Ocho senadores estadounidenses emitieron una resolución bipartidista en la que condenan la violencia perpetrada contra la población por el régimen de Daniel Ortega, demanda al gobierno poner fin a la represión, y solicita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponer sanciones por medio de la Ley Global Magnitsky, a las autoridades del gobierno de Nicaragua responsables por los crímenes.
En la resolución compuesta por seis puntos, los ocho legisladores de la Cámara Alta, cuatro republicanos y cuatro demócratas, solicitan al gobierno de Nicaragua poner fin a las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad y paramilitares, y promulgue Reformas Constitucionales y legales encaminadas a proteger a la ciudadanía.
También apoya los esfuerzos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para llevar a cabo “una investigación creíble e independiente por los crímenes contra al menos 178 manifestantes”, dice la resolución bipartidista.
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Al mismo tiempo, insta al Gobierno de Nicaragua a comprometerse a negociar con los representantes de la Iglesia Católica, la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política en Nicaragua, para poner fin a la actual crisis política, un acuerdo que debe incluir el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que “cumplan con estándares democráticos e incluya la observación electoral internacional”.
Abusos de derechos humanos
En otro de los puntos de la resolución, los legisladores instan a la comunidad internacional a denunciar los abusos de los derechos humanos y la violencia contra el pueblo nicaragüense por el régimen de Ortega; y en el último punto, solicita a la Casa Blanca, aprobar sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua, responsables por crímenes y corrupción conforme a la Ley Global Magnitsky Act.
La legislación aprobada por el Senado en diciembre del 2016, está dirigida a los “responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas u otras graves violaciones de los derechos humanos; o responsables
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de complicidad de actos violatorios a los derechos humanos, y responsables de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativa en Nicaragua.
En el texto de la resolución los legisladores describen cronológicamente el origen de las protestas y las acciones represivas del gobierno contra la población ocurridas desde que iniciaron las protestas el 18 de abril pasado.
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También aborda la corrupción en Nicaragua, y hace alusión al Índice de Percepción de Corrupción de 2017, elaborado por Transparencia International, en el que clasifica a Nicaragua como el tercer peor puntaje de corrupción en el hemisferio occidental, después de Venezuela y Haití.
La resolución cuenta con el respaldo de los republicanos Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue, y Mike Lee. Por los demócratas la firman los senadores Bob Menéndez, Bill Nelson, Tim Kaine, Dick Durbin.