Gobierno en feroz persecución a defensores de derechos humanos

Las amenazas y persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas han subido de tono en una “cacería de brujas” efectuada por el Gobierno.

Angel Gahona, protestas, Nicaragua

El asesinato del periodista Ángel Gahona detonó en Bluefields una persecución contra periodistas en ese municipio. Su familia reclama justicia. LA PRENSA/ARCHIVO

Las amenazas y la persecución contra defensores de los derechos humanos y periodistas han subido de tono durante los últimos días en Nicaragua, en una “cacería de brujas” que el Gobierno ha desatado contra los que han participado de forma activa en las manifestaciones cívicas ocurridas en el país o han denunciado crímenes cometidos por la Policía.

Ante el aumento de las amenazas defensores, periodistas o activistas de los grupos autoconvocados han abandonado sus casas para preservar su vida.

Adelayda Sánchez, comunicadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Gabriela Castro, comunicadora social, y la periodista independiente Ileana Lacayo, de Bluefields, ante las amenazas directas de las que son objeto, por seguridad debieron abandonar sus viviendas.

El Cenidh recibió denuncia formal de Sánchez y Castro tras el acoso permanente que son objeto. En el caso de Sánchez de forma directa contra su vivienda en Masatepe, donde han llegado a lanzar morteros, y en el caso de Castro a través de las redes sociales ha sido asediada.

Lacayo, por su parte, ha sido víctima de acoso y persecución luego del crimen contra el periodista Ángel Gahona, quien murió tras recibir impactos de bala mientras transmitía en vivo por Facebook un asalto de paramilitares y policías contra manifestantes en Bluefields.

Con listado en mano

Por su lado, Sánchez denunció que en un organigrama preparado por el orteguismo en su localidad, la hacen aparecer como que ella es la cabeza “de todo lo que está sucediendo en Masatepe”, donde la población también exige la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Sánchez, quien tiene amplia experiencia en la defensa de derechos humanos, dijo que ha recibido amenazada de que le quemarán su casa y la clínica odontológica de su hija mayor.

En un último listado que circuló el orteguismo en Masatepe, advertían que si le llegaba a suceder algo a sus militantes sandinistas, habrían represalias contra Sánchez y varios miembros de su familia. “La situación es tensa por el acoso y el asedio de la gente danielista del municipio”, aseguró Sánchez.

Respecto al caso de Castro, ella manifestó que ha sido hostigada a través de perfiles falsos en las redes sociales, lo que le preocupa porque tienen datos personales de ella. Castro refirió que en su caso todo ha sido por identificarse con las manifestaciones de los autoconvocados, por lo que considera “es una cacería de brujas”.

“La libertad de expresión está coartada literalmente en este país y el derecho como ciudadana a expresarnos es un delito”, indicó Castro.

Lacayo, en tanto, empezó a ser perseguida después que cuestionó las investigaciones sobre el asesinato contra Gahona e hizo señalamientos directos contra la Policía Nacional.

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Por las redes sociales, seguidores de Ortega han llegado a asegurar que el asesinato de Gahona fue el resultado de un supuesto plan de desestabilización, del que se atreven a señalar a Lacayo como una de las instigadoras y a unos seis periodistas más, entre ellos a la misma viuda de Gahona, Migueliut Sandoval, en una extraña conexión en el que también buscan relacionar al director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga.

La misma familia de Gahona ha señalado de forma reiterada a la Policía como la principal sospechosa del crimen contra el periodista.

Los periodistas independientes de Bluefields ayer emitieron un pronunciamiento a través del cual rechazan “tan temeraria afirmación”, al tiempo que condenan que se vincule a Sandoval en el crimen de su esposo, y demandan a autoridades y organismos de protección “que tomen cartas en este asunto”.


Hostigamiento

En su informe final emitido el viernes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación especial de riesgo en que se encuentran defensoras, líderes estudiantiles, religiosos y periodistas, a partir del 18 de abril de 2018, cuando empezó la represión gubernamental como consecuencia de agresiones, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, seguimiento y vigilancia en su contra.


 

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