Estados Unidos pide pleno acceso para organismos que investigarán abusos en Nicaragua

La embajadora de Estados Unidos, Nikky Haley, llama al gobierno a "terminar inmediatamente con su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo por no hacer más que expresarse".

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. LA PRENSA/ARCHIVO

Estados Unidos pidió este jueves al Gobierno de Nicaragua que garantice pleno acceso a los entes internacionales que van a investigar la crisis en el país y le exigió el fin de «su campaña de violencia e intimidación».

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, consideró que la invitación del Ejecutivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la UE a visitar el país es «un paso necesario».

«Pero ahora el presidente (Daniel) Ortega debe asegurar pleno acceso para estos grupos con el fin de que puedan investigar los abusos de los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense a manos de su propio Gobierno», dijo Haley en un comunicado.

La diplomática, que es miembro del gabinete del presidente Donald Trump, llamó a las autoridades de Nicaragua a «terminar inmediatamente con su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo por no hacer más que expresarse».

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«Seguiremos apoyando al pueblo de Nicaragua mientras usan el poder de sus voces para luchar por el futuro de su país y pedir elecciones libres y justas», insistió Haley.

Las declaraciones de Haley  coinciden con la posición con el ejecutivo de Estados Unidos, expresadas por el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, quien visitó el país centroamericano esta semana.

Este viernes está previsto una sesión en la OEA para conocer el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la visita que realizaron entre el 17 y 21 de mayo pasado. Las protestas contra Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. Desde el inicio de las manifestaciones han muerto al menos 200 personas, según organismos de derechos humanos locales.

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