El desprecio a la vida y el no acceso a la salud destacan entre las principales violaciones cometidas por el gobierno de Daniel Ortega durante los últimos dos meses a los nicaragüenses, concluyó el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH identificó durante este período de protestas contra el Gobierno una serie de violaciones a los derechos humanos, pero señala con especial preocupación los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias contra la población mayoritariamente joven.
En un amplio informe de 91 páginas, el cual fue concluido el 18 de junio, la CIDH señala que encontró graves violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas sociales ocurridas en Nicaragua, que dejan 212 muertos.
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También la CIDH manifiesta su preocupación por la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.
Refiere la CIDH en su informe que entre las violaciones al derecho a la vida e integridad personal ocurren por incumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado, “la cual se funda en actos u omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial”.
Son ejecuciones extraoficiales
La Comisión observó en su informe que un gran número de las muertes ocurridas en las protestas en Nicaragua habrían sido perpetradas por agentes del Estado directamente “o por medio de grupos de terceros que actúan con su aquiescencia”.
Y las circunstancias en que acaecieron estos hechos evidencian características propias de ejecuciones extrajudiciales dirigidas a los manifestantes, en particular contra jóvenes. Por tanto la Comisión concluye que el Estado de Nicaragua está incumpliendo deberes de respeto y garantía del derecho a la vida e integridad personal.
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Al mismo tiempo la CIDH condena que la política de represión mediante el despliegue del uso de la fuerza letal se haya extendido aun después de su visita al país, con un alto saldo en pérdida de vidas humanas y de personas heridas.
Ese organismo destaca la existencia de decenas de personas fallecidas y heridas por armas de fuego y objetos contundentes “en el marco de las manifestaciones, la gravedad y continuidad de las agresiones perpetradas por las fuerzas antimotines, la Policía Nacional y grupos de choque; así como la falta acciones efectivas para desmantelar estos grupos de choque y para cesar el empleo desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos”.
Cesar hostilidades
La CIDH hace un llamado al cese de las hostilidades y recuerda la obligación del Estado de investigar y sancionar todos los hechos de violencia, pues enfatiza que “es obligación del Estado asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos de los manifestantes”.
“Cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de este derecho”, resalta el informe.
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Por tanto, destaca la CIDH que “la gravedad de la crisis política que atraviesa el país” y los altos niveles de violencia existentes requieren de obligaciones especiales del Estado para resolver los conflictos y encauzar el diálogo.
Víctimas son jóvenes y adolescentes
Igualmente la CIDH expresa su profunda preocupación por la especial afectación que ha tenido el uso excesivo de la fuerza en los derechos de los niños y adolescentes, en gran medida por la importante participación que ha tenido el movimiento estudiantil en las manifestaciones.
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“La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas”, refiere el informe de la CIDH.
Respaldo de países miembros
Y aunque el Gobierno rechazó el informe de la CIDH durante la sesión, la mayoría de los representantes de los países en la OEA respaldaron el contenido de la investigación de dicho organismo, que es una dependencia autónoma de esa organización.
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De los representantes que tomaron la palabra, únicamente Venezuela y Bolivia se pronunciaron a favor de la posición del canciller orteguista Denis Moncada Colindres.
Se han ensañado con menores
De acuerdo con la información que ha documentado la CIDH hasta el 20 de junio, en Nicaragua habían muerto asesinados 16 niños y adolescentes en el contexto de la represión a las manifestaciones.
La CIDH refiere que de acuerdo con información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, hasta el 17 de mayo, cinco de estas víctimas habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.
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Y entre los casos de menores muertos de forma violenta, la CIDH puso énfasis en el crimen contra el niño Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, ocurrido el 20 de abril en las inmediaciones de Metrocentro.
“La CIDH recibió con consternación el testimonio de los familiares del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila”, señala la CIDH en su informe.
Ese día, refiere, el niño mártir había llegado al sitio para llevar agua a los universitarios que protestaban, pero recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. Y según el testimonio ofrecido por sus familiares “en un primer momento, al llegar al Hospital Cruz Azul (del sistema previsional de Salud), se le habría negado atención médica”.
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Otro caso mencionado por la CIDH es el de Richard Bermúdez Pavón, de 17 años de edad, quien el 19 de abril recibió impactos de bala en el pecho frente a la Alcaldía de Tipitapa.
Versión oficial
Hasta el 6 de junio el Gobierno, en representación del Estado de Nicaragua, apenas reconocía 98 muertes entre las cuales hay también policías, sandinistas y población en general, con lo cual indica que las cifras de la CIDH no han sido debidamente verificadas. Y alega que los hechos que analiza la CIDH “no se dan en el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al Gobierno (entiéndase golpe de Estado).
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Grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional del país, ajenos a la reivindicación social, dieron lugar a partir de ese día (19 de abril) a una asonada, que devino en estragos, incendios, saqueos y motín”. Denis Moncada, canciller de Nicaragua.