Se ha criticado a la Alianza Cívica —que es la oponente del régimen orteguista en el Diálogo Nacional— por haber aceptado que magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), participen como representantes del gobierno de Daniel Ortega en las mesas de trabajo electoral y judicial.
Pero la Alianza no tiene por qué objetar esos nombramientos de Ortega, del mismo modo que no aceptaría que el dictador cuestione a los suyos. Además, la participación de magistrados en las mesas de trabajo del Diálogo, como representantes de Ortega, es un reconocimiento expreso de que en Nicaragua no hay separación ni independencia de los poderes del Estado, que es principio fundamental y norma indispensable de la democracia. Así lo establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, en el cual se señala que la separación e independencia de los poderes públicos es elemento esencial de la democracia representativa.
En realidad, al nombrar a magistrados como sus representantes en la mesa electoral del Diálogo, Ortega ha confirmado la validez del punto único que se debe tratar y resolver en esa comisión, que según la propuesta de la Conferencia Episcopal a Daniel Ortega que este aceptó discutir en el Diálogo, es la “renuncia y sustitución de los magistrados del CSE, cambio de estructuras de dirección y toma de posesión de las nuevas autoridades”.
Lo mismo hay que decir sobre la mesa judicial, en la cual el dictador Ortega acreditó como sus representantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a la presidenta nominal de este poder del Estado. ¿Acaso no es esto un reconocimiento tácito de que el poder judicial de Nicaragua no es independiente y que obedece políticamente al titular del Poder Ejecutivo?
De manera que también en este caso el Gobierno ha confirmado la validez del punto exclusivo que se debe discutir y resolver en la mesa judicial del Diálogo —propuesto también por los obispos y aceptada su discusión por Daniel Ortega—, cual es la “renuncia, reducción, nuevos períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y procedimientos para la elección”.
Además, están equivocados quienes creen que las mesas electoral y judicial del Diálogo Nacional son para enfrascarse en eruditas y largas discusiones sobre derecho electoral y doctrina constitucional. Al contrario, como ya se ha dicho, esas mesas de trabajo son para implementar la indispensable destitución y sustitución de los magistrados orteguistas y sanear los poderes electoral y judicial.
Los abogados suelen citar el principio de derecho de que “a confesión de parte relevo de pruebas”, el cual significa que si alguien confiesa públicamente un delito no se requieren pruebas para juzgarlo y condenarlo. Esto es, precisamente, lo que ha hecho Daniel Ortega con su nombramiento de magistrados para que lo representen políticamente en las mesas de trabajo del Diálogo Nacional.