las organizaciones de derechos humanos, ha ordenado a grupos paramilitares que siembren el terror en las calles, sobretodo durante la noche y la madrugada. Una situación que a muchos les recuerda lo ocurrido durante el 2017 en Venezuela.
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