Si el incendio en la casa de la familia Velásquez López en el barrio Carlos Marx hubiera ocurrido por la noche, en un sitio desolado y alejado, si no hubiera sobrevivientes ni muchos testigos del populoso barrio dispuestos a declarar sin miedo para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, quizás tuviera algún asidero la versión de los voceros del Gobierno: que fueron “vándalos encapuchados” los que le pegaron fuego a la vivienda y cometieron el crimen de lesa humanidad.
Incluso, quizás hasta se le podría dar alguna credibilidad a las declaraciones del diputado Edwin Castro, quien para explicar los hechos a su manera, afirmó en el Diálogo Nacional que se trataba de una familia de reconocida militancia sandinista. Pero ese no es el caso: la barbarie ocurrió a plena luz del día, en un barrio populoso donde muchos testigos del vecindario pudieron observar lo que ocurría y donde tres de los nueve miembros de la familia lograron salvar sus vidas y hoy pueden contar la historia.
Ellos, en efecto, han señalado a la Policía —que actuando como ya acostumbran sin vergüenza, en su nuevo modus operandi junto con fuerzas parapoliciales encapuchadas— como la que le pegó fuego a la vivienda y, para remate, en un acto despiadado, amenazaron con sus armas a los vecinos para que no socorrieran a la familia que se quemaba viva adentro.
Es más, la evidencia que corrobora la versión de dos de los sobrevivientes, Cinthia Velásquez López y su primo Javier Pavón, es un video de una cámara de seguridad colocada en un edificio amarillo contiguo al siniestrado, grabado grabado entre las 6:05 am y las 6:07 am de la trágica mañana del sábado 16 de junio y muestra al menos a dos policías uniformados, acompañando a parapoliciales armados, quienes avanzan con cautela hacia el edificio siniestrado.
La grabación de la cámara de seguridad, donde se puede apreciar la fecha, hora y segundos, corrobora la versión de Cinthia Velásquez que el ataque comenzó a las 5:40 a.m., debido a que su familia les negó la entrada al edificio de tres pisos, que prestaba condiciones idóneas para apostar francotiradores desde una posición de ventaja, como lo hicieron el día 30 de mayo en el Estadio Dennis Martínez y el 20 de abril, durante los primeros días de la protesta, cuando al inicio de esta carnicería asesinaron al menor Álvaro Conrado de un balazo en el cuello.
Los organismos de Derechos Humanos CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Unión Europea van a tener mucho trabajo en Nicaragua, si es que el Gobierno cumple lo acordado en el Diálogo Nacional y los invita, pero uno de los casos más dramáticos, donde seguramente aflorará la verdad por las características antes mencionadas, es el de los seis miembros de la familia calcinada viva en el barrio Carlos Marx. Sobrará la evidencia para acusar y condenar a los culpables en toda la cadena de mando.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.