El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paolo Abrao, dijo que la muerte de seis miembros de una familia que fueron quemados vivos en el interior de su residencia, en el barrio Carlos Marx, en Managua, el pasado sábado, constituye una barbarie.
Cuatro adultos y dos infantes murieron incinerados a manos de la Policía Nacional y grupos parapoliciales que dispararon y lanzaron una bomba al interior del inmueble, provocando el incendio, de acuerdo con la versión de dos de los sobrevivientes de esa familia.
“Este caso constituye una barbarie. Esperamos obviamente que el Estado pueda de manera muy enérgica investigar a los responsables y sancionarlos”, dijo Abrao.
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El director de Freedom House para América Latina, Carlos Ponce, dijo que la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega constituye crímenes de lesa humanidad por “ser continuos y horrendos”. A su juicio, se trata de ensañamiento y una persecución sistémica contra la población.
“No puedes incinerar a una familia y quedar impune, porque esa impunidad genera distorsiones que imposibilitaría un futuro democrático para Nicaragua”, aseveró. Ponce valoró que ese tipo de crímenes son perseguibles, pero en el caso de Nicaragua no pueden ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, creado en Italia, el 17 de julio de 1998.
“Pero ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sí se puede llevar todos estos casos que van a ser evaluados, obviamente aquí hay violaciones dramáticas de derechos humanos”, apuntó el director de Freedom House.
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“Los relatores especiales de Naciones Unidas han empezado a decir que lo que está pasando en Nicaragua es tortura, son violaciones sistemáticas de derechos humanos, hay persecuciones a defensores de derechos humanos, ya no es solamente la CIDH la que se ha pronunciado”, aseveró Ponce.
Gobierno agrega más delitos a su larga lista de violaciones
Por su parte, en Nicaragua penalistas advirtieron que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de “cometer delitos de lesa humanidad como la tortura, desaparición forzada de personas y genocidio, sumó terrorismo”, al permitir que paramilitares y policías quemaran viva a dicha familia, entre esta dos niños.
Además, coinciden en que esos delitos son de orden internacional y no prescriben, aclaran abogados, que señalan que los responsables de dicha masacre pueden ser acusados en cualquier tiempo y procesados en cualquier país del mundo.
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“Desde el punto técnico legal estamos en presencia de un concurso real de delitos, porque no es solo un hecho delictivo, sino varios. Hay genocidio, terrorismo, asesinato y delitos contra los derechos y garantías constitucionales”, dijo el abogado penalista Nelson Cortez.
En tanto, el exfiscal Boanerge Fornos explicó que el Gobierno está cometiendo delitos contra el orden internacional como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada, los que no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier país del mundo, aunque el país no esté adherido a la Corte Penal Internacional, según principio de universalidad del Código Penal de Nicaragua.
“Estos hechos están palpables y hay suficientes pruebas testimoniales, documentales y material que evidencian los casos. Lo único que se requiere es documentar cada caso para sustentar la acusación”, dijo Fornos.
Autores intelectuales
Cortez, por su lado, señala que en esta masacre hay responsables directos, que son quienes ejecutaron la acción y los autores intelectuales que dieron la orden. De igual manera hay responsabilidad penal para autoridades de instituciones que no prestaron el auxilio debido a estas personas.
El macabro hecho se cometió a vista y paciencia de policías, afirmó Cinthia Velásquez, una de las sobrevivientes del siniestro e hija del pastor que falleció junto con otros cinco miembros de la familia el pasado 16 de junio.
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Velásquez asegura que los agentes policiales permitieron que paramilitares dispararan a quienes trataban de escapar de las llamas. “Salí entre las llamas al balcón más cercano y me dispararon”, relató la joven a LA PRENSA.
El abogado Cortez explicó que “comete genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente a un determinado grupo de personas, por razón de su ideología o creencias, les causa la muerte de uno o más miembros del grupo, dice el artículo 484 del Código Penal de Nicaragua y eso fue lo que pasó con la familia”. Ese delito es penado de 20 a 25 años de prisión.
No hay voluntad política para investigar
Cortez coincide con el abogado penalista Franklin Woo, en que la Policía y el Ministerio Público no tienen voluntad política para investigar los hechos, porque en dos meses de protestas, desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, han ocurrido más de 180 asesinatos; sin embargo, la Fiscalía solo ha presentado cuatro casos. Estos están en trámites en los Juzgados de Managua y han sido criticados por la falta de sustento jurídico.
“Los asesinatos ocurridos durante la jornada de protestas son perseguibles de oficio, hay múltiples pruebas que la ciudadanía se ha encargado de aportar; sin embargo, la Fiscalía no ha jugado su rol y no está interesada en acusar a las personas señaladas de cometer delitos y la Policía tampoco porque está comprometida”, dijo Fornos.
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Según Woo, en delitos de orden público la Fiscalía no necesita autorización, debe hacer investigaciones directas y acusar. “Lamentablemente la Fiscalía no está dando respuesta a las familias de las víctimas, se nota una falta de voluntad mientras tanto las ejecuciones selectivas siguen en barrios capitalinos y en departamentos. La población denuncia que andan con listas, lo cual es peligroso, porque todos tenemos derechos a protestar”, dijo el abogado.
Gobierno comete terrorismo
Según el artículo 394 del Código Penal de Nicaragua, comete terrorismo quien, actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendios o cualquier otro acto de destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país.
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“En resumen, esto es lo que los escuadrones de la muerte realizan en las calles de Managua, para sembrar terror, al amparo de la Policía, porque así lo han documentado los pobladores en fotos y videos”, dijo Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que gestiona las medidas precautelares para sobrevivientes de la masacre en el barrio Carlos Marx.