Desde el pasado 18 de abril cuando miembros de la sociedad civil promovieron un plantón en el sector del Camino de Oriente, Carretera a Masaya y se extendió a las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), el Gobierno del dictador Daniel Ortega utilizó a los grupos de paramilitares para atacar y amedrentar a los manifestantes.
Desde esa noche y en el transcurso de los dos meses aumentaron su criminalidad y por tanto el terror entre la población. A estos se les atribuye muchos de los asesinatos contra manifestantes ocurridos durante este período.
El uso de paramilitares en las ciudades es calificada por el investigador en temas de seguridad, Roberto Orozco, como un sistema de terrorismo de estado, pues es el Gobierno el que “está implementando medios ilícitos para imprimir terror en la gente. Y estima que “su objetivo es necesariamente el dominio social”.
Estas agrupaciones se mueven en camionetas sin placas que según el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, son “los becat modernos” y por donde pasan dejan estelas de terror, pues bien pueden rafaguear por puro placer a una persona, aterrorizar a los asistentes de las velas de las víctimas o secuestrar a cualquier persona y no necesita que estén en una protesta.
Participan en las llamadas operaciones limpiezas junto a la Policía como ha ocurrido en los barrios de Managua y municipios del país, siempre van encapuchados portan armas de guerra y hasta se atribuyen acciones de seguridad como fuerzas de facto pese que están totalmente fuera de la ley.
Y han llegado a asesinar o golpear cuando la población se resiste a que les requisen cuando transitan por el sector donde están ellos, como ocurrió el lunes pasado en el sector de San Marcos, Carazo, donde asesinaron a José Antonio Solís, de un balazo por oponerse a ser requisado por esos grupos, cuando se movilizaba en una bicicleta o intimidar, agredir y robar sus equipos a periodistas de medios independientes en el sector de Ticuantepe, la mañana de este martes.
El abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, lo califica como un fenómeno que hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha identificado como fuerzas parapoliciales, y “es un mecanismo de represión e intimidación complejo que escaló y su tendencia es a que siga escalando”.
“Durante una década vimos a las llamadas turbas agredir a manifestantes con el claro propósito de generar intimidación en la población para que se abstuvieran de protestar. En ese momento estábamos en presencia de fuerzas de choque que contaban con la tolerancia de la Policía Nacional”, indicó Pineda, quien destaca que a partir de abril, todo cambió cuando “la Policía Nacional se auxilió de estos grupos ahora más violentos para realizar detenciones y atacar hasta con medios letales a la población que arreció sus protestas”.
Y esto es parte de lo que verificado por la CIDH en su visita entre el 17 y 21 de mayo, dice Pineda, quien consideró que “es ahí el calificativo de fuerzas parapoliciales que hace la CIDH, pero la crisis de hoy en Nicaragua hay que analizarla con un prisma distinto. Estas fuerzas parapoliciales, están transitando a convertirse en fuerzas paramilitares, justamente porque la crisis de Nicaragua está por convertirse en una guerra civil sui generis o atípica”.
Grupos al margen de la ley
Orozco coincide que aunque a estos grupos les han dado en llamar parapolicías en realidad ejercen una labor de paramilitares, dado que portan armas de fuego y de guerra. Y estos son grupos irregulares al margen de la ley que no pueden ejercer la función de requisas a la población y pretender aplicar la ley “ni siquiera de facto”.
“Lo que está haciendo el Gobierno es intentando dominar socialmente la situación a través del uso del terror. Y esa es la explicación del por qué los grupos paramilitares grupos parapoliciales como les querrás llamar son los que tienen la vanguardia en la lucha contra las protestas masivas. Ni siquiera es la Policía”, expresó Orozco.
El investigador también señaló que esta no es la primera vez que el Gobierno usa a los paramilitares, sino que empezó con el ataque a los jóvenes de OcupaINSS, el 22 de junio de 2013, cuando un grupo de chavalos fueron atacados por solidarizarse con personas de la tercera edad que demandaban una pensión reducida y en en ese entonces la población les llamó los grupos de choque.
Lo novedoso, indicó Orozco, radica en que estos grupos ahora portan armas de guerra y decididos a matar.
“Realmente hay una situación de peligrosidad. Tratan de dominar toda la situación a través del terror”, señaló Orozco, quien considera que esto conduce a una mayor inestabilidad y mayor inseguridad en el país, puesto que “para aplicar la política de terror lo que necesitas es matar gente, disparar, crear caos, generar la sensación de que las fuerzas de choque o los grupos parapoliciales tienen el control y como tienen el control lo que quieren es generar esa idea, que tienen el control de las calles, el control de toda esa situación por eso es que están los retenes”.
Aunque no es cierto que posean el control, expresó Orozco, ellos son minoritarios y “se les ve con fuerza por hay una situación asimétrica, es decir la gente del otro lado no está armada, por eso es que disparan a sus anchas, no tiene ningún tipo de respuesta”.
El investigador considera que estos grupos en realidad están debilitados, son minoría y están en una situación desesperada.
“Ya no hay autoridad ni orden en el país”
¿Debe intervenir el Ejercito?
Pineda es del criterio que el Ejército debe intervenir porque lo que atraviesa el país ya “se cruza el umbral de intensidad entre un disturbio interno a guerra civil cuando las fuerzas policiales ya no son capaces de contener los disturbios y se hace necesario usar al Ejército, esto de conformidad al Derecho Internacional Humanitario”.
Pineda trae a colación el comunicado del Ejército de Nicaragua donde se compromete a no participar en la represión a la protesta, por lo que aclara que “en Nicaragua ya no hay protesta, la protesta por su naturaleza es temporal y además no es generalizada en el país, en Nicaragua estamos en la antesala de una guerra civil”.
Sin embargo, Orozco tiene una opinión diferente. Él considera que el Ejército deberá neutralizar a estos grupos hasta que haya pasada esta situación pues “actualmente no lo puede hacer como muchos piensan”, dado que para intervenir necesitan una orden del jefe supremo que en este caso es el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, el mismo que los promovió.
Y advierte Orozco que el Gobierno lo que ha promovido es la inseguridad del país a niveles similares a los de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, al entregarles armas y “es falso que las van a devolver esa parte de la población va a quedar armada”, lo que causará el incremento de delitos como los homicidios, asesinatos, pasadas de cuenta entre gente del crimen organizado, entre jefes de grupos de pandillas, jefes de grupos parapoliciales, extorsiones, secuestros y violaciones.
Esto porque quienes los armaron no los podrán controlar, pues son grupos anárquicos, según Orozco, esto ya ha sido demostrado como pasó con la masacre de la familia Velásquez Pavón, donde hubo un exceso y una saña contra esa familia; que aunque él piensa les habían ordenado amedrentar y hacer daños a la familia, pero los resultados salieron de control.
