Monseñor Rolando Álvarez, coordinador del grupo de obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) que ejerce la función de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional, aseguró en su homilía del domingo pasado en la Catedral de Matagalpa, de cuya diócesis es el obispo, que ha habido avances en el Diálogo, aunque sean pequeños, refiriéndose al parecer a la creación de las tres comisiones de trabajo en la sesión del sábado 16 de junio.
Sin embargo este lunes la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suspendió las reuniones de dichas comisiones de trabajo, por el incumplimiento del Gobierno de los compromisos contraídos en el Diálogo Nacional.
El objetivo de la Comisión de Verificación y Seguridad es lograr que cese la represión gubernamental y la violencia contra la población, a fin de que haya un ambiente de paz y seguridad para todos los nicaragüenses. Al alcanzarse este objetivo, la Comisión pediría a los ciudadanos autoconvocados que quiten los tranques que han montado en todo el país precisamente para defenderse de la represión.
Ahora bien, ese objetivo primordial solo se podría alcanzar si la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional cuenta con la garantía de un acompañamiento externo de calidad. Así se acordó y fue aceptado por el Gobierno, pero no ha invitado a los organismos internacionales de derechos humanos.
Monseñor Rolando Álvarez tiene razón, al decir que a pesar de todos los obstáculos en el Diálogo se han podido lograr avances pequeños pero significativos.
Así se puede valorar la creación de la Mesa Electoral para la implementación de la propuesta de la Conferencia Episcopal a Daniel Ortega, de adelantar las elecciones nacionales para marzo del próximo año, sustituir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional a fin de reformar parcialmente la Constitución en este mismo año, y reformar también la Ley Electoral para garantizar que las elecciones sean justas y transparentes.
También ha sido un avance la creación de la Mesa Judicial del Diálogo Nacional, con el fin de implementar la otra propuesta de los obispos a Ortega, que se refiere a lograr la independencia del poder judicial.
En este caso no se trata de que los miembros de la Mesa Judicial se van a enfrascar en grandes discusiones sobre derecho constitucional e interpretación de la Constitución, sino que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia renuncien a sus cargos y sean sustituidos con prestigiosos profesionales del derecho, honestos, competentes e independientes; así como reducir su número y determinar nuevos períodos para sus funciones.
Daniel Ortega se siente entrampado con estas mesas de trabajo y quiere eludir la discusión y adopción de acuerdos específicos sobre los problemas electorales y de justicia, que son fundamentales para la democratización. Por eso incumple los acuerdos y trata de sabotear el Diálogo Nacional.